Tucumán ostenta un vergonzoso récord de políticos acusados de violadores y abusadores sexuales. Las causas judiciales más notables involucran en este terreno al ex gobernador José Alperovich y a los legisladores Ricardo Bussi y Roberto Palina. Otras graves acusaciones, además, recayeron contra el intendente de Las Talitas, Carlos Najar, y el intendente de Famaillá, José Orellana.
En ese marco, Alperovich, que ya no tiene fueros que lo protejan, fue citado a indagatoria para el próximo 20 de abril por la denuncia de abuso sexual de su propia sobrina. En base a los elementos y pruebas recolectadas, los fiscales ampliaron la acusación contra el imputado y requirieron que se lo llame a indagatoria por otros seis hechos que tuvieron lugar durante 2018 en la provincia de Tucumán.
Justamente, cabe mencionar que los fiscales que investigaron el caso hablaron con la prensa y manifestaron que “se identifican distintos tipos de violencia como la sexual, psicológica y simbólica, ejecutadas bajo la modalidad de violencia laboral y profundizada por el lazo familiar que atravesaba esa relación”. Pero en el caso de la denuncia contra Roberto Palina, la realidad es muy distinta en materia de información.
Y es que el legislador oficialista Roberto Palina fue denunciado hace mas de un mes, de abusar de una menor que estaba a su cargo. La denuncia fue radicada por la madre de la joven, quien detalló cómo se habrían producido los ataques, que serían tres en total. Según la mujer, todo comenzó a develarse cuando la chica, quien convivía con Palina de lunes a viernes por razones de estudio, le pidió que la cambiara de colegio.
La menor solicitó volver a estudiar en el interior de la provincia, a lo que su madre se negó, desatando una crisis de nervios en su hija. Alarmada, la mujer le habría solicitado que le confiara lo ocurrido, a lo que la adolescente le respondió que Palina la habría abusado en tres ocasiones en 2021. Los ataques habrían tenido lugar en el departamento que el legislador y titular de Fotia habita, en compañía de su pareja, cuya ausencia coincidía con los abusos, detalló la denunciante.
Pero el problema es que la causa avanzó a medias, ya que la fiscal Mariana Rivadeneira dictó una prohibición de acercamiento contra Palina, pero cuando pidió que se le permitiera iniciar la investigación habría recibido una negativa del Colegio de Jueces, argumentando que no había pruebas suficientes. Tras la ratificación de la denuncia, la investigadora avanzó con una Cámara Gesell, para obtener el testimonio de la menor.
En ese sentido, cabe destacar que Tucumán Despierta fue el único medio en informar acerca de que el estudio de Cámara Gesell habría arrojado resultados donde quedarían comprobado el abuso sexual que en su momento denunció la madre de la menor. De esta manera, la situación del dirigente peronista se complica todavía más. Sin embargo, desde entonces, no volvió a trascender más información sobre este caso.
Y es que, además, cabe mencionar que se estableció que, en caso de que en el desarrollo de la pesquisa surjan indicios para imputar a un legislador, se deberá realizar un pedido ante el juez competente. Y es que el mismo tiene por fin solicitarle al magistrado nada más ni nada menos que el desafuero o destitución a la Legislatura. Es por ello que es necesario contar con la información fidedigna que sólo la fiscal que lleva la causa puede brindar.
Ese es el caso de Mariana Rivadeneira. Pero la fiscal que lleva adelante la investigación en contra de Palina se niega a hablar con la prensa para dar testimonio sobre el estado en el que se encuentra esta causa, luego de la grave denuncia realizada en contra del legislador oficialista. La actitud de la fiscal deja mucho que desear considerando que se trata de una denuncia realizada en contra de un funcionario público.
Sobre todo, teniendo en cuenta que se encuentra en la legislatura y amparado por sus fueros y contaría con la protección de todo el Poder Legislativo. Pero la fiscal Mariana Rivadeneira, por medio de su silencio, ignorando las llamadas y mensajes de la prensa, recurre a una forma directa de negarse a hablar sobre este caso con los medios de comunicación.
En ese marco, cabe recordar que hace tres semanas, la familia de la docente asesinada en octubre de 2020, Paola Tacacho, presentó pedidos de juicio político contra cinco funcionarios judiciales que archivaron las causas contra Parada Parejas. Entre ellas, figura nada menos que Mariana Rivadeneira, una de las más cuestionadas por su pésima intervención en las varias causas que se tramitaron en la Justicia tucumana.
“Queremos que reconozcan que actuaron mal, que son los responsables de que hoy Paola no esté con nosotros. Deben pagar las consecuencias de los incumplimientos de sus deberes”, dijo a la prensa Nilda Zerpa, prima hermana de la docente acerca de la más que cuestionada labor de Mariana Rivadeneira y compañía, sobre quienes pesa el pedido de destitución en la propia Legislatura de Tucumán.
Lo que no entiende Mariana Rivadeneira es que el nuevo Código Procesal Penal deja en claro que los funcionarios deben ser investigados por un fiscal regional, aunque cuenten con fueros, que es el cargo que ella ocupa. Además del hecho de que se trata de un caso que revista una gravedad inusitada a causa de que está involucrado un legislador provincial quien también es un encumbrado sindicalista.
Pero muy suelta de cuerpo, Mariana Rivadeneira hoy por hoy se niega a brindar información sobre la situación en la que se encuentra la investigación que ella lleva adelante con el único fin de que la comunidad pueda acceder a la información sobre esta causa. Justamente, un caso en contra de un hombre de poder sobre el que pesa la gravísima acusación de abuso sexual sobre una menor de edad.
De esta manera, todo parece indicar que se trata de una maniobra de desinformación por parte de Mariana Rivadeneira. Un accionar que se inscribe dentro de un modus operandi que pareciera consolidar el vicio de que la Justicia siempre esté del lado del poder y en contra del más débil. En definitiva, todo parece indicar que la fiscal no toma nota de que con su resistencia a hablar con los medios de comunicación, no hace más que ser funcional a la injusticia.
