Ante una presentación de la Defensoría del Pueblo de Tucumán, en diciembre pasado, la justicia hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Banco Macro a suspender los débitos automáticos que se hacían supuestamente en forma indebida en las cuenta sueldo de los empleados de la administración pública.
Pero la medida judicial quedó sin efecto a partir del pedido realizado por el Fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, Pedro León Gallo, a favor de las empresas GESTIONES F&F S.A.; “MARGEN COMERCIAL S.A.; CAJA DE SEGUROS S.A. MEPLIFE SALUD S.R.L.
El representante del Ministerio Público en su pedido expuso que “el bajo volumen de reclamos efectuados (en contra de la firmas mencionadas), sobre el total de reclamos producidos, aunado a la presentación de la documentación solicitada por la Unidad Fiscal actuante, no justifica continuar con la medida cautelar vigente a la fecha en relación a esas empresas. Por lo que solicita corresponde autorizar al BANCO MACRO S.A. para que proceda a RESTABLECER LOS DÉBITOS DIRECTOS”.
Esto fue avalado por el juez Gonzalo Javier Ortega que resolvió disponer el reestablecimiento de los débitos directos realizado por el banco en la cuenta sueldo de los empleados de la administración pública.
Este tema mereció el rechazo del dirigente de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Francisco Osorio, quien al móvil de Los Primeros TV expresó que “la denuncia era clara, las empresas venían haciendo los descuentos sin autorización en las cuentas bancarias de los empleados, se hacían por débito bancario por eso no la veíamos en la boleto del sueldo”.
Pero con esta última decisión judicial Osorio exteriorizó su malestar y dijo que “no entendemos qué lado está la Justicia porque los trabajadores fueron damnificados y ahora vuelve a permitir a esta empresas que sigan haciendo descuentos indebidos”.
El dirigente de UPCN indicó que las empresas están cerradas por lo tanto es imposible realizar algún reclamo o renunciar a esos supuestos servicios (cobertura médica o seguros de vida) que dicen brindar a los empleados. “Sentimos que la Justicia está del lado de los intereses económicos y no del lado del desprotegido”, aseveró Osorio.
