En términos de gestión, las internas generan problemas de coordinación, inestabilidad en el gabinete e influyen sobre los cursos de acción. En este sentido, el giro hacia la radicalización (a partir del intento de estatización de la empresa Vicentin) puede ser leído como una reacción frente al fortalecimiento del presidente Fernández durante la primera etapa de la pandemia (en aquellos meses, algunos soñadores habían comenzado a imaginar el “albertismo”). Una porción significativa de la agenda del gobierno está influenciada por estas tensiones internas, principalmente todo aquello referido a la cuestión judicial, ya que es el ámbito que más le interesa a Cristina Kirchner, pero también las relaciones internacionales (por eso abundan las contradicciones respecto al tema Venezuela) y la economía (se discute especialmente los tiempos y la velocidad de la reducción del gasto público).
Todo esto ya era así, hasta el acto que el gobierno realizó con sus máximos dirigentes en el Estadio Único de La Plata, cuando el discurso de Cristina profundizó aún más las disputas existentes. Con un tono muy confrontativo, la vicepresidenta le pidió a los ministros y a los legisladores que tienen miedo que se busquen otro trabajo. Hace dos meses, con su frase “funcionarios que no funcionan”, ella predijo el remplazo de María Eugenia Bielsa por Jorge Ferraresi. ¿Cristina está adelantando otra vez cambios en el gabinete? Eso aún está por verse, mientras tanto algunos ministros han quedado en el centro de las especulaciones.
Más allá de algunos cambios que pudiesen hacerse en el gabinete, con complacencia o no del Instituto Patria, surgen otros interrogantes más decisivos acerca del verdadero poder que posee la vicepresidenta, la solidez de la coalición y el funcionamiento de la justicia. ¿Las demandas y los reproches de Cristina son muestras de su fortaleza o de su debilidad? ¿Implican poder o frustración? La máxima preocupación de Cristina son sus causas judiciales y las que afectan a sus hijos. Si ella tuviese el enorme poder que muchos le atribuyen, sus problemas judiciales ya estarían solucionados o, al menos, ella tendría la certeza de que serán solucionados en el futuro.
Sin embargo, los ataques constantes contra la justicia (la Corte Suprema en especial) y las denuncias públicas en las que afirma ser víctima de un supuesto lawfare ponen de manifiesto que Cristina se percibe en una posición de debilidad más que de fortaleza. Su poder de influir sobre la justicia es acotado: hasta el momento el gobierno ni siquiera ha logrado designar a Daniel Rafecas como procurador general (en este sentido es tan débil como lo era Mauricio Macri, que también fracasó en designar a su candidata al cargo) y la Corte Suprema no le rinde pleitesía (recordemos que los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli continúan en sus cargos hasta que se realicen los nuevos concursos).
Surge entonces una segunda pregunta: si el gobierno y Alberto Fernández tuviesen la voluntad de solucionar los problemas judiciales de Cristina, ¿podría efectivamente hacerlo? A priori, no parece tan sencillo. La carga de las pruebas contra ella y sus funcionarios es significativa. No obstante, los problemas judiciales de Carlos Menem tampoco parecían fáciles de solucionar y el expresidente logró eludir las condenas en su contra. Para eso, ocupa desde el 2005 una banca en el Senado, donde cuenta con fueros y goza de una protección especial que le brindan sus pares por haber sido una figura central de la política argentina. Aun existiendo esta posibilidad, cuesta creer que Cristina estuviese dispuesta a una solución en estos términos: atada por obligación a una banca en el Congreso y con un rol marginal en la política. Sin duda ella espera una reivindicación mayor.
Esta situación genera ruido interno en el Frente de Todos, entre aquellos comprometidos con la causa “cristinista” y otros que prefieren tomar distancia. ¿Esto pone en riesgo la solidez de la coalición o éste es un matrimonio con conflictos que, sin embargo, logra mantenerse unido? A pesar del malestar de Cristina, la estrategia electoral que desplegó en 2019 fue lo que le permitió acceder a la vicepresidencia. Peor que la frustración actual hubiese sido la derrota. Éste puede ser para ella un equilibrio subóptimo para sus intereses, pero sin duda había peores alternativas al poner en riesgo el triunfo electoral. Para conservar la competitividad en los próximos comicios (2021 pero también 2023), el FDT necesitará mantener la unidad.
Los presidencialismos de coalición tienden, naturalmente, a los debates entre las distintas fuerzas políticas que integran el gobierno. Más aún cuando se trata de fuerzas tan heterogéneas como el Frente de Todos o Juntos por el Cambio (durante el gobierno de Macri también existieron fuertes diferencias entre los socios de la coalición). A su vez, en la Argentina los conflictos entre los presidentes y sus vices han sido recurrentes. Sin embargo, en el pasado han sido los vicepresidentes los que terminaban aislados, disminuidos políticamente o directamente dejaban el cargo. En esta ocasión, todo esto parece poco probable. Cristina sigue ocupando la centralidad de la política argentina y posee un núcleo duro de apoyo del que el presidente por si solo carece. Por eso, las actuales circunstancias son tan especiales y repletas de interrogantes.
