El juez federal Sebastián Casanello llamó a declaración indagatoria a Eduardo Belliboni para el 26 de junio, junto a una extensa lista de dirigentes sociales. Se les atribuye los delitos de extorsión y administración infiel sobre el dinero que manejaban del plan Potenciar Trabajo. La sospecha es que utilizaban el programa de ayuda social “con fines políticos-partidarios a través de sumar militancia y fondos a sus agrupaciones”.
Los números bajo investigación son por muchos ceros. Las agrupaciones piqueteras manejan mensualmente, cifras elevadas de dinero que provenía del Estado nacional. Dos de los espacios involucrados en la maniobra de posibles extorsiones y desvío de fondos recibieron cerca de 600 millones de pesos en el gobierno de Alberto Fernández para manejar partidas correspondientes al programa Potenciar Trabajo. Uno de ellos es el que responde a Belliboni.
“Considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ’Asociación Polo Obrero’ y ’Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa “Potenciar Trabajo”, dijo el juez Sebastián Casanello en el llamado a indagatoria.
El llamado a indagatoria incluye a otros referentes del Polo Obrero. El juez Casanello indicó que se comprobó, además, el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, “para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”. Esto podría representar operaciones de lavado de activos.
Se trató -continuó desarrollando el magistrado- de montos significativos “que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado”.
Es decir: “lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, señaló Casanello.
El rol de intermediarios para otorgar planes como el Potenciar Trabajo fue cuestionado por los investigadores porque representó “un abuso de poder, un posible desvío de fondos”, entre otras acusaciones volcadas en el expediente. Las organizaciones sociales bajo investigación se dedicaron -sostiene la imputación que pesa sobre 27 referentes piqueteros- “sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social, cobrarles la entrega de alimentos que debían ser gratuitos y/o forzarlos a participar de marchas bajo la amenaza expresa de dar de baja el plan en caso de no hacerlo”.
Entre los demás citados a indagatoria se encuentran Dina Iramain, Brisa Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches para el día 11 de junio.
Para el 12 de junio deberán presentarse ante el juez Casanello Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia, Mercedes Fossat y María Cecilia Cowper.
Otro grupo de dirigentes sociales deberán declarar el 13 de junio. Se trata de Carlos Fernández Kostiuk, Manuel Alonso y Lorenzo Martelli.
El listado continúa: Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Guillermo Vásquez; Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego y Elizabeth del Carmen Palma.
El rol de intermediarios para otorgar planes como el Potenciar Trabajo fue cuestionado por los investigadores porque representó “un abuso de poder, un posible desvío de fondos”, entre otras acusaciones volcadas en el expediente. Las organizaciones sociales bajo investigación se dedicaron -sostiene la imputación que pesa sobre 27 referentes piqueteros- “sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social, cobrarles la entrega de alimentos que debían ser gratuitos y/o forzarlos a participar de marchas bajo la amenaza expresa de dar de baja el plan en caso de no hacerlo”.
Esa tesis inicial cobró mayor contundencia tras una instrucción complementaria que impulsó Casanello tras la imputación del fiscal Gerardo Pollicita.
La maniobra bajo investigación se vio complementada -entendió el juzgado-, con la “exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa de concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular -referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal”.
Todas esas exigencias, se consignó en la resolución, eran “transmitidas a los beneficiarios del plan por otros beneficiarios de mayor antigüedad en la organización, pero igualmente de marcada vulnerabilidad”.
Este último accionar también se corroboró en el caso de otros dos grupos de personas asociadas bajo la Cooperativa Agustín Tosco y la Asociación Civil Caminos de Tiza.
