La investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi dio un paso clave cuando el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz solicitó la detención del ex intendente Luis “Pato” Campos, su ex secretario de Hacienda José Roldán y el supuesto empresario de la construcción Roque “Chipi” Giménez. Sin embargo, no pudo avanzar con el pedido contra la legisladora Sandra Figueroa —esposa del ex jefe municipal— debido a que cuenta con fueros parlamentarios.
Si bien el planteo inicial fue rechazado por un vicio procesal, el juez federal José Manuel Díaz Vélez autorizó al fiscal a continuar con la pesquisa, avalando así el rumbo de la causa que investiga supuestas irregularidades en la concesión de obras públicas, lavado de activos y vínculos con redes de narcotráfico.
En este marco, Gendarmería Nacional llevó a cabo una serie de allanamientos en las viviendas de los ex funcionarios y del empresario. Según trascendió, se secuestraron teléfonos celulares (incluido el de la legisladora Figueroa), computadoras, documentación sensible y se identificaron vehículos en los distintos domicilios inspeccionados. En el caso de Giménez, fueron allanados tres inmuebles y se constató que la dirección de su empresa, Giménez Consulting Groups, no corresponde a una sede activa ni localizable.
Cabe destacar que estas medidas se superpusieron con procedimientos similares ordenados por la fiscal Mónica García de Targa, quien instruye un expediente paralelo en la justicia provincial.
Vehils Ruiz también consiguió el respaldo del gobierno provincial en el marco de la investigación. A través de la fiscal de Estado Gilda Pedicone, se remitió al juzgado una copia certificada del Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el gobernador Osvaldo Jaldo dispuso la intervención del municipio. Además, el interventor Guillermo Norry fue instruido para entregar de forma urgente toda la documentación administrativa requerida por el Ministerio Público Fiscal.
Entre los puntos clave de interés, el fiscal apunta a reconstruir los movimientos financieros, compras, contrataciones y adjudicaciones de obra pública realizados por el municipio desde 2017. El juez Díaz Vélez también autorizó la inhibición general de bienes a nombre de los cuatro principales investigados, una medida que busca asegurar eventuales recuperos patrimoniales.
Todo el material incautado ya comenzó a ser analizado por peritos y equipos técnicos. “Será una investigación larga y compleja”, reconocieron fuentes judiciales, que indicaron que la causa se encuentra en una etapa clave. Cuando Vehils Ruiz lo considere oportuno, podrá solicitar que los involucrados sean citados a declaración indagatoria, paso que marcará la definición procesal de su situación judicial.
