El reemplazo de un juez del Tribunal Oral que está juzgando a los exfuncionarios kichneristas Ricardo Jaime y Julio De Vido, entre otros, y el riesgo de un nuevo escándalo que declare la nulidad de todo lo actuado por deficiente constitución del tribunal de juicio, pone en primera plana las enormes dificultades que enfrenta la justicia para resolver los casos en plazos razonables.
Cuando el juicio oral está casi concluido, uno de los miembros del tribunal renuncia al cargo con el ¿fundamento? ¿pretexto? que cumplió los 75 años y no puede seguir siendo juez, salvo un nuevo acuerdo del Senado. Se incorpora al tribunal un “juez suplente” previsto para estos casos, y allí las defensas cuestionan esa incorporación y se genera una incidencia cuyo resultado aun no conocemos.
Dejemos de lado la evaluación de la decisión del magistrado renunciante, pero si el juez Ricardo Basílico, cuarto juez suplente designado de antemano para que actúe ante la ausencia de algún colega, estuvo presente durante todo el juicio, no existirán problemas constitucionales y legales para que continúe interviniendo y el juicio pueda concluirse. El eje del problema es que, en cualquier caso, estas situaciones generan dudas y afectan la legitimidad de la sentencia.
Pues conceden argumentos a los defensores para atacar las decisiones judiciales, más aún en casos de alto voltaje político como este. Y el origen es la injustificable duración de los juicios orales. Esa irrazonable duración de los juicios no es inevitable, por el contrario, es consecuencia directa de las malas decisiones y las malas prácticas adoptadas por los tribunales orales federales y también muchos provinciales.
En el diseño original del juicio oral, los juicios deben iniciarse y concluirse sin interrupciones. Si el juicio comienza un lunes, debe seguir el martes, miércoles y sucesivamente hasta concluirse. Sin embargo, por razones inexplicables y contrarias a la lógica, la razón y el sentido común, los tribunales orales adoptaron la mala práctica de hacer varios juicios en simultáneo y, una audiencia por día para cada uno de ellos.
Según informa la crónica periodística, el juicio oral de Jaime-De Vido comenzó en abril de 2019, o sea que lleva casi tres años. Eso sin contar la etapa previa de investigación. ¡Tres años de “juicio oral”! No se ha informado cuantas audiencias se han realizado en este juicio, sería bueno saberlo. Pero entre abril y diciembre de 2019 hay aproximadamente 160 días hábiles, a una audiencia por día, y no hay razón para el juicio se hubiera extendido más allá de 2019.
Dicho ello sin dejar de señalar que resultaría impensado semejante necesidad de horas reales de trabajo en un juicio realizado con técnicas de litigación adecuadas. Haciendo las cosas bien, el juicio debió haber terminado hace largo tiempo. Ello hubiera evitados situaciones como las actuales y los cuestionamientos que ahora se producen.
