Los propietarios del inmueble frente a la plaza Urquiza cuya expropiación fue aprobada por ley para instalar el Ministerio de la Defensa le solicitan al gobernador, Juan Manzur, que aplique el veto a la norma.
“Esto no es razonable. Espero que el gobernador encuentre una solución salomónica para no afectar el pulmón verde de la zona norte de la ciudad y dar a la Justicia la sede que requiere en una zona con la infraestructura necesaria”, dijo a LA GACETA María Elena Pons, en representación de la firma Maelpo Sociedad Anónima.
Hace tres semanas, por un pedido del ministro de la Defensa, Washington Navarro Dávila, al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, un grupo de legisladores encabezados por el peronista Ramón Santiago Cano presentó un proyecto de ley para expropiar el inmueble de calle 25 de Mayo 883/887. La iniciativa fue aprobada gracias al voto del oficialismo y de sus aliados (se opusieron los miembros de Cambiemos y la alperovichista Silvia Rojkés). La norma aprobada todavía no fue promulgada por el Poder Ejecutivo: es decir que no se la publicó en el Boletín Oficial ni se le asignó un número de ley. Manzur debe definir si hace uso de la facultad de vetar la normativa.
La propiedad centro de la polémica cuenta con 15 metros de frente por 42 de largo. En el proyecto de la Legislatura, se remarcó que “se encuentra en una zona estratégica de la Capital, permitiendo brindar un correcto y eficiente servicio de justicia, considerando su cercanía a los Tribunales Penales y Civiles, y las Defensorías Oficiales”. El inmueble fue alquilado y estaba trabajando una firma para acondicionar el local para instalar un local de la franquicia “El Palacio de la Milanesa”.
Pedido de veto
“Me opongo con firmeza a la expropiación puesto que es evidente que el Ministerio (de la Defensa) no tuvo nunca intención de comprar la propiedad y pagarla a valor de mercado. Es una propiedad tasada en millones de dólares y una expropiación al valor fiscal forzosamente dará lugar a un juicio millonario que terminará pagando el Estado provincial, administración Manzur o de quien la ocupe en el futuro. Además de la indemnización a los locatarios, que ya llevan invertidos en la inauguración una cifra superior a los $ 100.000 dólares, que se suma al valor de la franquicia. Aparte del aspecto dinerario, nadie ha puesto a consideración siquiera los aspectos urbanísticos del sector”, expresa en un escrito Pons.
Pons agregó que la instalación del Ministerio de la Defensa en la zona afectará un pulmón verde de la ciudad, y que el sector no cuenta con la infraestructura necesaria para albergar una oficina administrativa de esas características. “La sociedad propietaria confía en que el gobernador Manzur aplique su poder de veto sobre esta ley que no tiene ninguna razonabilidad desde el punto de vista urbanístico y dinerario. Esperamos una solución salomónica al falso dilema planteado: justicia o recreación”, completa la nota.
Rechazo formal
La semana pasada, un grupo de vecinos de la plaza Urquiza rechazó formalmente la expropiación para que se instale allí una oficia judicial. “Constituye un despropósito realizar la inversión de una suma de dinero del erario que podría ser ahorrada o disminuida considerablemente expropiando en otra zona”, expresaron los vecinos Patricio Manson, Pedro García y Luis Zerda, entre una quincena de firmantes.
“El impacto ambiental sobre un pulmón de la ciudad, como es la zona que rodea la plaza Urquiza, que es residencial y de esparcimiento, merece ser preservada, lo cual no se cumplirá al disponer que funcione una dependencia de uno de los poderes del Estado”, redactaron. Aseguraron que, de hecho, ello “implica un flujo de concurrencia de personas y de vehículos en una zona neurálgica de la ciudad”.
El Colegio de Abogados de Tucumán, que preside Marcelo Billone, también se mostró en contra de la mudanza del Ministerio Pupilar y de la Defensa a un inmueble situado frente a la plaza Urquiza, que será expropiado por ley.
En línea con la acción implementada por vecinos de barrio Norte, la entidad que nuclea a los letrados le envió ayer una nota al gobernador Manzur, para requerir que aplique el veto a lo dispuesto por la Legislatura.
“Entendemos que tal norma adolece de diversos defectos y es pasible de cuestionamientos, en tanto no se ha efectuado en forma previa a su dictado un debate que permita determinar la conveniencia económica y urbanística del inmueble elegido”, planteó el Colegio de Abogados en el escrito, que fue firmado por Billone y por el secretario de la entidad, Guillermo Arévalo.
Las claves de la polémica
1. El ministro de la Defensa, Navarro Dávila, solicitó a la Cámara la expropiación de un inmueble para tener una sede propia
2. Los legisladores oficialistas presentaron un proyecto para que la Provincia expropie el inmueble de 25 de Mayo 883/887
3. La iniciativa fue aprobada con el voto del oficialismo y de sus aliados. El Poder Ejecutivo debe definir si veta o no la normativa
4. La firma dueña del inmueble solicita que se vete la norma sancionada, porque contempla el valor fiscal y no de mercado
