Se llama Edgar Adhemar Bacchiani y tiene 45 años. Se presenta como un bonaerense que eligió a Catamarca con su lugar en el mundo para vivir y hacer negocios. Hace unos años fundó Adhemar Capital, una organización financiera que copó la plaza de la provincia de manera “transversal”.
Empresarios, políticos, empleados públicos, comerciantes… Personas de todos los sectores sociales confiaron sus ahorros o, incluso sacaron créditos, para entregarle esos fondos a la empresa de Bacchiani, ansiosos de recibir el altísimo interés mensual que ofrecía.
Como sucedió con Generación Zoe en Córdoba, entre diciembre y enero, el esquema comenzó a caerse como un castillo de naipes. Y hasta el gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, tuvo que salir a advertir sobre los problemas que podría acarrearles a los ahorristas este tipo de inversiones.
En enero pasado, en una nota que firmó de manera conjunta con su par riojano, Ricardo Quintela, le pidieron al Banco Central que se regule a las criptomonedas, la puerta de entrada a este tipo de inversiones piramidales, en las que se ofrecían ganancias formidables y muy dispares al del mercado financiero oficial.
Esta semana volvió a pasar. Autores desconocidos quemaron vehículos que eran propiedad de familiares de un empleado de Adhemar Capital. El hecho fue una repetición de lo que sucedió en febrero pasado, cuando un hombre fue detenido tras la denuncia por amenazas de un empleado de la financiera a quien también le prendieron fuego el auto en la puerta de su casa.
En las altas esferas del poder riojano, todo el mundo sabe quién es quién y con la sospecha de que hay altas personalidades que jugaron sus cartas con Adhemar, el Gobierno se apuró a salir a aclarar su posición en el tema.
Entre los rumores que circularon en la capital riojana, se hablaba de que el gobernador Jalil estaba planeando un salvataje para la financiera. Pero la ministra de Economía, Alejandra Nazareno, salió a desmentirlo de manera rotunda el 21 de febrero pasado en declaraciones que reflejó el diario El Ancasti.
“Al Estado provincial no le corresponde realizar salvatajes o ejecuciones similares, ya que el problema en cuestión se origina a partir de un arreglo realizado exclusivamente entre privados”, enfatizó en ese momento la funcionaria, quien afirmó que el Gobierno puso a disposición de los ciudadanos el asesoramiento legal para que inicien acciones contra la financiera.
En los últimos días, la pelea se volvió política. Y los cruces entre el oficialismo del Frente de Todos y la oposición de Juntos por el Cambio se hicieron permanentes con este tema en el centro.
El pasado 5 de marzo, la oposición emitió un fuerte comunicado en el que liga al poder político en el Gobierno con la financiera de Bacchiani, a la cual investiga la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por instrucción del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
“Es de público conocimiento que estos servicios financieros funcionan en un inmueble que es propiedad de la familia del gobernador. Más grave aún es que uno de los principales promotores de esa empresa de servicios financieros es el hermano del gobernador (en alusión a Andrés Emilio Jalil), dando implícitamente garantía de la sostenibilidad y capacidad de respuesta a los compromisos financieros que adquiría”, señala el comunicado en el que no nombran a Bacchiani pero dejan entrever de qué se trata la acusación.
Denuncias en Córdoba y Tucumán
Este miércoles por la mañana, una comitiva policial ingresó a las oficinas de Adhemar para realizar un allanamiento por orden de la fiscal de delitos complejos, Valeria Rizzi.
En Córdoba, el abogado penalista Carlos Nayi representa a damnificados por la financiera.
“Es un delito de ‘peligro abstracto’ por más que a través de Instagram y de otros medios esta persona (por Bacchiani) vaya cambiando de discurso según los acontecimientos”, le dijo el abogado a La Voz y apuntó que “Se configuró (el delito) a partir de captar ahorro público sin autorización del BCRA. El hecho de que reestructure la deuda, la pague, la modifique, no lo exime de la responsabilidad penal”.
En tanto, en Tucumán, el juez federal Fernando Poviña investiga el accionar de Adhemar en esa provincia. El viernes pasado, además, el abogado Alfredo Aydar pidió la detención de Bacchiani y que se le prohíba la salida del país.
EMJ
