Luciani apuró al tribunal para que avance con la recuperación de los bienes de la corrupción; pero el empresario dijo que solo firmó un poder para designar más abogados
El fiscal Diego Luciani sospecha que Lázaro Báez intentó despojarse de parte de su fortuna de 120 millones de dólares con el auxilio de su novia, quien el martes pasado lo visitó en prisión en Río Gallegos.
La mujer actuó con un poder a su nombre. Pero el empresario desmiente que sea un vaciamiento y asegura que, en realidad, la novia trataba de realizar un simple trámite para designar más abogados en su defensa.
Nicolás Suárez
La sospechas de Luciani fueron comunicadas al tribunal oral federal que debe ejecutar el decomiso de mas de 84.0000 millones de pesos. Esa cifra representa el perjuicio al Estado que provocaron Cristina Kirchner, Báez y el resto de los condenados en la causa de Vialidad, donde se investigó como se direccionaban obras públicas a favor del empresario.
“Existen pues, elementos suficientes para sospechar que el señor Báez se disponía a celebrar actos jurídicos susceptibles de entorpecer la orden de decomiso que se encuentra ya en condiciones de ser ejecutada”, escribió Luciani en un escrito presentado a los jueces el viernes pasado al cual accedió LA NACION.
La escena que despertó las sospechas del fiscal ocurrió el martes 24 de junio en la cárcel de Río Gallegos, donde Báez está preso cumpliendo la condena de Vialidad a 6 años de prisión y por la de La Ruta del dinero K.
Ese día, en la sección “visita y correspondencia” del penal, a las 9 de la mañana se presentó Claudia Nomeí Insaurralde, la novia de Báez y quien le maneja el alquiler de sus propiedades desde que se encuentra detenido y desde que se separó de su exmujer, Norma Gladys Calismonte.
Cuando registraron sus pertenencias, la señora avisó que llevaba consigo un “escrito de poder” a su nombre, acompañado de varios documentos relacionados con las propiedades pertenecientes al empresario.
Archivo
Ella, según consignaron los guardiacárceles, necesitaba que Báez los firme. Los penitenciarios no dejaron ingresar los papeles y le dijeron Claudia Noemí Insaurralde que ese tipo de documentación debía ser tramitada mediante los mecanismos judiciales correspondientes.
Los carceleros se quedaron con los papeles y se lo devolvieron a la mujer al finalizar la visita . Desconcertados, los penitenciarios le pidieron a los jueces del tribunal oral que les indiquen como proceder ante estas circunstancias en el futuro. Los magistrados dijeron que hicieron bien en haberse quedado con el poder.
Este episodio hizo que Luciani sospechara que en realidad Báez quería transferir a Insaurralde alguno de sus bienes, en un intento de evitar que sean decomisados por los jueces que lo condenaron.
Insaurralde tiene poco mas de 40 años, años, es madre de tres hijos, y vivía humildemente en Villa Vatteone, Florencio Varela.
La mujer milita en el peronismo. En el kirchnerismo trabajó en el Ministerio de Planificación Federal. Conoció a Báez en una de las visitas a su tío, Atanasio Pérez Osuna, exintendente de Río Turbio que estaba preso por una de las causas ligadas al yacimiento carbonífero de esa ciudad.
OPI SANTACRUZ
Ante esa visita de Claudia Insaurralde, Luciani urgió a los jueces que aceleren el decomiso, aún cuando no se tasaron los bienes ni se actualizó el monto de 84.000 millones de pesos. El total del daño a las arcas del Estado podrían llegar a los 550 millones de dólares.
Luciani lo pidió el 9 de junio y el 26 de junio presentó al tribunal un pronto despacho. Fue una medida inusual para apurar a los jueces.
Sin embargo, en el entorno de Báez descartaron que el empresario hubiera tenido esta intención de desapoderarse de sus bienes. En cambio explicaron que la visita de su novia había tenido otro objetivo: nombrar a otros abogados que se suman a su defensa, pues el profesional Juan Villanueva debía viajar al exterior por unos días.
“Al entrar como visita, uno no puede llevar nada encima; por eso la señora explicó que ella ingresaba como apoderada y exhibió el poder; necesitaba que Lázaro le firmara la designación de un abogado del estudio del doctor Villanueva porque el abogado se iba de viaje”, dijo un allegado a Báez.
Desde el entorno de Báez sostuvieron que Insaurralde ingresó con dos designaciones de abogados y un poder que el propio Servicio Penitenciario le realizó en la cárcel de Ezeiza en 2020, según dijeron las fuentes.
Los papeles se remitieron finalmente al Tribunal Oral Federal 4, que condenó a Báez por lavado en la causa conocida como La Ruta del dinero K, y ya fueron firmados y designados los abogados.
Sin embargo, solo les presentaron los escritos con la designación de nuevos abogados, ningún poder, según dijeron fuentes judiciales.
Cuando esa información llegó al Tribunal Oral Federal N° 2 que condenó a Báez por el caso Vialidad, se encendieron las alarmas de Luciani.
El fiscal entonces presentó un escrito de “pronto despacho” en el que recordó que ya viene reclamando que se decomise la fortuna de los acusados.
Esto incluye el dinero de Báez, pero también el de Cristina Kirchner.
La expresidenta, en 2016, cedió a sus hijos Máximo y Florencia sus bienes que había heredado de Néstor Kirchner, y por eso su patrimonio declarado se redujo a 250 millones de pesos.
Sin embargo, la Justicia considera que esos bienes cedidos a Florencia y Máximo Kirchner, afectados u embargados en el caso Hotesur y Los Sauces, deben ser decomisados en esta causa de Vialidad. Incluyen 40 propiedades, hoteles, autos, chacras en El Calafate y los 6 millones de dólares de la caja de seguridad de Florencia Kirchner.
Ahora, Luciani y Mola empujaron a los jueces a que aceleren en el trámite del decomiso. Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso ya emplazaron al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema, a que apuren con la actualización.
Los fiscales Luciani y Sergio Mola le plantearon al tribunal que debe ejecutarse el decomiso. “Las medidas solicitadas son indispensables para asegurar que el delito cometido no rinda beneficios para los delincuentes”, escribieron.
Y mencionaron “de lo contrario, el avance que se logró en este histórico proceso, podría verse opacado debido a la emisión de un mensaje confuso hacia la sociedad, consistente en que, aun cuando la gran corrupción logra ser juzgada y condenada, el condenado y su familia habrán igualmente concretado su objetivo inicial, al lograr el apoderamiento de los recursos públicos que le detrajeron a sus conciudadanos.
“Este Ministerio Público Fiscal no convalidará el acaecimiento de una situación semejante, pues forma parte de nuestro deber funcional el asegurar la devolución del dinero desapoderado por los responsables”, indicarona.
Luciani dijo que este es un paso crucial para la ejecución efectiva de la condena contra Cristina Kirchner por corrupción
Los fiscales dijeron que decomisar estos bienes tiene una particular relevancia debido al daño social “inconmensurable y sin precedente” provocado por los comprobados hechos de corrupción en la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz.
Señalaron que los “millonarios montos” desviados del erario público impidieron la concreción de cincuenta y una (51) obras y afectaron la capacidad del Estado Nacional para atender necesidades básicas de la población argentina durante doce años” en salud, asistencia social, educación, vivienda, trabajo y justicia.
Esto afectó a los mas desprotegidos, dijeron.
La presentación fiscal subraya que la corrupción atenta directamente contra los principios democráticos del Estado de Derecho y el pleno ejercicio de los derechos humanos.
Reafirmaron la importancia de la lucha contra la corrupción para garantizar los derechos humanos, destacando su “impacto grave y diferenciado” en grupos históricamente discriminados, como las personas en situación de pobreza, que son las “primeras víctimas”.
Así, la “gran corrupción” por la que se dictó condena privó al Estado de recursos de manera inequitativa, perjudicando en mayor medida a los sectores más pobres y vulnerables.
Estos fondos millonarios, en lugar de llegar a su destino, fueron “usufructuados en provecho propio (sin control ni límite alguno) por Lázaro Báez y su entorno; por el matrimonio Kirchner; y por el resto de los imputados”.
Los fiscales sostienen que es “menester direccionar todos los esfuerzos y el despliegue jurisdiccional en aras de asegurar que el delito cometido no rinda beneficios para los delincuentes”.
Alertaron que, de lo contrario, el avance logrado en este proceso histórico “podría verse opacado debido a la emisión de un mensaje confuso hacia la sociedad, consistente en que: aun cuando la gran corrupción logra ser juzgada y condenada, el condenado y su familia habrán igualmente concretado su objetivo inicial, al lograr el apoderamiento de los recursos públicos”.
Luciani y Mola consideraron un “deber funcional el asegurar la devolución del dinero desapoderado por los responsables”.
El decomiso tiene una “función reparatoria del daño social causado”, dijeron los fiscales al citar el precedente dictado contra María Julia Alsogaray, multifuncionaria del menemismo, ya fallecida, condenada por sus bienes.
La sentencia condenatoria en esta causa fue dictada contra Cristina Elisabet Fernández, Lázaro Antonio Báez, Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez.
Además el 9 de junio, los ficales ya habían pedido ampliar el monto de las medidas cautelares ya ordenadas, que originalmente ascendían a $10.000.000.000 para algunos imputados y $2.500.000.000 para otros, hasta cubrir la suma determinada en la sentencia condenatoria de $84.835.227.378,04.
Específicamente para Cristina Kirchner se pidió que el embargo se trabe “aun cuando la titularidad de los bienes mencionados se encuentren a nombre de Máximo y Florencia Kirchner”, incluyendo dinero cedido a Florencia Kirchner en el Banco Galicia por un total de USD 5.696.144,91 y ARS 53.280,24 con intereses.
Para Lázaro Antonio Báez, se solicita embargo sobre bienes y dinero de sus sociedades (Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A., Loscalzo y Del Curto Construcciones S.R.L., Gotti S.A.) y sumas a percibir en procesos sucesorios o concursos preventivos. Además, se pide información detallada sobre el estado de la quiebra de Austral Construcciones S.A.
Este pedido fiscal busca asegurar la efectividad del decomiso, enviando un mensaje claro a la sociedad de que “el delincuente, además de cumplir con la pena de prisión e inhabilitación, no se quedará con aquello que se apoderó ilegítimamente”, lo que “fortalecerá nuestras instituciones”.
