El Poder Judicial de Tucumán lleva adelante un número significativo de sumarios administrativos relativos a jueces. El 4 de diciembre, la Corte Suprema dispuso la apertura de una nueva pesquisa interna, en esta ocasión respecto de Carolina Ballesteros, titular del Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº5. Esa decisión implica que hay tres magistrados de esta ciudad con investigaciones abiertas: además de Ballesteros, afrontan sumarios Roberto Guyot, juez de Ejecución Penal, y Rita Romano, quien encabeza el Juzgado de Documentos y Locaciones N°5.
Los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos manifestaron que Ballesteros debía ser investigada a propósito de la denuncia de supuesta violencia institucional y laboral, “entre otras cuestiones”, articulada por la secretaria María Celmira Ibarreche. La Acordada 1.492/19 no detalla las presuntas faltas de desempeño expuestas por Ibarreche sino que remite a unas actuaciones de superintendencia donde constan la presentación de la funcionaria y la respuesta de Ballesteros. Tras analizar estos escritos, los vocales ordenaron el esclarecimiento de los hechos y encargaron la instrucción del sumario a la camarista Juana Juárez.
Dos días más tarde, el alto tribunal se vio obligado a modificar los planes originales. Sucede que Juárez se excusó de intervenir mediante la invocación de una relación de amistad que, según su criterio, afectaba la objetividad que requería la función investigativa que le habían asignado. En virtud de esta excusación, la Corte puso la instrucción del sumario de Ballesteros a cargo de Fabián Fradejas, presidente de la Cámara Penal de esta capital.
Dos encargos previos
La declinación de Juárez colocó a Fradejas como el responsable de tres pesquisas administrativas en curso atinentes al fuero penal. Ese magistrado ya había sido designado en febrero para instruir el sumario de Guyot, que es el más avanzado de todos y que estaría en condiciones de que los vocales de la Corte se expidan sobre las faltas achacadas al juez por el homicidio de Sebastián Medina, el preso que había denunciado el tráfico de estupefacientes en la cárcel de Villa Urquiza.
Fradejas concluyó en septiembre que Guyot había prestado un “servicio deficiente de justicia” en las 48 horas previas al desenlace de Medina (noviembre de 2017). Esta actuación del juez de Ejecución Penal, sin embargo, fue avalada por la comisión de Juicio Político de la Legislatura anterior. A posteriori, la jueza Ballesteros desestimó que Guyot haya cometido un delito en el caso de Medina mediante una resolución pendiente de revisión en la Cámara de Apelaciones por pedido de la fiscala Adriana Giannoni. La situación es delicada: el alto tribunal no sólo tiene que resolver qué hace con el sumario, sino que también existe una auditoría de mediados de año que corrobora la continuidad de las conductas cuestionadas y que hasta detectó que un preso lavaba el auto del juez que debía controlar que no haya abusos en la ejecución de su pena, razón por la cual los vocales aplicaron un apercibimiento a Guyot en noviembre.
En agosto, la Corte dispuso que Fradejas investigue a todo el personal del Juzgado Nº5 de Ballesteros por las denuncias referidas a la parálisis de un volumen relevante de causas que aquella formuló a partir de febrero, cuando tomó posesión de su despacho. Al ordenar el sumario, la Corte precisó que la jueza había sido a su vez cuestionada y desmentida por los funcionarios Carlos López y Demetrio Aristóteles Kuchimpos, quienes terminaron trasladados a otras dependencias judiciales. Según Ballesteros, había más de 200 -quizá 300- procesos frenados y alrededor de 1.500 actuaciones contravencionales sin registrar. La jueza detalló la existencia de al menos 12 denuncias de pornografía infantil carentes de trámite. Además, dio cuenta al alto tribunal sobre el cajoneo de expedientes de altísima sensibilidad, entre ellos, la investigación contra 27 ex legisladores acusados de cobrar coimas en 2002 encontrada en un armario con una sentencia sin notificar de 2010.
Esta resolución dictada por la ex jueza Mirta Lenis de Vera ordenaba la prosecución de la investigación de los funcionarios que había denunciado el hoy legislador Ricardo Bussi.
AUTOR: Irene Benito | LA GACETA
