La Justicia Federal de Tucumán avanza en la investigación de una defraudación millonaria al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), en la que estarían implicadas farmacias del sur de la provincia. Ahora, el foco de la pesquisa está en un grupo de médicos cuyos nombres aparecen en la causa y cuya situación procesal deberá ser determinada por el juez federal subrogante N° 1, Guillermo Díaz Martínez.
El fiscal federal Agustín Chit y la auxiliar fiscal Julia Vitar, de la Fiscalía Federal N° 2, analizan si los médicos fueron parte de la operatoria fraudulenta o si, por el contrario, fueron víctimas del uso indebido de sus recetas. El perjuicio a la obra social se estima en más de $ 282 millones, registrado entre la segunda quincena de junio y julio de 2023.
Entre el lunes y el miércoles, seis personas fueron citadas a declarar. Una negó su participación y aportó datos que los investigadores deberán analizar en profundidad. Cuatro de los citados se abstuvieron de declarar y una sexta persona se descompuso, por lo que su audiencia fue postergada. Aunque todos fueron imputados, el juez deberá definir su situación procesal en los próximos días.
La investigación se inició el 24 de julio de 2023 tras una denuncia del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, que detectó irregularidades en las facturaciones de tres farmacias a PAMI. Según la pesquisa, la maniobra consistía en la falsificación de troqueles y el uso de datos de afiliados para facturar medicamentos que nunca fueron entregados.
La operatoria incluía la emisión de recetas digitales falsas con datos de afiliados de PAMI, la validación de estas recetas con claves digitales de profesionales médicos o personas con acceso a ellas, y la presentación de documentación apócrifa para cobrar el reembolso de los medicamentos.
Entre las irregularidades detectadas, se descubrió que algunas farmacias validaban recetas en intervalos de menos de un minuto, que la caligrafía del supuesto retirador de los medicamentos coincidía en múltiples órdenes y que había errores de tipeo en los nombres de los fármacos. Además, en muchos casos, no existía relación entre los nombres de quienes figuraban como terceros intervinientes y los DNI consignados.
El juez Díaz Martínez ordenó allanamientos simultáneos en las farmacias investigadas y en los domicilios de sus propietarias. Los responsables enfrentan cargos por defraudación a la administración pública, tanto en su rol de explotadores de los fondos de comercio como en su función de directoras técnicas de los establecimientos involucrados.
Ahora, la investigación se centra en determinar si los médicos cuyos nombres aparecen en la causa participaron en la maniobra o si fueron utilizados sin su conocimiento. La Fiscalía continuará tomando declaraciones en los próximos días para esclarecer su rol en el esquema fraudulento.
Mientras la Justicia avanza en el caso, el fraude al PAMI sigue revelando nuevas aristas que podrían ampliar la cantidad de implicados en una red que defraudó millones a la obra social de los jubilados.
