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La inflación, un huracán fuera de control que arrincona al Gobierno

Los precios corren cada vez más rápido y cantan, ya, una inflación que casi triplica a la de los primeros meses de 2020. Cruje la estructura social, de abajo para arriba, las paritarias se llenan de parches y crece el costo político

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El titular del Indec, Marco Lavagna. Foto Bloomberg.
Descacharreo

Para los primeros cinco meses de 2020 el tablero marca 11,1%; un 21,5% dice sobre los primeros cinco de 2021 y 29,3% entre enero y mayo de 2022. Tenemos, pues, un incremento de 18,2 puntos porcentuales en apenas tres años. Y un registro, el de 2022, que casi triplica al que había en el arranque de la serie.

Cantado, por si no fue advertido, las cifras expresan la velocidad a la que están corriendo los precios, cosa que salta todo el tiempo y que ya ha modificado hábitos, actitudes y hasta la vida de muchísimos consumidores. Todo, en un universo completamente inmune a los controles y trabas estilo K que ensayó, como único remedio, el Gobierno.

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Un par de datos de la misma colección agregan que en los primeros cinco meses de 2022 el costo de los alimentos subió un 33,7%, el doble largo respecto del 16% que hubo en mismo período de 2020. Clarísimo, las cosas empeoran fuerte nada menos que en bienes que son esenciales, imprescindibles allí donde ancla la base electoral del cristinismo.

Sin mencionar números tal cual aconsejan las reglas del marketing para casos así, el fenómeno surge limpito en la publicidad que un conocido supermercado bombardea por tevé estos días. Después de un comentario sobre la demanda y la calidad de los productos que el súper vende, el protagonista del aviso cierra su actuación con un sonoro: ”Entonces, ¡me los llevoooo!”. Y al toque se tira de cabeza a la pileta, desde un trampolín visiblemente alto.

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El “me los llevoooo” y el acto de arrojarse sin dilaciones a la pileta lucen semejantes a un precavido “antes de que sea tarde” o, si se prefiere, a un “antes de que aumenten”. Y en los hechos no sólo aluden a las remarcaciones permanentes sino, además, a la muy menguante capacidad de compra de los consumidores y a la dificultad para proyectar decisiones básicas, a veces hasta aquellas de muy corto plazo.

Todo habitual en una economía dislocada donde hace tiempo reina la ausencia de precios y en la que se ha hecho costumbre manejarse con el índice del mes anterior, en lugar de regirse por la evolución de los costos. Mandan la indexación a como sea, el viejo “por las dudas” y al fin la consigna de operar rápido, evitando los riesgos de cualquier demora.

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Detrás del descontrol, la incertidumbre y la falta de alguna guía, empuja una inflación que arrancó la nueva versión del kirchnerismo en 36,1%, siguió con un 50,9% en 2021 y, para no desentonar, ahora va por más o bastante más del 60%.

A partir de un si se quiere moderado 4,6% mensual promedio desde julio, una consultora con años en el mercado proyecta 78% en 2022, esto es, más del doble que la trepada de 2020. Habría que achicar la hipótesis al 3,5% para mantenerse en la zona del 60, cosa a la que únicamente Martín Guzmán apuesta o dicen que apuesta.

Repartidos encima en 3, 5 y hasta 7 tramos, cuesta encontrar aumentos salariales que puedan ganarle a la inflación. Incluido el 60% que en plan sindical Cristina Kirchner le elogió al jefe de La Bancaria, el kirchnerista Sergio Palazzo, y el 60% que, sin elogios de Cristina, Axel Kicillof pactó con los empleados de la Provincia gracias, al menos en parte, a los fondos que por fuera de la coparticipación le gira el gobierno nacional.

De este mundo es, también, que la mayoría de las paritarias se hubiesen acordado como mucho por 9 meses, con cláusulas de ajuste por inflación y revisiones siempre a tiro. Parientes directas de los precios desatados y de la incapacidad de ponerlos en regla, los remiendos son otra prueba del equilibrio inestable que domina las decisiones.

Está claro o debiera estar claro que cuando hablamos de paritarias queda al margen un ejército de trabajadores informales calculado en 7 millones de personas o arriba de 10 millones, contando cuentapropistas y ocupaciones semi informales. A la buena de Dios, aquí los ingresos pierden como en la guerra contra los precios y aún el empleo precario resulta un bien escurridizo.

Según estudios privados, los salarios que se perciben en este espacio han caído 8,6% real entre marzo 2021 y marzo 2022 y un impresionante 34,4% respecto de noviembre de 2017. También contra 2017, los sueldos de quienes están ocupados en blanco marcan un retroceso real que promedia el 19,4%; grande pero 15 puntos porcentuales digamos menos grande que el 34,4%.

Aun cuando tanto número junto fastidie, parece inevitable incorporar al panorama lo que está pasando con las canastas que miden la pobreza y la indigencia. Está pasando, obviamente, que suben por el ascensor.

Con la inflación de mayo incorporada, el costo del combo de bienes y servicios que define la línea de pobreza ronda los 105.000 pesos mensuales para una familia tipo.

Esto da un incremento del 55% contra mayo del año pasado.

La Canasta Básica Alimentaria, que determina la indigencia, anda por 45.200 pesos y dice aumento del 57% respecto de mayo de 2021.

Salvo los precios, todo lo que se mueve en este mundo va decididamente para atrás.

Algunas estadísticas cuentan que el 30% de los trabajadores ocupados en blanco han descendido a la categoría de pobres: son los llamados “nuevos pobres de clase media”.

Otras, informan que del resto sólo 3,5 millones disponen de ingresos que les permiten ahorrar y, en continuado, agregan que últimamente el volumen de plazos fijos se ha achicado un 10%.

Dice un analista sobre el turismo y el supuesto veranito del fin de semana largo: “Hay allí mucho de escaparle a la pérdida de valor del peso, de darse algunos gustos cuando es posible y de sacarse de encima el cansancio mental y la bronca. No estamos ante el boom económico que el Gobierno pregona”.

Algo bien parecido existe en el discurso oficial que bate el parche con la inflación importada, con la cotización internacional de los alimentos y la invasión de Rusia a Ucrania, para bajarle el precio por cierto altísimo a la parte que sin excusas le toca.

Y como no hay con qué darle al valor de los datos, más datos.

En lo que va del año, el costo de los alimentos acumula un aumento del 7,8% en Brasil y 13,6% durante los últimos doce meses. En Uruguay los números son 6,5 y 10,2%, respectivamente. Y en Chile, 12 y 17%.

Frente a ese cuadro, la Argentina no tiene nada a favor para mostrar.

Acá, el costo de los alimentos subió 33,7% desde enero y 64,2% en los últimos doce meses.Y si se quiere testear el discurso oficial, nuestros registros anuales señalan seis veces más que Uruguay; casi cinco contra Brasil y cerca de 4 veces por encima de Chile.

Atado a la súper inflación va el atraso del dólar oficial y de seguido una mezcla de operaciones y maniobras que, alimentadas por una brecha cambiaria que no baja del 70%, van derecho sobre las siempre escasas reservas del Banco Central.

Una muestra de estos meses: fogoneadas por cotizaciones internacionales al borde de los récords históricos, las exportaciones agroindustriales dejaron de enero a mayo US$ 15.330 millones. El BCRA “compró” o logró retener sólo 897 millones.

Otra, apenas alejada, cuenta que el año pasado las importaciones crecieron 49,2%: 30% por cantidades y un módico 14% por precios. Un dato de la estadística agrega que de un aumento que consumió US$ 63.184 millones, al gas y los combustibles asociados a la crisis energética les tocaron 5.843 millones. Todo bastante raro: hubo importaciones sin precedentes en una economía que mejora pero no vuela.

Con ese cuadro en la mira, acaba de hacerse cargo de la Aduana Guillermo Michel, considerado un duro y un tipo que juega fuerte, en el agitado avispero empresario.

Algunas interpretaciones vinculan el nombramiento a Sergio Massa, de quien Michel era hasta ahora un asesor clave, y agregan que la movida no fue consultada con Mercedes Marcó del Pont, la jefe de la AFIP.

Quizás la verdad verdadera pase por la conexión del nuevo director de la Aduana con Ricardo Echegaray, al que secundaba en el manejo de los operativos contra la evasión, a veces más que operativos, durante los años del cristinismo que fueron del 2012 al 2015. Un antecedente de ese tiempo: tenían sus despachos uno al lado del otro, o sea, contacto permanente.

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