La Sala IV de la Cámara Federal de Casación convocó para el 26 de mayo de 2022 a la audiencia para escuchar los argumentos de las defensas que apelaron la sentencia condenatoria en el caso de la Ruta del Dinero K. Entre ellos se encuentra Lázaro Báez sobre quien pesa una pena de doce años por haber lavado 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. Después resolverán si confirman o no las acusaciones dictadas por el Tribunal Oral Federal 4.
Con la disidencia de la juez Ángela Ledesma, los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky fijaron fecha para el 22 de mayo para realizar la audiencia que será la antesala a resolver si dan firmeza al fallo del TOF 4 que condenó al empresario K, a sus cuatro hijos y a otros 21 imputados por lavado de activos.
La convocatoria del máximo tribunal penal se hizo con cinco meses de anticipación ante la “complejidad” de la causa en la que el ex socio comercial de Cristina Kirchner fue juzgado junto a sus hijos y otros acusados por el Tribunal Oral Federal 4, que emitió veredicto en febrero último.
El ex socio comercial de Cristina Kirchner fue el eslabón esencial e indiscutible, para la Justicia, de una estructura que durante tres años (2010 – 2013), se dedicó a lavar dinero: 55 millones de dólares en total. Para esas operaciones utilizaron a Austral Construcciones, la firma insignia que en simultáneo recibía obra pública vial, y tejía diversos negocios inmobiliarios con los Kirchner.
En función de esa acusación, cuando en febrero se leyó la sentencia en la Ruta del Dinero K, con un voto mayoritario el caso quedó vinculado a la obra pública vial donde se juzga a Cristina Kirchner -ya que se lo consideró el delito precedente-, Lázaro Báez no podría haber lavado dinero de no haber obtenido ese caudal de fondos, es decir, licitaciones que contaban con sobreprecios que promediaron el 65%, según la imputación.
Todo lo realizado implicó una importante suma de dinero: llevó a los jueces a ordenar el decomiso por 61 millones de dólares y de 4,7 millones de pesos.
El de la Ruta del Dinero K se considera el mayor juicio en materia de lavado de dinero realizado en Comodoro Py. En su mayoría, las sentencias acusatorias respondieron a la pena máxima que corresponde al delito de blanqueo de activos.
Todo fue apelado por los acusados y en primer término, por Lázaro Báez. Con las apelaciones concedidas y ya elevadas a la Cámara de Casación, se fijó fecha para una audiencia virtual para dentro de cinco meses. Allí, los abogados podrán entregar un memorial por escrito o realizar la ampliación de sus argumentos de manera oral.
La defensa de Báez pidió fijar fecha para esa audiencia con anterioridad al inicio del receso de verano la semana próxima, en base al “derecho de defensa en juicio”. Al analizar la situación, la jueza Ledesma, en minoría, se opuso a la fijación de la audiencia “de manera unilateral” y sin su “conformidad” pues ” resultan exiguos los tiempos de estudio y análisis del caso en razón de su volumen y complejidad, de modo tal de cumplir con los plazos legalmente previstos”-
Al sostener su voto, la magistrada explicó que sin su conformidad, “la decisión que aquí se adopta -insisto, en un caso extremadamente complejo y voluminoso- afecta las reglas de convivencia y de respeto mutuo que debieran primar entre los integrantes de un tribunal colegiado; actitud sin precedentes entre pares”.
Después del cambio de autoridades en el máximo tribunal penal, Gustavo Hornos, quien ejerció la presidencia, fue subrogado en la Sala IV -que resuelve todos los incidentes vinculados a la Ruta del Dinero K-, por Ángela Ledesma. Ahora la magistrada regresará a su sala de origen, la números dos.
La audiencia convocada es parte de los trámites requeridos para que los jueces de la Casación comiencen a analizar las apelaciones formuladas y resolver, finalmente, si avalan lo sentenciado por el TOF 4 o si harán lugar a los reclamos de los 24 imputados.
La causa
La principal acusación contra el dueño del Grupo Austral fue la de organizar una “banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad”. En total se blanquearon 55 millones de dólares y sin la firma constructora, un conjunto de financieras las maniobras no se habrían concretado.
Tal como se había establecido durante la instrucción del caso, a cargo del fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello, el TOF 4 tuvo en cuenta el “atesoramiento de fondos en Suiza” por parte de Báez, y el reingreso de una porción del dinero al país a través de Austral Construcciones.
En este expediente que inició en 2013 se procesó a Báez, a sus cuatro hijos y a otros 22 imputados por haber montado una estructura de “sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de. por lo menos. unos sesenta millones de dólares”.
Para estas operaciones se utilizaron firmas como Austral Construcciones (adjudicataria de 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos), la financiera SGI, la empresa Helvetic entre las principales.
Como las causas de lavado de dinero requieren de un delito precedente, la Ruta del Dinero K quedó vinculada con la causa de la presunta defraudación al Estado por la asignación irregular de obra pública a Báez durante el gobierno kirchnerista. Este punto contó con el reconocimiento de los jueces Néstor Costabel y Adriana Pallioti.
Además, se tomó como delito precedente la usina de facturación apócrifa que utilizó Lázaro Báez por más de $ 55 millones.
AFG
