Los abogados de José Luis Fumero, principal sospechoso del crimen de Gabriela Picciuto, han solicitado la comparecencia de Walter Marchese y del letrado Isaías Marín en calidad de acusados, en relación con los trabajos llevados a cabo en la vivienda de Chacabuco 59 desde el 2 de mayo.
La casa es el lugar donde la mujer, propietaria de la misma, fue hallada muerta. Su cadáver se descubrió escondido en una cisterna tras aproximadamente dos meses, y el ex esposo de la fallecida, Fumero, es el acusado principal en la investigación encabezada por el fiscal de Homicidios II, Carlos Sale.
La principal teoría sugiere que Fumero necesitaba el dinero de la venta de la casa, motivo por el cual presionaba a la víctima para que vendiera la propiedad. Sin embargo, esta no es la única hipótesis en estudio.
Hasta ahora, Marchese solo aparece en el expediente como quien afirmó haber comprado una parte de la propiedad tras pagar a Fumero una señal de $3 millones más una motocicleta Rouser (valorada en $600,000).
Según el acuerdo, el comprador pagaría un total de $35 millones una vez que Fumero proporcionara todos los documentos de la propiedad.
No obstante, un informe importante indica que la escritura de la casa estaba a nombre de Picciuto. También se mencionan a Marín y a su hermana, la procuradora Luciana Marín, quienes supuestamente intentaron mediar para finalizar la venta y desalojaron a los inquilinos tras el pago de la señal por parte de Marchese.
En su declaración, el letrado Ricardo Vernal, abogado de Fumero, solicitó la acusación de Marchese y de Isaías Marín, argumentando que ambos tomaron posesión de la propiedad el 2 de mayo y comenzaron las reformas en la vivienda.
El cadáver se descubrió 10 días más tarde por un obrero contratado por Marchese. Vernal señala la importancia de que las reformas ya habían comenzado, tal como demuestran las fotos que muestran la cisterna donde se encontró el cadáver de la víctima, recién pintada y reformada.
El abogado Vernal sostiene que no hay ningún documento que avale la entrada de estas personas a la propiedad de Picciuto y argumenta que: “desde el 2 de mayo borraron todo rastro que sirva para el esclarecimiento del hecho”.
Según Vernal, Marchese y Marín “celebraban contratos como nuevos propietarios de la vivienda, y afirmaban a testigos e inquilinos que Picciuto estaba en una clínica de reposo… Por estos y otros detalles, tienen un motivo económico”.
Dos inquilinos que proporcionaron esta información, Alfredo Socci y Natalia Liberman, están acusados en el caso y actualmente detenidos, al igual que Sofía Di Gianni, una joven que supuestamente vivió con ellos por un tiempo.
Fumero también está en prisión. Esta semana también se detuvo a Facundo Salomón, el último compañero de Picciuto, quien estaba prófugo y se escondió en un camping de Córdoba.
Una vez que sea trasladado a la provincia, también sería imputado por el crimen. Un dato que manejan los investigadores es que en los últimos meses Salomón se ofrecía en las redes sociales para realizar limpieza de tanques de agua.
