El crimen de un joven en San José tuvo un giro inesperado. La Justicia Federal investiga un posible caso de secuestro extorsivo. Los acusados son policías que tuvieron intervención en el caso y, las víctimas, tres parientes de un sospechado de tener vínculos narcos en el Barrio Oeste II y también mencionado en la interna por la lucha del poder de la barra brava de San Martín.
El martes 12 de febrero, Santiago Delgado (27 años), se encontraba con dos amigos en la esquina de Batalla de Salta y Alfredo Guzmán. Dos personas que se movilizaban en motos realizaron al menos cinco disparos. Una de las balas hirió mortalmente a la víctima. Los autores fueron rápidamente identificados porque las cámaras de seguridad registraron el andar y el ataque de los sospechosos.
Los investigadores apuntaron a dos habitantes del Oeste II. Hicieron un operativo en el barrio. Aprehendieron a José Ignacio “Nacho” Villafañe (19) y al adolescente T.M.B (17) al considerar que habrían sido los autores del crimen. Por pedido de la auxiliar María José Agüero, siguiendo las instrucciones del fiscal Pedro Gallo, la Justicia dispuso que los acusados siguieran detenidos por cuatro meses.
Ese es el tiempo que dijo necesitar la fiscalía para terminar de investigar el caso. El móvil del homicidio aún no fue establecido, pero hay fuertes sospechas de que podría estar vinculada a una pelea territorial por la venta de drogas. “Nacho” es primo de Santiago “Cara i Gota” Villafañe, otro sospechoso de dirigir una red de narcomenudeo en esa zona de la capital y actual referente de la barra brava del “Santo”. El adolescente, según creen los pesquisas, sería uno de sus “soldaditos” más fieles.
“Pasados”
“Ese día los ‘milicos’ estuvieron pasados. Metieron a todos en cana. No les importó nada”, se quejó Julián Herrera, jubilado que reside en la zona. A dos semanas de haberse registrado el homicidio, surgió otro hecho que ya fue judicializado. Tres parientes de Javier “Chuky” Casanova, otro de los ‘pesados’ del Oeste II y supuesto rival de “Cara i Gota”, habrían sido privados de su libertad ilegalmente para exigir el pago de $1 millón a cambio de no involucrarlo en el homicidio.
Según se pudo establecer, dos mujeres y un joven hipoacúsico fueron aprehendidos y trasladados hasta la comisaría de San José. De acuerdo a la declaración, utilizaron su celular para enviarle mensajes y conversar con “Chuky”. El pedido siempre fue el mismo: entregar esa suma de dinero para que sean liberados y despegar a su pariente de la causa.
De acuerdo a la declaración de una de las víctimas, los policías las presionaron para que le entregaran el dinero y hasta amenazaron con encerrarlas en una celda común junto a una decena de detenidos. Con el correr de las horas, las tres víctimas fueron trasladadas hasta la comisaría de Lomas de Tafí. Allí, según declararon, las hicieron participar de la filmación de un video en el que se mostraría el momento en que eran bajadas de un móvil e ingresadas a la dependencia policial.
EVIDENCIA. Un móvil policial sufrió daño durante los incidentes.
Los denunciados no sabían que “Chuky” Casanova se había contactado con su abogado particular para comentarle la situación. Nicolás Ruiz Belmonte relató telefónicamente lo que estaba sucediendo a los funcionarios de la Justicia Federal que comenzaron a investigar el hecho. Por orden del fiscal federal Rafael Alberto Vehils Ruiz y el juez José Manuel Díaz Vélez, efectivos de la Policía Federal se presentaron en la comisaría de Lomas de Tafí, donde encontraron a los denunciantes y ordenaron su inmediata libertad.
Ratificación
Ruiz Belmonte confirmó la denuncia, pero aclaró que hasta el momento no pudo conocer en detalle el expediente. Sí confirmó que las víctimas no sólo colaboraron con la Justicia realizando la denuncia correspondiente, sino que entregaron los celulares donde quedaron registradas las llamadas y los mensajes enviados de “Chuky”.
La Justicia Federal dispuso que la Policía Federal custodie el hogar de los denunciantes, pero la medida se mantuvo durante una semana. “Toda la familia Casanova está con mucho miedo. No nos olvidemos que es una causa donde está involucrado el personal policial que es en teoría el que nos debe cuidar”, acotó.
“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Vamos a aportar a la fiscalía pruebas útiles para que se descubra la verdad de todo esto. Este tipo de hechos no se puede tolerar en un estado democrático. La familia Casanova lo único que quiere es vivir en paz, poder salir tranquilos a la calle y realizar sus actividades diarias con normalidad como cualquier persona”, finalizó el profesional.
La madre de “Chuky” se presentó en las últimas horas en la Justicia. No sólo ratificó la denuncia, sino que habría identificado uno por uno a los efectivos que la habrían privado de la libertad.
Fuentes del Ministerio de Seguridad informaron que no estaban al tanto de la denuncia, pero que de manera inmediata iniciarían un sumario para determinar lo que sucedió. Destacaron además que se pondrán a disposición de las autoridades judiciales para esclarecer el hecho.
LA GACETA sí pudo establecer que en la planilla de antecedentes figura que las víctimas habían sido demoradas por atentado y resistencia a las autoridades, es decir, habrían estado involucradas en los incidentes que se registraron en el operativo que se realizó en el barrio Oeste II.
Los vecinos del Oeste II desconfían y piden más presencia policial
“No sorprende que haya pasado eso. Si aquí vivimos como en México. Ya no queda la gente laburante, sino estos mocosos que se están drogando todo el tiempo o que venden drogas”, exclamó indignado Mariano Rodríguez. “Acá todo el mundo sabe quién es quién. No nos animamos a denunciar porque sabemos que la pasaremos mal. Ahora espero que la Policía venga todos los días con el ‘trencito’ a ver si los acobarda a estos delincuentes”, añadió.
Los vecinos piden que el “trencito” pase por el barrio todos los días.
Rosa, otra vecina del barrio Oeste II, indicó que ese día hubo un fuerte procedimiento en el que se llevaron a malos y buenos. “Ahora vienen a hacer la denuncia. ¿Y si la hicieron para perjudicar a la Policía así no lo molesten?”, preguntó Estela Herrera. “Pero también tengo derecho a desconfiar de la Policía y, fundamentalmente de la Justicia porque estos nunca quedan presos. Los llevan, salen y vuelven los problemas”, agregó la mujer.
Según los vecinos, los clanes que dominan el barrio se están apoderando de todos los departamentos que utilizan para guardar drogas y armas. “¿La Policía y la Justicia no saben de esto? Aquí nadie va a denunciar porque a la semana yo lo estarán velando”, dijo Oscar Pedraza. “Esto es de nunca acabar. Hasta que no saquen a toda esa gente de aquí, seguiremos viviendo con miedo”, finalizó el hombre.
