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La justicia ordenó tareas comunitarias para los diez imputados por amenazas a Sergio Massa y Malena Galmarini

Los acusados se reconocieron culpables y el juzgado federal de San Isidro también dispuso que hagan donaciones a una asociación civil.

sergio massa junto a malena galmarini
Sergio Massa junto a Malena Galmarini en la cámara de Diputados. Foto Federico López Claro
Descacharreo

El juzgado federal 2 de San Isidro suspendió el proceso a prueba de los diez imputados que se reconocieron culpables en la causa por múltiples amenazas de muerte contra el ministro de Economía, Sergio Massa, y su esposa, la titular de AySA, Malena Galmarini, en 2020 tras difundirse sus números de teléfono en redes sociales, y resolvió que realicen entre 130 y 150 horas de tareas comunitarias.

El fallo, emitido por el tribunal en abril e informado este sábado desde el entorno del titular de la cartera económica a través de un comunicado, también dispuso que los imputados deberán realizar donaciones a la Asociación Civil “Pequeños Pasos”, por montos que varían entre $20.000 y $200.000.

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Se trata de una causa por una denuncia que realizó Massa cuando presidente de la Cámara de Diputados, a raíz de múltiples amenazas de muerte que recibieron él, su esposa y su familia en septiembre de 2020, tanto en redes sociales como por WhatsApp, tras haberse difundido sus respectivos teléfonos.

Luego de la investigación y tras considerarse que “se encontraba suficientemente demostrada las autorías y responsabilidades penales” de los acusados, la justicia resolvió imponerles obligaciones por el término de hasta dos años y seis meses.

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Sergio Massa durante una conferencia de prensa. Foto: Reuters.

De ese modo, teniendo en cuenta que según lo manifestado por la fiscalía sobre que “cada frase empleada es distinta y algunas tienen mayor entidad”, los imputados deberán abonar entre $20.000 y $200.000 a la Asociación Civil “Pequeños Pasos”.

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Además, deberán entregar los celulares utilizados para enviar los mensajes amenazantes, realizar tareas comunitarias y cursos de Derechos Humanos, además de otras obligaciones formales.

Massa había radicado la denuncia en la fiscalía de Tigre-Rincón y después la amplió con material tecnológico adicional.

Poco después de conocerse las amenazas, el presidente Alberto Fernández las calificó de “inaceptables” y pidió “reflexionar a quienes agitan discursos de odio”, a través de un mensaje por Twitter.

El presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, también repudió el hecho: “Quiero expresar mi solidaridad a Sergio Massa, a su esposa Malena Galmarini y toda su familia ante las graves amenazas que sufrieron. La agresión nunca puede ser la manera para procesar el disenso”, escribió en las redes.

DB

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