La Corte Suprema de Justicia de Tucumán envió al Juzgado de Instrucción en lo Penal N°5 de esta ciudad a los auditores Agustín Ladetto y Mariana Tasquer que había solicitado la jueza Carolina Ballesteros, quien está al mando de esa oficina desde el 8 de febrero.
Los funcionarios llegaron al despacho con la misión de constatar las denuncias de supuestas irregularidadesque presentó la magistrada en la Secretaría de Superintendencia del alto tribunal, entre ellas una queinforma sobre el hallazgo de al menos 13 causas de pornografía infantil sin trámite. Este hecho en concreto derivó, además, en la apertura de una causa penal.
La auditoría comenzó el 27 de marzo, un día después de la divulgación periodística de la veintena de comunicaciones que la jueza envió a la Corte. María Amalia Barrionuevo, jefa de los auditores civiles, informó a Ballesteros que Tasquer y Ladetto iban a practicar el control interno ordenado por el presidente del alto tribunal, Daniel Posse. Se trata de los mismos auditores que en 2015 fiscalizaron casos objetados del entonces fiscal Guillermo Herrera, quien tras la constatación de las anomalías renunció para jubilarse y hoy afronta diferentes procesos penales.
“Golpe bajo”
Las denuncias administrativas sucesivas de Ballesteros se refieren a la existencia de causas paralizadas encontradas en bolsas, canastos y armarios. Según la jueza, habría 250 procesos en esas condiciones, y alrededor de 2.500 casos contravencionales pendientes de decisión y de registración.
El Juzgado N°5 quedó acéfalo en mayo de 2016 por la jubilación de Mirta Lenis de Vera. Desde entonces y hasta el nombramiento de Ballesteros, se turnaron en la atención del despacho los jueces Marcelo Mendilaharzu, Víctor Manuel Rougés -también pasó al sector pasivo- y Juan Francisco Pisa, quienes cobraron un monto adicional por actuar como subrogantes.
Ballesteros apuntó contra el secretario Carlos López y el prosecretario Demetrio Kuchimpos, quienes fueron trasladados a otras dependencias del fuero penal: la jueza además solicitó la apertura de sumarios administrativos y advirtió sobre la posible comisión de delitos. La auditoría también analizaría la actuación de Karina Rivero, quien continúa actuando como secretaria del turno vespertino. Según informaron fuentes de la Corte, los resultados de la fiscalización estarían listos en los próximos días.
Tanto López como Kuchimpos cuestionaron a la magistrada y manifestaron que desconocían las casi 20 presentaciones que les atribuyen supuestas irregularidades en el trámite de causas del Juzgado N°5. El prosecretario dijo que había denunciado a Ballesteros ante el alto tribunal, pero se excusó de brindar detalles de la presentación. Kuchimpos presta servicios en la Sala IV de la Cámara Penal de esta capital, que integran los jueces Wendy Kassar y Emilio Páez de la Torre.
El 25 de marzo, López expresó: “me sorprende que la Corte no me haya corrido traslado de las denuncias de superintendencia, con la excepción de la nota donde la jueza pidió mi desplazamiento. Al contestar esa presentación, yo hice mención a que Ballesteros habría cometido una defraudación al cobrar indebidamente como defensora oficial subrogante” (la magistrada ocupó ese cargo en Concepción antes de jurar en el Juzgado N°5). Al día siguiente, el secretario, que en el presente se desempeña en la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de los jueces Eudoro Albo y Enrique Pedicone, aseguró que era víctima de un ataque burdo.
“Son de tal bajeza los argumentos y el modus operandi, que se utilizó la prensa para dar a conocer un contenido que deberá ser sostenido y probado por la supuesta denunciante en todas las instancias”, advirtió.
López agregó que intentaban ensuciar el nombre y el prestigio que había acumulado desde la época en la que formó parte de la extinta Fiscalía Anticorrupción que dirigía el ex fiscal y hoy candidato Esteban Jerez.
El funcionario expresó que su idoneidad estaba probada por las nueve ternas que había integrado y que recibía este “golpe bajo” en momentos en los que el gobernador Juan Manzur debía decidir si lo nombraba fiscal N°9 (compite por ese cargo con el juez Facundo Maggio y el funcionario federal Ignacio López Bustos).
Y agregó: “es tal la falsedad de lo manifestado que se desconoce que un juzgado está sometido a controles diarios, semanales, mensuales y cuatrimestrales con un entrecruzamiento informático de datos. Las auditorías llevadas adelante en forma sistemática en el Juzgado N°5 arrojaron informes de un estado a destacar”.
