En la semana que se fue para nunca más volver trascendió un verdadero escándalo en el seno del ya de por sí vapuleado poder judicial de Tucumán. Lo que se supone sería una nueva audiencia bajo la modalidad de sala virtual para discutir la prórroga de prisión preventiva contra el acusado de un robo, terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo del que hoy habla todo el Poder Judicial, a raíz de una sórdida pelea entre una jueza y un fiscal.
Los protagonistas de esta insólita situación, que quedó registrada en video tal como establece la normativa vigente para la realización de audiencias vía Zoom, son la jueza de Instrucción Penal de la Vª Nominación, Carolina Ballesteros y el fiscal penal de la Unidad de Robos y Hurtos N° 3 de la Capital, Carlos Picón. En la grabación viralizada, quien toma la palabra es Picón.
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Lo hace para presentarse y exponer que el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la audiencia a los fines de tratar la prórroga de prisión preventiva solicitada por la unidad a su cargo. Lo que el fiscal dijo a continuación fue el disparador del escándalo: “Soy el fiscal Carlos Picón titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos 3 del Centro Judicial Capital, y no tengo minitas ni amantes”, sostuvo.
Y lo hizo ante la sorpresa de los demás participantes de la audiencia: el imputado y miembros del MPF y del Ministerio Pupilar y de la Defensa. Pero, de momento, el desarrollo de este episodio no es lo que nos convoca. En ese sentido, cabe aclarar que se trata de una jueza con antecedentes ya que esta no es la primera vez que la jueza mantiene una fuerte pelea con un fiscal que deriva en un escándalo.
En octubre de 2022, la magistrada fue acusada porque habría presionado a dos fiscales para que se inhiban en una causa que involucraba a familiares suyos, por lo que se advirtió de la situación a la Corte Suprema de Justicia. Los hechos estaban relacionados con un accidente que sufrió su padre en el cual estaban involucradas y denunciadas la pareja del hombre y sus hijas, medias hermanas de Ballesteros.
Según el expediente judicial, las mujeres empujaron al hombre en una discusión y esa caída le provocó la fractura de cadera al hombre. La causa quedó asentada en la Unidad a cargo del fiscal José Augusto Zapata, quien poco tiempo después decidió apartarse señalando que la jueza Ballesteros lo había cuestionado de falta de objetividad en la instrucción de la causa. Tras esa decisión, el caso quedó a cargo del fiscal Ignacio López Bustos, pero luego terminó apartándose en una situación similar a la mencionada por su colega.
López Bustos denunció que la Jueza se presentó en su oficina pronunciando exigencias y amenazas si no se tomaba medidas sobre las imputadas por empujar a su padre. El fiscal contestó que pedirá el arresto domiciliario y ella levantó la voz y dijo, “ustedes a mí no me vuelvan a pedir medidas porque no les voy a firman nada”. En consecuencia, el fiscal también se inhibió por los comentarios amenazantes.
No en vano, es por ello que ahora se pediría en juicio político contra la jueza Ballesteros. Pero como si todo lo anteriormente referido no fuera lo suficientemente escandaloso cabe recordar lo sucedido hace algunos años, cuando causó conmoción la causa penal abierta para esclarecer las versiones relativas a que 27 legisladores habrían cobrado coimas en 2002 para habilitar la -luego fallida- reforma constitucional.
Los años transcurridos sin novedades acerca de ese proceso de máximo interés público cesaron de repente el 8 de marzo de 2019 cuando Karina Rivera, secretaria del Juzgado de Instrucción en lo Penal N°5 de esta ciudad, encontró el último cuerpo bajo un armario. Según consignó la propia actuaria, el acto procesal más reciente databa de 2010 y consistía en la sentencia de la ex jueza Mirta Lenis de Vera que anula el requerimiento de sobreseimiento.
Esa resolución, que en los hechos implicaba la prosecución de la investigación, nunca habría sido notificada: el informe indica que entre las fojas había un número considerable de cédulas sueltas sin firma ni diligenciamiento. Las notificaciones fallidas habían sido elaboradas en 2014. La pesquisa forma parte de las aproximadamente 250 causas paralizadas que Ballesteros dijo haber encontrado en el Juzgado de Instrucción en lo Penal N°5 y que el 27 de marzo de 2019 dio lugar a la apertura de una auditoría interna.
La jueza, que llegó a ese despacho el 8 de febrero del 2019, mandó una veintena de notas a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para comunicar las anomalías identificadas, entre ellas el descubrimiento de al menos 13 actuaciones frenadas de pornografía infantil. Una de esas misivas da cuenta sobre las condiciones irregulares y la ausencia de trámite de la causa iniciada el 22 de febrero de 2002, que involucra a un puñado de altas autoridades del Estado.
Integraban la lista de imputados Gerónimo Vargas Aignasse, Nancy Albero, Julio César Topa, Adriana Neske, Fernando Lossi, Juan Antonio Vildoza, Diego Nieva Sanzano, Gustavo Siciliani, Jorge de Faveri, Gustavo Rojas Alcorta, Mariano Poliche, Leonor Lía Barquet de Delgadino, Rosa Augier de Rojas, Osvaldo Jaldo, José Fernando Orellana, David Padilla, Juan Carlos Mamaní, Juan Antonio Ruiz Olivares, Emilio Salvatierra, Edgardo Roberto Rocha, René Concha, Germán Alfaro, Teresa Felipe de Heredia, José Raúl Gutiérrez, Claudia Herrera, Camilo Khoder y Lilia Teresa Ramírez de Castro.
Por entonces, año 2019, se destacaban ; Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán; el diputado nacional Orellana y el legislador Ruiz Olivares. Los delitos contra el erario público no son punibles, ese es el mensaje que se le enviaría a la sociedad. No hay jueces que investiguen, fiscales para que vamos a hablar y así podemos seguir redactando. ¿Qué camino seguirán las otras causas encontradas escondidas en el Juzgado Penal N°5 que también se encuentran denunciados funcionarios públicos?
En definitiva queda claro que con este nefasto historial en materia de denuncias que recaen sobre la jueza María Ballesteros, poca esperanza puede depositar la opinión pública tucumana en lo que hace al poder judicial. En esa línea, se conoció que en una acordada de la Corte Suprema de Justicia local, se consideró que por actuaciones de superintendencia Nº 14289/23 los Sres. Vocales de la Sala V de la Cámara Penal Conclusional, Dr. Dante J. Ibañez, Dr. Néstor R. Macoritto y Dr. Diego E.Lammoglia, realizan una presentación que refiere a lo sucedido el 31/10/2023 mientras se desarrollaba el juicio oral de la causa “Fernández, Sergio Darío s/ Homicidio Agravado. Expte. Nº 68271/2019”.
En dicha presentación los magistrados manifestaron que la Dra. Carolina Ballesteros “…irrumpió de manera abrupta en la audiencia de ayer, lo que quedó registrado en el soporte audiovisual y en el acta correspondientes…” (fs.44). En ese sentido, solicitaron a la Corte que la conducta de la magistrada sea analizada. La Corte considera que “se tratan de denuncias confrontadas por comportamientos, de ambos magistrados, en procesos judiciales que exceden el marco de lo estrictamente jurisdiccional”.
Por ello, lo dictaminado en fs. 109/110, en uso de las facultades conferidas por el art. 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, encontrándose de licencia las Sras. Vocales Dras. Claudia Beatriz Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos; ACORDARON:
I. RECOMENDAR a la Dra. María Carolina Ballesteros, Jueza del Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital, y al Dr. Dante Julio José Ibañez, Vocal de Cámara Penal Conclusional, ADECUAR sus intervenciones judiciales a la función jurisdiccional conferida legalmente y limitar sus actuaciones a las facultades que le acuerda la Ley Orgánica de Tribunales y los Códigos procesales de rito.
Y es que resulta a todas luces inconcebible que una jueza tenga en sus manos el poder suficiente como para desprestigiar todavía aún más a la justicia local. De esta manera, una vez más brillaría por su ausencia la capacidad e idoneidad profesional, sobre todo, respecto de esta jueza, tanto en el pasado como ahora con esta escandalosa pelea con un fiscal en plena audiencia.
