Un trabajador del Sistema Provincial de Salud, uno de los pocos que se atrevieron a hablar luego que se ventilara la investigación federal por presunto tráfico de drogas en la Dirección de Mantenimiento Técnico-Departamento Operativos Móviles, describió a esa dependencia como “la Siberia del Siprosa, donde terminan todos los empleados conflictivos”.
Ubicado en un enorme predio en la esquina de Italia y Manuel Alberti, la dependencia oficial es de muy difícil acceso. Está tapiada en todo el perímetro y en su única entrada hay celosos guardias de la agencia Cóndor, que pertenecería a Jorge “Feto” Soria, ex miembro del tristemente célebre Comando Atila.
Los vecinos del barrio Juan XXIII recuerdan que durante años vieron empleados que entraron pobres y en pocos años lograron una prosperidad que no se condice con los salarios que se pagan en el Estado.
Los ubican porque muchos son del barrio y la mayoría tiene antecedentes penales con los que su acceso a cargos en la administración pública debería estar vedado.
Varios testimonios de habitantes de la zona que se escudaron en el anonimato apuntan al Legislador y titular de ATSA René Ramírez y al concejal capitalino y ex director de la repartición José Luis Coronel como los responsables de hacer ingresar a esa gente a trabajar allí.
Aseguran que lo hacían a cambio de que los apoyaran con sus campañas, primero en las disputas internas del gremio de ATSA y luego en la arena política.
En esa situación se encuentran Miguel “Liro” Andrade, Walter “Hombre Lobo” Cardozo y Rubén “Leke” Suárez, los presuntos cabecillas de la organización investigada por la justicia. Los tres tienen antecedentes penales que no les impidieron presentar un certificado de buena conducta para acceder a los cargos que ocupan.
En el barrio recuerdan a un tal Oscar “Tonga” Heredia, quien sería el que arrancó con esa modalidad de ingreso de personas de la zona con antecedentes penales, que luego fue imitada e incluso perfeccionada por quienes ejercieron su poder dentro de la repartición.
Todos estos manejos quedaron al descubierto con la denuncia anónima que puso en guardia a la Justicia Federal. Según se supo, el viernes hubo muchas reuniones de funcionarios en el predio, que eran permanentemente interrumpidas desde el exterior mediante llamadas por celular.
Al parecer, trataban de determinar quién fue el delator. Para ello constataban la documentación presentada con los archivos de la dependencia de Salud, para corroborar su procedencia.
