La Justicia no tiene evidencias de que los incidentes en el Congreso hayan sido un ataque contra Cristina Kirchner

A diez días del ataque al Congreso en medio del tratamiento en la Cámara de Diputados del acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la justicia federal no tiene elementos para sostener que haya existido un atentado direccionado hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner, según indicaron a Infobae fuentes de la investigación. Así surge del análisis de las cámaras de seguridad de la Policía y de la recolección de imágenes televisivas en donde quedaron registradas las pedradas. También de los resultados de los cinco allanamientos y las pesquisas sobre los once sospechosos que tiene el expediente.

Dos de ellos –Jonatan Emanuel García y Leonardo Cáceres– ya fueron indagados y se negaron a declarar. Uno fue excarcelado y al otro se le concedió la exención de prisión tras prohibirle la salida del país. Un tercer implicado, sabiéndose buscado, ya se puso a través de un abogado a disposición de la justicia. Hay otros cuatro con pedido de captura porque no pudieron ser localizados en sus domicilios. Además, los investigadores identificaron a un sospechoso como la persona que les alcanzaba piedras a los que tiraban contra el edificio. Ninguno de ellos tiene antecedentes (salvo uno de ellos una causa cuando era menor de edad) y tampoco se ha acreditado una identificación pública a un partido político u organización. La causa no tiene detenidos, pero sigue la investigación sobre los implicados.

Las diligencias, que aún están en trámite no han permitido establecer que haya existido una “organización” para atacar las oficinas de la ex presidenta de forma direccionada, más allá de que se vea una “coordinación” a la hora de atacar la sede del Congreso Nacional, señalaron las fuentes. “No está acreditada una intencionalidad contra Cristina Kirchner en particular”, insistieron.

El dato no es menor teniendo en cuenta el revuelo interno que generó dentro del Gobierno las pedradas sobre el despacho de la Vicepresidenta. Precisamente, la presidencia del Senado de la Nación, a cargo de CFK, solicitó este lunes ser querellante en la causa que tramita la jueza María Eugenia Capuchetti con el fiscal Carlos Rívolo. La jueza ya aceptó el pedido. La causa investiga los delitos de “intimidación pública” y “daño agravado”.

En la presentación difundida desde la página del Senado se sostiene que hubo un grupo de personas “que, apostados sobre la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, de forma coordinada, comenzaron un violento ataque sobre el Congreso de la Nación, específicamente sobre las ventanas que dieran al despacho” de Cristina Kirchner -en donde la ex jefa de Estado se encontraba-, que se podían ver marcas rojas que habrían servido de “señalización” y que existió el “objetivo atentar directamente contra dicho sector del Congreso Nacional”.

Hasta ahora, los investigadores tienen en claro que existió un ataque al Congreso que afectó no solo el interior del despacho de la Vicepresidenta, sino también de los senadores José Mayans y Claudia Abdala. Un informe de la Policía Federal así lo describe.

La investigación por lo ocurrido el 10 de marzo pasado en los alrededores del edificio del Congreso sigue estando dividida. La jueza Capuchetti le pidió a su par de la ciudad de Buenos Aires, Norberto Circo, que le remitiera la investigación que tiene en sus manos, pero por ahora el juez porteño decidió correrle vista a las partes.

A Comodorod Py no llegó aún ninguna respuesta, pero fuentes en los tribunales porteños dijeron a Infobae que la fiscalía a cargo de Mariano Camblong se opuso en un dictamen a derivar el caso al edificio de Retiro. Según entendió, los disturbios en los alrededores del Congreso deben seguir bajo la órbita porteña y defendió su competencia. Cualquiera sea la decisión que adopte el juzgado porteño a cargo de Circo, se descuenta que la resolución será apelada y por lo tanto seguirá, por ahora, habiendo dos trámites distintos hasta que el conflicto de competencia llegue a ser dirimido en la Corte Suprema.

La causa porteña tiene dos sospechosos con prisión preventiva: Oscar Santillán y el ciudadano venezolano Alexander Rodríguez Carrero, sospechados de ser parte de un asociación ilícita que protagonizó y coordinó los incidentes e incurrió en delitos como “atentado a la autoridad, daño agravado al patrimonio de la cuidad, obstrucción a la vía pública, ensuciar bienes y portar armas no convencionales”. Tanto Santillán como Rodríguez Carrero aparecen ligados al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).