Según estimaciones de la Fundación Libertad y Progreso, en la primera quincena del presente mes de marzo los precios minoristas crecieron a un ritmo del 5,1%, incluso por encima del 4,7% de febrero pasado informado por el Indec. Con este resultado, la suba de precios durante el primer trimestre acumularía 14,2%, lo que es la inflación más alta para un primer trimestre desde 1991.
Mientras tanto, el nivel de actividad económica ya retornó a los picos pre-pandemia y se evidencian problemas para sostener el dinamismo. El ministro Martín Guzmán anunció que el crecimiento para este año estaría en el rango 3,5-4,5%, pero bajaría un punto en 2023 (al rango de 2,5 – 3,5%) y se estabilizaría entre 2,5% y 3,0% a partir de 2024. Lo que olvidó decir es que, con este ritmo, nos tomaría 42 años alcanzar el nivel de ingreso per cápita de España.
Todo asumiendo que no hay recesiones ni sacudones que golpeen a nuestra economía. Cambiar esta tendencia es algo posible, pero exige encarar un proceso de reformas económicas estructurales para devolver los incentivos a la inversión y la producción. La primera reforma debe mejorar directamente los incentivos a la creación de empleo formal y de calidad. Hoy tenemos un sistema que, en la teoría, protege al trabajador.
Pero lo hace de una manera tal que los costos y riesgos para las empresas de generar empleo formal son muy altos, lo que al final del día nos deja con empleo en negro y trabajadores sin ningún tipo de protección. Bajar estos costos e incertidumbre debe ser la piedra fundamental de cualquier programa económico que busque generar crecimiento. En paralelo se debe avanzar en la normalización de las variables macroeconómicas.
Aquí se necesitará dar especial atención al déficit fiscal y el gasto público. Esto requiere revisar y reordenar la Administración Nacional, viendo qué programas tienen una verdadera utilidad social y cuáles no. Y también reorientando los subsidios económicos, para ayudar verdaderamente a los que más lo necesitan sin comprometer los incentivos a la inversión en infraestructura, energía y servicios públicos.
Dentro de esto, también será imprescindible reformar los programas de asistencia social. El objetivo fundamental deberá ser que la ayuda del Estado sirva como un puente hacia el empleo formal. Esto exigirá modificar la lógica de la asistencia y fortalecer los programas de formación e inserción laboral. Además de transparentar procesos y eliminar intermediarios, para alcanzar directamente a las familias y personas más vulnerables.
El tercer eje tiene que ver con reducir los costos directos a la producción y el ahorro, es decir, con la reforma impositiva y de desregulación económica. Se debe avanzar en eliminar impuestos distorsivos, como los derechos de exportación, y en devolver potestades tributarias a las provincias. Esto último ayudaría a reducir la dependencia de varias jurisdicciones del poder central y tener una dinámica política más sana.
Y genera incentivos a las provincias a manejar sus cuentas públicas con mayor responsabilidad, ya que ahora los aumentos de gastos se deberán financiar con subas de impuestos provinciales. Todo esto permitirá avanzar de manera creíble en bajar la inflación. Si se elimina la dominancia fiscal (y en consecuencia la emisión sin respaldo), el Banco Central ganará independencia real y podrá abocarse a su verdadera tarea: defender el valor de la moneda.
Por último, para crecer de manera sostenida Argentina necesita integrarse plenamente al mundo. Eliminando barreras discrecionales y aranceles a las importaciones, que gravan de manera regresiva a las empresas y a los consumidores. Aplicando estas reformas, Argentina podría crecer a una tasa superior al 5% anual. Este será el desafío del gobierno que asuma en diciembre de 2023. Requerirá audacia, pero los beneficios serán muchos y para todos los argentinos.
