La inacción de la Justicia queda demostrada en situaciones que, en apariencia, no tendrían relación hasta que luego la sociedad entera comprueba las consecuencias. Que el legislador provincial Daniel Deiana haya dicho las barbaridades que pronunció en los medios la semana pasada, sólo es posible debido a que el Poder Judicial mira para otro lado y deja hacer a sus anchas a cualquier irresponsable como es el caso del presidente de la Mutual Provincial.
Y es que, si bien es cierto que quedó encerrado en sus declaraciones, en las que vinculó al gobierno de Manzur con el narcotráfico y delitos de corrupción, la realidad es que la Justicia, lejos de hacer algo con el legislador Deiana, dejó pasar los dichos como si no hubieran sido lo realmente graves que fueron. El principal poder del Estado que encarna la Justicia no funciona, tal y como quedó demostrado.
Lo que queda claro es que, si la Justicia funcionara, no podrían existir jamás funcionarios como Daniel Deiana que acusan públicamente, para lograr algún tipo de beneficio que uno desconoce, y que no presenta las correspondientes pruebas a la Justicia. Cabe recordar que esto no es un derecho que tiene un funcionario político, es su obligación tal y como lo estipula el Código Penal. Entonces, ¿Por qué esto no ocurre?
Sin ir más lejos, si la Justicia funcionara en serio y no fuera una ficción como el caso de Tucumán, Daniel Deiana debería estar obligado a denunciar y presentar las pruebas ante el tribunal correspondiente. Pero si la Justicia actuara en serio, de no presentar nada, el propio legislador debería ser el denunciado por la simple y contundente razón de no cumplir con sus obligaciones y deberes de funcionario público.
¿Acaso la Justicia actúa como factor de poder antes que como controlador? ¿No debería actuar en lugar de especular? No puede haber indulgencia de parte de la sociedad para con un Poder Judicial que se convirtió en una obscenidad que juega al todo pasa. Es decir, una Justicia que no funciona en la provincia, que con su silencio para con el acting de un legislador, se convierte en cómplice de esas denuncias livianas de pruebas.
Y es que ningún juez, ni fiscal llamó de oficio al legislador para que diga con nombres y apellidos quiénes fueron aquellos que cometieron los supuestos delitos, según las públicas manifestaciones realizadas por Deiana. Mucho menos se preocupó nadie del Poder Judicial para averiguar quiénes son los integrantes del conocido “grupo de legisladores investigadores”.
Por otro lado, ¿Qué decir de la deficiente actitud de la oposición de Tucumán? Por el bussismo, Ricardo Bussi, Nadima Pecci; por el radicalismo, José María Canelada en la Legislatura, Silvia Elías de Pérez en el Congreso y Roberto Sánchez y Mariano Campero por las intendencias; por la Coalición Cívica, Sandra Mendoza y por el alfarismo, Raúl Pellegrini, Walter Berarducci y Raúl Albarracín en el parlamento local y Beatriz Ávila en Diputados, tampoco se expresó Federico Masso. Todos callan, todos serían cómplices por acción u omisión.
Ningún espacio político salió a decir nada al respecto de las graves denuncias de Daniel Deiana. ¿Acaso no reviste extrema gravedad institucional que un integrante del cuerpo legislativo haya realizado semejante acusación y después no hiciera nada? Todo pareciera indicar que la oposición de Tucumán está haciendo una especie de defensa corporativa de otro de los integrantes de la legislatura provincial.
No parecen entender o no quieren hacerlo, los representantes de la oposición de Tucumán que las declaraciones que realizó Daniel Deiana acerca de una supuesta investigación que estaban llevando a cabo “algunos legisladores”, los cuales, iban a presentar pruebas ante la Justicia en contra del gobierno provincial, más precisamente al entorno del gobernador Manzur, por narcotráfico y corrupción, son de una gravedad institucional sin precedentes en la provincia.
Está más que claro que decir cualquier barbaridad sin fundamento alguno no tiene sanción en este país, menos en esta provincia. Ni de parte de la Justicia ni del lado de la oposición. Cualquiera puede decir cualquier cosa, por más grave que sea y, sin embargo, jamás nadie parece pagar las consecuencias, menos aún, cuando quienes realizan estas graves acusaciones, pertenecen al poder político.
Así como la Justicia deja mucho que desear, es necesario hacer hincapié en el hecho de que ningún legislador opositor habló de esto, es decir, de las graves acusaciones que no tendrían fundamentos de parte del legislador, que padece un fuerte ataque de verborragia y cada día con mayor frecuencia. Ningún integrante del parlamento tucumano, institución que se espera que represente al pueblo de Tucumán, alzó la voz.
Ya no para gritar, ni siquiera para susurrar alguna crítica hacia el accionar vergonzoso, cobarde, mal intencionado e hipócrita de parte de Daniel Daiana. ¿Acaso le deben algo? ¿O es que tal vez la defensa corporativa entre legisladores no distinga oficialismo ni oposición? Tal parece que la impunidad es lo que une a la totalidad de los legisladores, por las dudas el día de mañana alguno necesite de ella para protegerse de dar explicaciones a la Justicia.
