A veces un pequeño disparador en las redes sociales alcanza para evidenciar el rancio momento que atraviesa Tucumán, por culpa de la Justicia que no existe en nuestra provincia. Luego de que diéramos cuenta desde este medio el pasado viernes, de lo que fue el robo de una llamada “mechera” a una anciana en pleno microcentro, apenas unas horas estuvo detenida y al salir posteó junto con su banda una burla hacia la sociedad gracias a la liviandad del Poder Judicial.
¿De qué sirve que se planifiquen operativos para atrapar delincuentes de poca monta o asesinos de historial frondoso si la Justicia decide que deben ser liberados? Amparados en tecnicismos de dudosa legalidad, los jueces y fiscales de Tucumán encuentran algún resquicio en las leyes para inclinar la balanza en favor de los malhechores. Lo peor del caso, es que sigue ocurriendo a pesar de los últimos acontecimientos que enlutaron a la provincia.
Tal parece que no le bastó a la Justicia con liberar al que terminó siendo el asesino de la empresaria Ana Dominé, alguien que por cierto, ya había asesinado antes, razón por la cual no se entiende como alguien así podía esperar ser juzgado en total y absoluta libertad. ¿Y qué decir de la violación seguida de muerte de la pequeña Abigaíl por parte de alguien que cargaba sobre su espalda un prontuario que ameritaba que estuviera privado de su libertad?
El máximo grado de impunidad con el que se maneja la Justicia, tuvo lugar cuando la profesora Paola Tacacho, fue asesinada luego de que el juez Francisco Pisa absolviera a quien terminó siendo su femicida. Durante más de 5 años penó la joven en tribunales suplicando que el Poder Judicial hiciera algo, más de media docenas de denuncias realizó para que jamás la tomaran en consideración. ¿Hasta cuándo seguirá siendo esta realidad moneda corriente en Tucumán?
La inacción de los jueces termina provocando que la inseguridad crezca, que se incremente la cantidad de víctimas de homicidios, todo a causa de la Justicia parece una puerta giratoria por la cual los delincuentes entran y salen como si nada. Pero, además, no sólo que no permanecen detenidos, sino que ni siquiera terminan siendo juzgados. Esto significa que ni siquiera son sometidos a un proceso legal de cara a la sociedad para que sea juzgados por sus delitos.
Esto pasó y continúa ocurriendo a diario con nuestra Justicia, que no sólo no rinde cuentas por su mal desempeño mediante juicios políticos, sino que cuenta con la protección que el poder político le brinda, para que ningún juez o fiscal sea destituido. Al mismo tiempo, esta protección tiene un alto precio, porque termina confinando al Poder Judicial a ser rehén de los caprichos del gobierno de turno y convertirse en cómplice de sus atropellos. ¿Hasta cuándo los fiscales y jueces de Tucumán seguirán indiferentes ante el dolor de los seres queridos que perdieron a alguien por culpa de su inoperancia? La sociedad es una olla a presión que está a punto de estallar, mientras que el Poder Judicial actúa como patrón de estancia cuando debería estar al servicio de la sociedad, la que no puede elegirlos o sacarlos con el voto, pero que lo padece igual que al poder político.
