“Operativo Frigoríficos”. Así llamó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un operativo de fiscalización que inició sobre los 154 frigoríficos más grandes del país, en medio del conflicto por la suspensión de las exportaciones de carne vacuna.
“Los establecimientos investigados por la Dirección General Impositiva (DGI) explican el 72% de la faena total. Los procedimientos abiertos por las áreas de fiscalización permitieron identificar maniobras de subfacturación y/o no declaración de operaciones en el 90% de los frigoríficos relevados”, precisó en un comunicado la agencia recaudadora.
La AFIP también señaló que en los operativos en marcha “se detectaron matarifes (usuarios de servicio de faena) que recurrieron al uso de facturas apócrifas, sociedades sin sustancia y prestanombres, para comercializar más de 500.000 cabezas de ganado entre 2018 y 2020”.
Según la agencia que encabeza Mercedes Marcó del Pont, “la industria frigorífica es un sector muy beneficiado por las condiciones internacionales. El Gobierno dispuso un conjunto de medidas para amortiguar el impacto sobre los precios de los principales cortes y garantizar el abastecimiento del mercado interno. La AFIP inició distintas acciones a través de la DGI y la Aduana con el objetivo de detectar y desarticular maniobras de evasión así como aquellas operaciones de exportación diseñadas para no liquidar la totalidad de las divisas”.
Los operativos de la DGI, argumentó el Gobierno, “apuntan a garantizar que los distintos eslabones de la cadena productiva cumplan con sus obligaciones tributarias”.
En tanto, la Aduana lleva adelante controles “que no solo permiten evitar maniobras evasivas de los exportadores de carne sino que también apuntan a asegurar el correcto ingreso de divisas generadas por las ventas al exterior”, dijo la AFIP.
Más de $ 250 millones
Según los datos suministrados por la AFIP, los establecimientos investigados por la DGI representan el 40% de todos los frigoríficos del país y explican el 72% de la faena total. Además, precisó, “todas las firmas fiscalizadas registraron una facturación individual superior a los $250 millones anuales”.
El comunicado da cuenta de que los procedimientos se iniciaron a fines de abril y “forman parte de las medidas desplegadas por el Gobierno nacional para detectar y desarticular prácticas irregulares que afectan al mercado interno como la subfacturación de operaciones y la utilización de matarifes insolventes”.
Si bien el operativo llevaría así apenas cinco semanas, la agencia gubernamental precisó que si bien todas las fiscalizaciones se encuentran “en proceso”, las tareas de control de la DGI ya identificaron “maniobras de subfacturación y/o no declaración de operaciones en el 90% de los frigoríficos relevados”.
No se suministran, en cambio, cifras sobre infracciones y multas. Las mismas, dice la AFIP, “serán determinadas al finalizar los procedimientos.”
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(Télam)
En los operativos participan más de 190 inspectores de la DGI que investigan “maniobras de subfacturación de compras, utilización de facturas apócrifas y operaciones no declaradas, entre otras irregularidades”.
El operativo se inició a fines de abril, cuando los inspectores de la DGI se presentaron en los distintos frigoríficos “y continúan a través de la modalidad digital”, dijo la AFIP. Los procedimientos abiertos otorgan a los inspectores un plazo de hasta 120 días para relevar documentación de las firmas.
Según la información brindada por la agencia, los frigoríficos fiscalizados “están distribuidos por todo el país, pero la mayoría de los casos corresponde a plantas emplazadas en el área metropolitana de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba”.
El “Operativo Frigoríficos” también incluyó una pata de fiscalización a matarifes “usuarios de servicios de faena” (esto es, matarifes que contratan ese servicio con los frigoríficos) en la cual se detectó “un grupo de matarifes que recurren a sociedades y personas humanas sin capacidad operativa, técnico económica y financiera para desarrollar sus actividades” y que “comercializaron un total de 582.000 cabezas de ganado entre 2018 y 2020.
Según la información difundida, en muchos casos esos matarifes o usuarios de servicios de faena “carecen de una condición económica que permita explicar el movimiento de animales realizado”.
Una de las hipótesis de trabajo de la DGI es que “los matarifes sin capacidad económica que recurren al uso de facturas apócrifas constituyen una pantalla para algunos frigoríficos que les permite evadir impuestos y generar créditos fiscales ficticios”.
La mayoría de los casos corresponde a plantas emplazadas en el área metropolitana de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba”.
Todo apunta a que el Gobierno ha decidido profundizar el conflicto iniciado a partir de la suspensión (en principio, por 30 días) de las exportaciones de carne, con el propósito de aumentar la oferta al mercado interno y contener los precios. La reacción de los productores fue un cese de comercialización que terminó el jueves, cuando se reinició el envío de hacienda al Mercado de Liniers, pero según la Mesa de Enlace y grupos de productores “autoconvocados”, la protesta podría reiniciarse en cualquier momento y abarcar también el cese de comercialización de granos.
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Luego de la suspensión de exportaciones, el Gobierno (a través del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español), mantuvo reuniones en procura de un acuerdo con el consorcio ABC, de frigoríficos exportadores de carne, con representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y con la Cámara de Matarifes y Abastecedores (Camya), pero no llegó hasta ahora a ningún acuerdo.
La Mesa de Enlace, integrada por la Federación Agraria, la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y los cooperativistas asociados en Coninagro y los grupos de “autoconvocados” no reconocen la representatividad de quienes dialogan con el Gobierno. Además, la Mesa de Enlace solicitó una audiencia con el presidente Alberto Fernández, que hasta ahora no respondió al pedido.
Esta mañana, José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales, miembro del Consejo Agroindustial que ha tenido reuniones con Kulfas y Español, dijo en el programa CNN Campo que hasta ahora “no ha habido progresos” en el diálogo con el Gobierno
