RAWSON.– En una sentencia interlocutoria dictada este martes, el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, resolvió hacer lugar a la medida autosatisfactiva solicitada por Chubut contra el Estado Nacional y dispuso el cese de la retención de los fondos de la coparticipación federal que la Casa Rosada ordenó a raíz de una deuda de la provincia con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. El magistrado no ordenó devolver los fondos retenidos por el gobierno de Javier Milei, 13.500 millones de pesos, pero sí que la Nación deje retener a futuro fondos de la coparticipación al gobierno de Ignacio Torres (Pro) hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el periodo máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso.
Sastre exhortó a las partes a que arbitren medios “conducentes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial”.
Por otra parte, no solo rechazó la orden de devolver las sumas ya retenidas, sino también la imposición de condiciones de una eventual refinanciación.
Según pudo saber LA NACION, la Casa Rosada apelará el fallo de Sastre, por entender que el magistrado federal de Rawson no es competente en la disputa.
Sobre Chubut pesa el pago de una deuda con el Fondo que, según quedó previsto en la gestión del exgobernador Mariano Arcioni, debía hacerse en 10 cuotas y ajustado por inflación a partir de 2024. Cada pago representa el 30% el total de la masa salarial prevista para empleados estatales, por lo que la retención de un primer pago por parte de la Nación, la semana pasada, provocó la inmediata reacción del gobernador Torres.
Según se precisó, “la provincia tiene que solventar cuestiones esenciales como la seguridad, la salud, la educación y pagar los salarios de estatales, que tienen carácter alimentario” algo que se vería comprometido si se quita el 30% de los ingresos por coparticipación federal.
El fallo de Sastre produjo repercusiones inmediatas en el oficialismo chubutense, que buscó revancha luego de las fuertes descalificaciones que Milei le dedicó a Torres durante la última semana. “La Justicia Federal le dio la razón a Nacho Torres: el Gobierno Nacional retuvo ilegalmente la coparticipación de Chubut. Van a tener que tomar cursos de contratos y envío de correos electrónicos. Mientras, no van a poder seguir reteniendo lo que le pertenece a la provincia”, celebró el vicegobernador chubutense Gustavo Menna.
Sastre es el mismo juez federal que la semana pasada falló en favor del gobierno de Torres en la pulseada por los subsidios al transporte público. En ese expediente, ordenó a la Nación que restablezca el Fondo Compensador para afrontar el subsidio a la provincia. El magistrado dispuso que el Estado nacional “se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior con significación en el transporte urbano y suburbano de pasajeros en jurisdicción de la provincia del Chubut”.
Qué dice el fallo
En el fallo de este martes, Sastre fundamentó su decisión marcando el quiebre entre la ayuda que el massista Arcioni recibió del gobierno de Alberto Fernández y la falta de asistencia de Milei a Torres, pese a que el marco normativo sigue siendo el mismo. “Habiendo el Estado Nacional asistido financieramente a un Gobierno Provincial saliente [en alusión a la ayuda que Arcioni recibió de Sergio Massa], con mayor razón debería apoyar y flexibilizar su política de saneamiento y refinanciación de deudas publicas provinciales –accionar que habría sido aplicado a la provincia en el pasado cercano, tan solo distante doce meses atrás–, máxime cuando tampoco ha variado el marco normativo”, indicó el juez.
Sastre agregó que “el accionar de la demandada [la Casa Rosada], esto es, desoír o guardar silencio a una petición de refinanciación y/o cancelación de la actora, no ha sido acorde a su actuar pasado. En efecto, se encuentra en clara contradicción con la conducta asumida con anterioridad”.
El juez destacó la historia en torno relación que mantuvo Nación con Chubut, y sostiene que “lejos de exhibir una férrea política respecto a las facilidades de financiamiento, se ha mostrado abierto a otorgar soluciones a los altibajos financieros de la provincia del Chubut”.
Consideró que el actual accionar de la Nación “resulta irracional, así como contrario a la finalidad de la norma que constituye el Fondo y a la que dispone la refinanciación de la deuda ahora en pugna, pues, encontrándose en una posición claramente dominante, decide ignorar las peticiones de refinanciamiento efectuadas por la Provincia, obviando el estado de emergencia que atraviesa”.
El magistrado afirmó que la Casa Rosada “omite adoptar medidas paralelas que amortigüen los efectos negativos que en la economía de la accionante provoca el dejar de percibir de manera diaria los fondos coparticipables que le corresponden. En efecto, una media de tal naturaleza repercute negativamente en las arcas provinciales, poniendo en situación de riesgo el cumplimiento de funciones esenciales”.
También indicó que “la solución que impulsa el Estado Nacional no se condice con su accionar en años anteriores, en los que la situación financiera y de necesidad de saneamiento de las cuentas públicas de la accionante resultaba idéntica a la actual. A saber, en los años 2020, 2022 y 2023, otorgó financiamiento, refinanció y hasta suspendió el cobro de la deuda. Sin embargo, en el año 2024, ante las peticiones de la provincia de igual naturaleza, a los fines de refinanciar la deuda, la demandada guarda silencio”.
Y aludió que “la Corte Suprema ha anulado decisiones administrativas discrecionales con fundamento en la arbitrariedad, cuando el acto carece de motivación, pues consideró que de esa manera se impide verificar si la resolución cuestionada se ajustó o no a pautas de razonabilidad”.
Para Sastre, “nos encontramos ante una injusta e intransigente posición por parte de la demandada, sumado a una inexistente política de absorción de consecuencias por parte del Estado Nacional respecto de la Provincia del Chubut llevada a cabo por el descuento automático de fondo coparticipables”.
Aseguró que “dicho accionar conduce al agravamiento de la situación especial por la que atraviesa la Provincia del Chubut, cuyo estado de emergencia económica, financiera y administrativa fuera dispuesto mediante la Ley Nº VII N° 94; más aún cuando las retenciones representan más de un tercio de lo que percibe en concepto de coparticipación, situación que no podría prolongarse en el tiempo sin afectar servicios esenciales tales como salud, higiene, educación, etc., necesidades básicas de la población cuya satisfacción se debe garantizar”.
También remarcó que desde Nación “ni siquiera se abarajó la posibilidad de optar hipotéticamente por una intimación previa que indicara que a partir de determinado mes se aplicaría de manera automática la cláusula descuento de los fondos coparticipables; sino que de forma intempestiva, y ya iniciado el ciclo anual del 2024, previsto por el accionante el respectivo presupuesto provincial –el cual con seguridad contemplaría la asistencia del Estado Nacional respecto de dicho fondo–, el día 19 de febrero de 2024 el Gobierno Nacional, sin más, comienza a descontar de manera automática y hasta la fecha de la presentación de la demanda, la suma de pesos $13.313.605.810,66 a cuenta del vencimiento pactado con el FFDI”.
“Por ello, entiendo que la decisión del Gobierno Nacional ha sido inconveniente e intempestiva, provocando desequilibrio de las cuentas provinciales y un claro perjuicio a los habitantes de la provincia del Chubut”, expresa el fallo.
El magistrado también le dio la razón a Chubut, sin mencionar la polémica, en el cruce de acusaciones con la Casa Rosada sobre los avisos y correos electrónicos que, desde un lado y el otro, afirmaron haber intercambiado. El juez federal de Rawson dijo la Provincia “da cuenta de haber formulado solicitudes de refinanciación al Secretario de Hacienda de la Nación (v. Notas N° 14/2023 y N° 65 /2024), y de haber propuesto al Ministro del Interior de Nación no sólo un plan de refinanciación de deuda (v. Nota N° 67/2024)”.
También de “haber pedido autorización para una nueva operación de endeudamiento destinado íntegramente a la cancelación de la deuda que mantiene con el Fondo (v. Nota N° 79/2024), sin recibir respuesta formal alguna (o, al menos, sin que el Estado Nacional haya arbitrado medios conducentes tendientes a la sostenibilidad del esquema de gravedad que se le plantea), sufriendo -sin previo aviso- descuentos de la coparticipación de impuestos federales, por un total de $ 13.313.605.810,66 sólo para el período comprendido entre los días 19 y 23 del corriente mes y año”.
Ante el planteo de Chubut para refinanciar su deuda, el magistrado consideró que “la falta de voluntad instaurada por el Estado Nacional a dicho fines ha devenido desigual, irracional e inoportuna, siendo dicho accionar reprochable, y que torna viable el dictado de la medida requerida”.
Por todo ello, resolvió “el dictado de una medida autosatisfactiva que, sin el alcance pretendido por la accionante en torno a la devolución de las sumas ya retenidas y a las condiciones de una eventual refinanciación, pues la validez del acuerdo celebrado y del compromiso asumido por el Estado Provincial excede estos obrados, sí tienda a evitar que la calidad y cantidad de los servicios y bienes públicos que provee a su población puedan verse seriamente comprometidos”.
