Peninsular Sudamericana, una empresa vinculada a Daniel González, socio del exsenador Edgardo Kueider detenido en Paraguay con US$200.000 sin declarar, ganó varios contratos con las Fuerzas Armadas Argentinas.
TN había revelado que esta empresa creada en 2019, con el objetivo de prestar servicios vinculados a la actividad agropecuaria, comunicaciones, gastronomía, inmobiliaria, salud y transporte, entre otros, había ganado una licitación por poco más de $700 mil con la Armada a cambio de la provisión de guantes medicinales, barbijos y camisolines de cirugía, pero los contratos con los Estados son muchos más.
Esta empresa no solo obtuvo contratos con la fuerza naval sino también con el Ejército y la Fuerza Aérea Argentina. Con el primero ganó una licitación por más de $7 millones y con la aviación otra por $4 millones.
La empresa del socio de Edgardo Kueider también ganó millonarios contratos con la Fuerza Aérea y el Ejército
Daniel González es un personaje central en esta historia. Es el dueño de la camioneta en la que Kueider fue detenido en Paraguay y la Justicia cree que podría ser un testaferro del exsenador, ya que ambos comparten en partes iguales la empresa Betail, con la que se compraron los tres departamentos de lujo en Paraná que el exlegislador nunca declaró.
Peninsular Sudamericana SAS ganó el renglón 2 de una licitación que el Ejército publicó para comprar productos textiles médicos para el Hospital Militar Regional Mendoza. A cambio de entregar 160 camisolines de cirugía, la compañía cobró unos $7.956.000, es decir, unos $49.725 cada uno. La adjudicación se produjo en septiembre de 2024 y el contrato tiene una duración de tres meses.
González es director y administrador suplente de Peninsular Sudamericana SAS, que fue fundada por la abogada Adriana Cecilia Crucitta, allanada semana atrás por la Justicia de Entre Ríos, que le secuestró su celular.
Cuando por orden del fiscal José Arias la Justicia allanó el domicilio de esta empresa en Combate los Pozos al 160, en la Ciudad de Buenos Aires, se encontró con Crucitta. En el informe sobre ese procedimiento se detalla que González “resultaría ser socio” de esta mujer en Peninsular Sudamericana SAS. Para los investigadores, ambos podrían ser testaferros de Kueider en esta firma, que se presentó en varios procesos licitatorios con el Estado.
El fiscal de Entre Ríos, José Arias, ya pidió informes bancarios y financieros sobre esta compañía, que en agosto de este año abrochó una contratación del Estado. Lo hizo al ganar un contrato para la compra de insumos médicos para la Base Aeronaval Punta Indio, en Bahía Blanca. El convenio fue adjudicado por la Armada Argentina. Fue un contrato por $707.680.
Pero la lista de contratos que obtuvo la firma vinculada al socio de Kueider no termina allí. La Fuerza Aérea Argentina también contrató a Peninsular Sudamericana SAS para la provisión de insumos descartables para la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Córdoba. En ese expediente, la firma de Crucitta y González se quedó con una orden de compra abierta por un total de $10.070.600, de los que ya le pagaron a la firma en cuestión un total de $4.884.660.
A cambio de ese dinero Peninsular Sudamericana SAS proveyó de servilletas de papel; films de polietileno; cucharas y bolsas de polietileno.
También se pudo saber que esta compañía se quedó con un pequeño tramo de otra licitación de la Dirección Nacional de Vialidad. Allí ganó unos $22.944. Actualmente Peninsular intenta quedarse con un contrato de más de $10 millones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Este organismo lanzó una licitación para comprar insumos sanitarios y la compañía de la que González es directivo se presentó. En este proceso ofertó por guantes medicinales, pulverizadores, alcohol de uso medicinal, entre otros elementos. Todo por un total de $10.070.000.
El proceso de compra aún está abierto y ni siquiera se produjo el dictamen de evaluación, es decir, la selección de las mejores ofertas para que luego se defina el ganador.
Si bien los investigadores entienden que Peninsular Sudamericana puede no revestir la misma condición que Betail, es decir, ser una firma fantasma, entienden que se debe investigar estos contratos para determinar de qué manera se celebraron. Kueider permanece en Paraguay detenido junto a su secretaria Iara Gilsen Costa, luego de haber intentado ingresar más de US$200.000 sin declarar. Está acusado de contrabando.
La semana pasada la Justicia secuestró el celular de Daniel González, luego de que este se pusiera a derecho e informara su domicilio real. González se presentó ante las autoridades después de que la Justicia lo buscara por diferentes domicilios de Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires, sin poder dar con su paradero. Además de ser socio de Kueider en la empresa Betail, este hombre es dueño de la camioneta en la que fue detenido el exsenador con su secretaria Iara Guilsen Costa, que dijo ser la “dueña” del dinero en dólares.
La Justicia tiene en la mira a González, que es empleado de la Biblioteca del Congreso y un posible testaferro del exsenador. Ambos comparten la titularidad de la empresa Betail, que el fiscal Arias ya confirmó que compró los departamentos 13 “A”, 6 “D” y 6 “E” del complejo “Live”, en Paraná, Entre Ríos. La Justicia logró acceder a los boletos de compra venta de las unidades y confirmó que fueron adquiridos por esta compañía.
Según se pudo saber, los documentos de compraventa se confeccionaron en agosto de 2021 por los siguientes montos: en el boleto correspondiente al 13 “A” se colocó un valor de $10.000.000 que al tipo de cambio de ese momento equivalían a unos US$60.000 (el valor actual de esa unidad oscila los US$320 mil), mientras que para las unidades 6 “D” y “E” se estableció un valor de $6.000.000 y $4.000.000, respectivamente. Estas últimas son unidades que tienen un valor actual de US$150 mil.
En el celular de González podría haber información clave sobre estas unidades y respecto de los fondos que se usaron para poder adquirirlas. En su última declaración jurada de 2021, Kueider dijo tener US$8500 en efectivo, por lo que no está claro de dónde se obtuvo el dinero para adquirirlas.
La jueza Sandra Arroyo Salgado, que también investiga a Kueider en el caso Securitas, cree que esos departamentos se compraron con parte de las coimas que Kueider podría haber recibido de esa empresa de seguridad cuando era directivo de Enersa, la empresa de electricidad de Entre Ríos.
