En una audiencia que duró apenas 25 minutos, la Justicia de Tucumán ordenó este lunes el arresto domiciliario por dos meses para Marcela Díaz, pareja del condenado Miguel “Miguelón” Figueroa, por su participación en las amenazas dirigidas al gobernador Osvaldo Jaldo y a cuatro funcionarios judiciales de la provincia.
La mujer quedó formalmente imputada por el fiscal Mariano Fernández, quien la acusó de haber intervenido en la difusión del mensaje intimidatorio que sacudió a las autoridades entre el 16 y 17 de marzo. Según la hipótesis del Ministerio Público, Díaz grabó una conversación con Figueroa en la que este lanzó amenazas al titular del Poder Ejecutivo, al juez de Ejecución Gonzalo Ortega, y a los fiscales Carlos Sale, Ignacio López Bustos y Pedro Gallo.
Posteriormente, Díaz habría reenviado el archivo de audio a la periodista Mariana Romero, quien a su vez lo entregó a un funcionario judicial. Desde allí, se viralizó el contenido del mensaje intimidatorio, generando un profundo malestar en el gobierno y la justicia provincial.
“Está probado que el celular desde el cual se envió el mensaje está a nombre de la acusada”, explicó Fernández. No obstante, aclaró que aún deben realizarse varias medidas investigativas y que existe riesgo de entorpecimiento.
“Si se atrevió a intimidar al Gobernador y a cuatro funcionarios judiciales, tranquilamente podría hacer lo mismo con testigos que aporten a la causa”, advirtió el fiscal, que también destacó que la acusada convive con cinco hijos, tres de ellos menores.
El juez Guillermo Di Lella aceptó los términos planteados por la Fiscalía, incluida la solicitud de consigna policial en el domicilio de Díaz hasta que se le coloque una tobillera electrónica. Su defensor, Víctor Padilla, no se opuso al arresto domiciliario, aunque sí dejó entrever que su clienta podría no haber sido la autora directa del reenvío. “No discutimos que el audio salió desde su línea, pero eso no significa que lo haya enviado ella”, afirmó.
Padilla también deslizó que la conversación entre Figueroa y su pareja habría ocurrido mientras velaban al hijo del recluso, fallecido recientemente. “En ese contexto, cualquier persona podría haber tenido acceso al celular”, señaló.
Por el momento, el expediente sigue abierto y no hay audiencia prevista contra Miguel Figueroa, quien cumple condena en el penal federal de Marcos Paz por múltiples homicidios. La Fiscalía trabaja para determinar si el audio fue efectivamente grabado desde un teléfono ingresado ilegalmente a esa unidad carcelaria. Tampoco se descarta la participación de terceros en la maniobra.
Con esta resolución, Marcela Díaz se convierte en la primera persona procesada en Tucumán por participar en una amenaza con características narco dirigidas a las máximas autoridades institucionales. Su caso podría cerrarse a través de un juicio abreviado si se confirman los hechos y la defensa acuerda con la Fiscalía. Mientras tanto, los ecos del audio siguen retumbando en los pasillos del poder provincial.
