Han transcurrido unos diez días desde que el pasado lunes 9 del corriente mes se realizara la segunda presentación del pedido de informes a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar. En ese sentido, cabe recordar que esta acción tuvo lugar como consecuencia de que, en el primer pedido de informes, el presidente del tribunal que debe juzgar a Jorge Yapura Astorga por corrupción, contestó con evasivas y sin informar lo solicitado.
Se trata de juez Fabián Adolfo Fradejas, quien es el titular de la Sala III de la Cámara Penal Conclusional. En ese sentido, todo pareciera indicar que el cuestionado magistrado tiene más autoridad que la misma presidenta de la Corte Suprema local, debido a que hace lo que quiere, mientras la Dra. Sbdar mira para otro lado haciéndose la distraída como ya es costumbre por estas latitudes.
O tal vez cabe otra posibilidad, justamente, la de que el tribunal contaría con la venia del vocal del máximo tribunal, Daniel Leiva, hombre del vicegobernador y presidente de la Legislatura Osvaldo Jaldo, a quien se encuentra muy ligado y quien sería el “protector” del ex intendente de Tafí del Valle y actual legislador provincial por el jaldismo acusado de corrupción. Todo esto da cuenta de la podredumbre en la que se revuelca a sus anchas la Justicia en Tucumán.
Pero en este hecho podrían incidir, sobre todo, presuntos actos de corrupción de parte de los jueces que integran dicho tribunal. Dichos actos consistirían en demorar la causa en contra de Yapura Astorga para dilatar el juzgamiento y la segura condena al acusado y a los integrantes de su círculo cercano que también fueron denunciados y se encuentran procesados. Se infiere que esto se debe al temor que infunde en los magistrados el poder político de los sindicados.
Cabe recordar que el Dr. Gustavo Morales, denunció que Fabián Fradejas estaba al tanto de que el juez Morales Lezica (otro integrante del tribunal que debe juzgar a Yapura Astorga) le compraba estupefacientes a un preso antes de ser detenido. Además, el abogado mencionó que “eso está en un acta”, algo que no habría sido descubierto ya que “quien lo encubrió fue Fabián Fradejas, quien era quien presidía ese tribunal y que por supuesto ha mirado hacia otro lado”.
Y es que no se puede pensar otra cosa, que no sea que es la propia Justicia la que estaría ocultando información en la causa del ex intendente de Tafí del Valle y actual legislador “jaldista” procesado por corrupción, Jorge Yapura Astorga, incurriendo en una conducta procesal obstruccionista de parte del Tribunal de Juicio, quién debe llevar adelante el juicio oral y público del procesado.
Además, cabe recordar que la Oficina de Digitalización se encuentra bajo la tutela y coordinación del vocal de la Corte Suprema, Dr. Daniel Leiva, tanto de forma directa como indirecta por medio de Josefina Sánchez. Y es que, con las deficiencias en materia de la digitalización, se lesiona la garantía del básico de derecho al efectivo acceso a la Justicia a causa del excesivo tiempo trascurrido.
En este marco, el abogado Gustavo Morales quiso dejar en claro que “Fradejas es un hombre incondicional de Leiva”, justamente, el vocal más cuestionado de la Corte, según agregó el abogado. De esta manera, se sigue generando una dilación indebida cercana a la impunidad. En definitiva, estaría claro que están dilatando el juicio oral con un expediente cajoneado, lo que significa que la Justicia de Tucumán miraría hacia otro lado y dormir el sueño de los justos.
Pero, sobre todo, la Sala III Penal Conclusional cuando se trata de juzgar a políticos corruptos. En un año, la Justicia de Tucumán, con este accionar, demuestra que no actúa con causas que son sensibles al poder político. Parecería que la Sala III de la mano de su presidente, Dr. Fradejas, estarían protegiendo a este procesado por corrupción, por medio de su silencio e inacción. Ahora bien, cabe preguntarse entonces ¿La Dra. Claudia Sbdar, de qué lado está?
Si nos llevamos por los últimos meses, tendríamos que pensar, que se encontraría en el lado de los jueces que son parte del fracaso del Estado, si tenemos en cuenta casos como el de Jorge Yapura Astorga. ¿Acaso son tantos los intereses que se manejan dentro del Poder Judicial que preside, que le impide actuar conforme a derecho? ¿Acaso existe algún pacto que le asegura al legislador jaldista acusado por corrupción que nada malo le pasará en materia judicial?
