El pago a las autoridades de mesa y a los delegados de escuela que trabajaron en los comicios provinciales del 9 de junio depende de que la Junta Electoral Provincial (JEP) corrija las objeciones administrativas efectuadas por los técnicos del Tribunal de Cuentas (TC).
Según fuentes del órgano judicial, la semana próxima podría haber novedades con respecto al cronograma de acreditación de los montos, si es que se logra satisfacer los requerimientos del ente de contralor de la Provincia.
A la espera de este trámite están las 7.708 personas que prestaron servicios durante la jornada del 9 de junio, en la que el gobernador, Juan Manzur, y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, fueron reelectos por el Frente Justicialista para el período 2019-2023.
Empresa contratista
¿Por qué no se efectuaron aún los desembolsos? Fuentes de la JEP indicaron que tenían confianza en poder anunciar las fechas esta semana. El pasado miércoles, sin embargo, los integrantes del Tribunal de Cuentas, Miguel Terraf (presidente) y Marcelo Vidal (único vocal firmante, al encontrarse de licencia Sergio Díaz Ricci), dictaron el acuerdo 3.630, a través del cual le señalaron a la Junta Electoral una serie de correcciones a efectuar. Una vez cumplidas las condiciones efectuadas en el control preventivo, la JEP podrá habilitar la erogación global.
Según el documento publicado por el Tribunal de Cuentas, la resolución 164/2019 del órgano electoral autorizaba la confección de una orden de pago por $24,36 millones en favor de la firma MSA SA, que estuvo a cargo de la coordinación y de la ejecución de las tareas logísticas para la votación. La empresa deberá girar luego los montos respectivos a los ciudadanos afectados a los comicios celebrados hace casi dos meses y medio.
Del monto total, $21,88 millones corresponden a las 7.294 autoridades de mesa ($3.000 por cada presidente y por cada vocal); y $2,48 millones a 414 delegados de escuela ($6.000 a cada uno).
La firma MSA SA participa de este trámite ya que así lo establece el contrato, efectuado por vía directa “por razones de urgencia” en mayo pasado y aprobado mediante la resolución 67/2019 de la JEP, integrada por Daniel Posse (presidente), Edmundo Jiménez y Washington Navarro Dávila (vocales), con la secretaría de Darío Almaraz. El convenio con la empresa, que cuenta con el aval del TC, establece un monto global de $89,59 millones para los gastos operativos por los comicios provinciales. Esa cifra incluía los $24,36 millones para las autoridades de mesa y los delegados de escuela, indicaron voceros de la JEP a este diario.
A corregir
Según el acuerdo 3.630, los técnicos del departamento de Contadores Fiscales del Tribunal de Cuentas indicaron que la Junta debía expresar “cifras exactas” para conseguir la habilitación del trámite. Por ello, el órgano electoral deberá adjuntar “un DVD con el total de autoridades de mesa y delegados de escuela, a fin de verificar el cálculo” del monto establecido.
En la JEP consideran que podrán corregir en los próximos días las observaciones del Tribunal de Cuentas. De todos modos, en el ente con competencia en los comicios provinciales ya venían expresando su confianza en terminar con las actuaciones de rigor dos semanas atrás, cuando comenzaron a llegar a LA GACETA WhatsApp diversas consultas de presidentes y de suplentes de mesa que se quejaban por las demoras en los pagos.
Las votaciones del 9 de junio demandaron otros costos operativos. Uno de los más significativos desde lo presupuestario estuvo originado por los servicios de custodia prestados por Gendarmería Nacional, fijados en $12,64 millones. Además, se renovó el alquiler de la sede de Mendoza 1.050 por seis meses, por un total de $1,2 millón en favor de la empresa Sentosa S.R.L., según el acuerdo 1.876 del Tribunal de Cuentas.
