La Corte Suprema de Justicia confirmó hoy, por unanimidad, la condena a 13 años de prisión de la dirigente social Milagro Sala, por los delitos de asociación ilícita -en carácter de jefa-, fraude y extorsión.
La Corte rechazó todos los planteos de la defensa de Sala, a quien ya no le quedan más recursos para revertir la pena dictada en su contra, que empezará a ejecutarse. Hasta ahora ella estaba presa, pero con prisión preventiva. Pese al fallo de la Corte, es posible que la dirigente, líder de la organización Tupac Amaru, cumpla la condena en su casa por su estado de salud, aunque el gobierno de Jujuy insiste en que debe ser trasladada a una cárcel común.
El fallo de la Corte lleva las firmas de los cuatro ministros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. La sentencia que confirmaron fue dictada en el expediente que se conoce como Pibes Villeros (el nombre de una de las cooperativas usadas para el fraude), una causa donde se investigaron desvíos de millones de pesos que debían destinarse a la construcción de viviendas. La condena a 13 años de prisión fue dictada en enero del 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Jujuy, que juzgó a Sala junto a otros 29 acusados, entre ellos exfuncionarios provinciales y cooperativistas, incluida Mirta Guerrero, conocida como “Shakira”, excolaboradora de Sala que se convirtió en una de sus denunciantes y que en esta causa fue condenada a seis años de cárcel.
En el caso de Sala, la justicia jujeña consideró probado que ella lideró, entre 2013 y 2015, una asociación destinada a cometer delitos. Lo hizo desde la Tupac Amaru, organización que creció en fondos y militantes durante los gobiernos kirchneristas. El tribunal jujeño que condenó a Sala también la encontró culpable de haber extorsionado a cooperativistas para hacerse de los fondos que recibían del Estado, que terminaban en poder de Sala y sus cómplices; entre ellos, a Cristian Chorolque, Leopoldo Jacinto Basualdo y Julia del Carmen Gutiérrez. De acuerdo con las pruebas de la causa, Chorolque declaró que debía cumplir las órdenes de Sala y firmar lo que le dijera la gente de la Tupac; relató que en 2011 le dieron una golpiza en el dique y lo amenazaron, y que Sala le dijo que le iba ”a ahogar en la pileta” a su hija.
La condena es también por haber defraudado al Estado con fondos provenientes de un acuerdo firmado entre el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación. El acuerdo (ACU 487/2015) tenía por objeto financiar mejoras habitacionales en San Salvador de Jujuy y San Pedro, en el marco del programa nacional “Mejor Vivir II”. El fraude, sostuvo el tribunal jujeño, se cometió con los pagos para la ejecución de 14 convenios firmados entre la IVUJ jujeña y distintas cooperativas de trabajo; también, de un convenio entre una cooperativa y el municipio de Palpalá.
Presidencia
Antes de llegar a la Corte, Sala buscó revertir su condena en la Cámara de Casación y en el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que rechazaron sus recursos. Los abogados de Sala llevaron entonces el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y pidieron la nulidad de la causa. Sostuvieron, entre otros argumentos, que la acusación no fue precisa y que durante el juicio se añadieron hechos de los que no se había podido defender. También alegaron que el tribunal rechazó a testigos importantes para la defensa y que se negó a realizar un peritaje de ingeniería sobre obras en viviendas, pese a que se trataba de un eje central de la acusación. Otro argumento de los abogados de Sala fue que el juicio oral no tuvo la debida publicidad y que se les restringió el debido acceso a la sala de audiencias tanto a ella como a público y periodistas.
Para la Corte, la defensa no logró probar que se hubiera lesionado un derecho de raigambre federal ni que la sentencia fuera manifiestamente arbitraria, requisitos necesarios para que el máximo tribunal nacional pudiera revisar una condena como esta.
No obstante, el máximo tribunal, en 48 páginas, respondió los distintos planteos de Sala. Sostuvo, por ejemplo, que la acusada fue expulsada de la sala de audiencias por sus reiteradas inconductas y que eso no le impidió seguir el juicio desde una sala contigua ni que sus defensores intervinieran en el proceso. También afirmó que el juicio de ningún modo fue secreto, que las restricciones en cuanto a su publicidad estuvieron fundadas en normas locales y que los abogados de Sala no acreditaron cómo esas restricciones afectaron el derecho de defensa. En este punto, los jueces recordaron que restricciones “análogas” fueron dispuestas por la Cámara Federal en el Juicio a las Juntas. “Allí se dispusieron algunas medidas sustancialmente análogas a las aquí cuestionadas, sin que ello permita poner seriamente en discusión el carácter indudablemente público de esas audiencias”, afirmó la Corte.
Marcelo Manera – LA NACION
Sala cuenta con el apoyo del gobierno nacional, que considera injusta su condena. Alberto Fernández viajó a Jujuy en junio de este año para visitarla y dijo que ella era víctima de una “clara persecución” y que estaba injustamente detenida. “Le pido a la Corte Suprema que empiecen a enmendar las barrabasadas que se hicieron”, dijo entonces el Presidente. El fallo de hoy contra Sala sin dudas será motivo para una nueva crítica del Gobierno a la Corte, con quien mantiene una relación muy tensa.
El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, había dictaminado en este caso en contra de Sala. No solo se opuso a la revisión de su condena sino también a su pedido para quedar en libertad.
Sala ya tenía una sentencia firme, confirmada por la Corte, en una causa menor, por amenazas, con una pena en suspenso. Las condiciones de detención de la líder de la Tupac Amaru son monitoreadas por una oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el apoyo del Gobierno y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
