Ayer viernes, la Cámara Federal de Casación anuló el sobreseimiento de Darío Monteros, intendente de Banda del Río Salí, en una causa que investiga la contaminación generada por basurales clandestinos en esa ciudad. La causa había avanzado hasta el llamado a indagatoria del intendente, pero antes de eso la defensa de Monteros pidió su sobreseimiento ya que “se había vulnerado el derecho de defensa y el debido proceso”.
Si bien el juez de instrucción rechazó el planteo, la Cámara Federal de Apelaciones le dio la razón y declaró la nulidad de lo actuado, sobreseyendo al jefe municipal. Esta última medida, a su vez, es la anulada por la Cámara Federal. Ahora, la causa vuelve a donde había quedado y la investigación será retomada por la Justicia Federal. El fiscal federal Gustavo Gómez compartió la noticia y brindó declaraciones.
“Contaminar con basurales o vaciaderos clandestinos es un delito federal y el responsable es el intendente que lo permite”, señaló. La causa inició en 2011, con una denuncia sobre la contaminación ambiental generada por los vaciaderos de basura ilegales ubicados en la ciudad del este tucumano. La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal N° 1 y fue recién en abril de 2019 que se dispuso un allanamiento del terreno en los márgenes del Río Salí.
Desde el puente Oscar Barros hasta el puente Lucas Córdoba, para tomar muestras del agua y del suelo en los basurales. Los análisis de esas muestras estuvieron a cargo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta. Ya en 2021, el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la declaración de Darío Monteros, asegurando que es el intendente quien permitió que existan dos basurales clandestinos al margen del Río Salí.
“Como intendente de dicha ciudad, no puede desconocer la naturaleza de los residuos que se depositan en los mencionados basurales”, afirmaba en ese momento el MPF. Cuando se estaba por acusar a Monteros, su defensa pidió su sobreseimiento ya que no había participado del procedimiento de recolección y análisis de pruebas, por lo que “se había vulnerado el derecho de defensa y el debido proceso”.
También pedía la nulidad de las pruebas, ya que eran “carentes de valor para respaldar la imputación realizada en su contra”. “Luego de esto hubo dos instancias más: el 6 de diciembre de ese mismo año, el juez de instrucción rechazó el planteo de la defensa, lo que fue apelado y tomado por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán”.
“Allí, en septiembre de 2022, se le dio la razón a Monteros, se aseguraba que se “vulneraron los principios constitucionales del debido proceso legal, de la defensa en juicio y de la legalidad” y por lo tanto el intendente quedaba absuelto. Sin embargo, a partir de la disposición de la Cámara Federal de Casación la causa se reactiva y el intendente deberá enfrentar el proceso legal ya abierto en su contra por la Justicia Federal.
