La Justicia detuvo este martes a tres personas en el marco de la causa que investiga el hackeo al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y otros funcionarios judiciales.
La decisión la tomó el juez Marcelo Martínez De Giorgi quien dispuso primero un operativo en Junín, en la provincia de Buenos Aires, para detener un ex oficial de la Policía Federal llamado Ariel Zancheta.
A la par, la Gendarmería detuvo en Misiones a otras dos personas que según la Justicia fueron las que activaron en sus celulares el chip que pertenecía a la línea de teléfono móvil de Rosatti.
Los tres detenidos están acusados de ser integrantes de una banda que se dedicada al hackeo de los dispositivos electrónicos de funcionarios judiciales y políticos.
Con estos operativos se abre una nueva línea de investigación en la causa que se inició por una denuncia del juez de la Corte. Rosatti había denunciado que le habían tomado la línea telefónica y según al Justicia desde allí habrían realizado varios llamados.
El caso es similar al que sufrieron el ex ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro y el diputado Diego Santilli. A ambos les robaron la línea del celular y desde allí tomaron el control de sus teléfonos. A D’Alessandro le filtraron supuesto chats que luego la Justicia determinó que podían ser adulterados.
Mientras De Giorgi ordenaba detener a los tres involucrados, en paralelo se entregó a la Justicia y quedó detenido en el marco de esta causa el hacker Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, que ya era investigado en otro expediente por haber intervenido a D’Alessandro y Santilli.
Para la Justicia en el espionaje a Rosatti y otros jueces hay una “gran organización encabezada por dos o tres personas que tercerizan los servicios de espionaje”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.
El encargado de detectar al ex oficial de la Policía Federal que quedó detenido fue el fiscal Gerardo Pollicita. Zancheta ingresó en reiteradas oportunidades a Nosis para obtener información de jueces federales y de los integrantes del máximo tribunal. La fiscalía detectó que buscó información sobre Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso (integrantes del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a Cristina Kirchner). También sobre los camaristas responsables de revisar esa sentencia acusatoria, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Todos denunciaron que fueron hackeados como Rosatti.
También aparecen búsquedas sobre los otros integrantes de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Lo llamativo del informe que llegó a la fiscalía a cargo de Pollicita fue que las búsquedas de Zancheta abarcaban un universo de 150 personas entre ellos “importantes políticos y dirigentes actuales, como también ex presidentes”, indicaron fuentes del caso.
Al momento de situar la maniobra delictiva en una ventana temporal, el fiscal se refirió al comienzo de la misma a partir de febrero del año pasado cuando “un grupo de personas que, actuando de manera coordinada, realizaron un conjunto de actos -entre ellos, el acceso ilegítimo a bancos de datos personales de las víctimas- tendientes a tomar el control de las líneas telefónicas de magistrados del Poder Judicial de la Nación”.
La maniobra, entiende el ministerio Público Fiscal, buscaba “acceder ilegítimamente a aplicaciones de comunicación; lo que les permitió conocer su historial de conversaciones y demás documentos e información existente en dichas plataformas (fotografías, vídeos, opiniones, etc.), suplantar la identidad digital de las víctimas (lo que posibilitó enviar mensajes a su nombre) y tener en su poder información privada y acceso a sus cuentas con el fin de cometer otros delitos”.
“Un gran plan criminal”
El fiscal Pollicita entiende que se tratan de piezas de un mismo rompecabezas y en primer término pidió la conexidad de todos los expedientes y que el hacker de Eldorado (Misiones) Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro sea citado a indagatoria en este expediente.
Bajo este criterio que estableció la fiscalía, hace veinte días el juez Martínez De Giorgi ordenó la conexión de todas las líneas de investigación.
Si bien al inicio del expediente los elementos incorporados apuntaron a las ciudades de Posadas y Garupá –provincia de Misiones-, como los lugares donde se localizaron los puntos de venta en los que se adquirieron las tarjetas SimCard asociadas a las líneas telefónicas desconocidas por el juez Rosatti, y que dio origen a la causa, “con el devenir de la investigación, dicho indicio se tornó estrictamente circunstancial, puesto que se incluyó la aparición de nuevos damnificados de similares maniobras delictivas, entre ellos varios ministros de la CJSN, quienes no sólo desempeñan sus funciones en el máximo tribunal del país, sino que concretamente sus actividades laborales las realizan en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, indicó el juez.
Así, todas las líneas de investigaciones que se fueron abriendo serían parte, señaló el magistrado, “de maniobras más amplias que las inicialmente denunciadas, que afectarían a diversos integrantes de la Corte Suprema de Justicia”.
En este entramado el fiscal Pollicita dio curso a la investigación sobre el ex suboficial retirado de la Policía Federal y solicitó que se avance con otra línea que incluye a otros posibles hackers contratados para realizar tareas similares a las imputadas, por ejemplo, a Nuñes Pinheiro. “Es una gran organización tercerizando en diversas personas estos trabajo”, señalaron a Clarín fuentes allegadas al caso.
Cuando el fiscal pidió esta unificación de las diversas denuncias presentadas en Comodoro Py, lo que incluye también la causa donde se investiga el hackeo al celular de D’Alessandro y Santilli, se refirió a la gravedad de los hechos.
Se trata, según el fiscal, de un “plan criminal vinculado a maniobras relacionadas con la afectación de líneas telefónicas, cuyos damnificados resultan ser en gran parte de los casos jueces que desempeñan sus funciones en esta ciudad”, se añadió otro factor de gravedad, “entre ellos se encuentran varios Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y diversos magistrados federales”.
De esta forma, “nos encontramos frente a acontecimientos ocurridos en un período temporal cercano, que guardan características similares, encontrándose todos ellos relacionados con la vulneración o afectación de líneas telefónicas vinculadas con distintos magistrados”.
En otras palabras, dijo Martínez De Giorgi, “surge evidente la conexión en torno a la selección de las víctimas, dado que –como se dijo- revisten el carácter de jueces federales y ministros del Tribunal Supremo, y las maniobras ilícitas se desarrollaron en pleno ejercicio de sus funciones públicas y en un cercano lapso temporal”.
