La jueza federal María Eugenia Capuchetti delegó en el fiscal Carlos Rívolo la investigación del intento de asesinato del 1 de septiembre pasado contra Cristina Kirchner. La magistrada dijo que tomó esta decisión porque la vicepresidenta, que es la víctima y querellante en la causa, puso en duda su imparcialidad y pidió apartarla del expediente.
“No puedo soslayar que mi imparcialidad como directora del proceso fue oportunamente puesta en tela de juicio por la misma querella”, dijo la jueza, y recordó que se tramita su recusación ante la Cámara Federal. “Encontrándose la recusación ante ese tribunal, debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte”, dijo Capuchetti para explicar su decisión. Delegar la causa en el fiscal fue su manera de solucionar el problema.
Esta delegación implica que el fiscal Rívolo llevará adelante las medidas de investigación y solo debe recurrir a la jueza para que autorice determinadas medidas que avancen sobre los imputados, como allanamientos, detenciones o intervenciones telefónicas. La fiscalía puede, por sí misma, tomar declaraciones testimoniales, pedir informes, recoger evidencias.
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Aclaró Capuchetti que la decisión no implica desoír la directiva de la Cámara Federal para que eleve el caso a juicio con los detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, a quien la vicepresidenta acusa de ser coautor del crimen, pero que por ahora es considerado solo un partícipe secundario.
Dijo la jueza que Rívolo puede, si quiere, “en caso de entender que la instrucción se halla completa en alguno de sus tramos (o en su totalidad)”, avanzar en la elevación a juicio del caso. “La tesitura asumida en pos de una mejor administración de justicia y mayor celeridad del proceso en nada se contrapunta con los lineamientos de la alzada”, escribió Capuchetti.
La medida de la jueza se da en momentos en que la Cámara Federal analiza la actuación de la magistrada al frente del expediente. Cristina Kirchner la criticó con dureza por el modo en que llevó la investigación; la acusó de querer sacarse la causa de encima y le reprochó no avanzar en las medidas de prueba que ella le había sugerido como querellante.
Los jueces de la Cámara Federal Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia están trabajando en una resolución ligada a si corresponde o no secuestrar los teléfonos a dos colaboradoras del diputado del Pro Gerardo Milman, una pista sugerida por la vicepresidenta. Pero debaten si en esa misma resolución hacen además un análisis de como llevó el caso Capuchetti y piden determinadas medidas de investigación.
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El primer traspié que sufrió Capuchetti en la causa fue pocas después de ocurrido el atentado, cuando la Policía Federal, en un trámite realizado en el propio juzgado, no pudo abrir el teléfono celular del detenido Sabag Montiel y cuando el juzgado lo envió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria el aparato llegó reseteado a fábrica. Ahora se trabaja en recuperar esa información, Por el hecho, la policía efectuó un sumario administrativo y se realiza un peritaje a fin de deslindar responsabilidades.
La jueza tomó esta decisión ante el nuevo pedido de Cristina Kirchner de realizar medidas de prueba para ampliar la acusación sobre Carrizo e investigar otras líneas relacionadas con Milman y una agrupación de derecha. La jueza dijo que los abogados de Cristina Kirchner plantearon “una serie de cuestiones relativas al surgimiento de evidencias en el último mes de investigación que ameritarían, a su criterio, la sustanciación de nuevas diligencias”.
“Con ello como punto de partida, debo señalar que la parte querellante reedita esta vez cuestiones que han sido oportunamente zanjadas por la suscripta o que se encuentran pendientes de revisión por el Superior”, escribió Capuchetti. “Aún más, sobre dichas cuestiones no solo ya he brindado una respuesta jurisdiccional suficiente, sino que ha sido justamente sobre esas respuestas que se ha articulado el planteo recusatorio (de la misma querella), también pendiente de revisión por el tribunal de alzada”, le respondió Capuchetti a los querellantes.
Dijo que además los abogados de la vicepresidenta pidieron ampliar las acusaciones de los tres detenidos que fueron confirmadas por la Cámara Federal y que quedaron firmes, sin cuestionamientos por parte de Cristina Kirchner.
