La semana que pasó fue de terror para la Justicia de Tucumán y todo comenzó con la viralización del video en el que se observa al Dr. Orlando Velio Stoyanoff Isas protagonizando un incidente digno de integrar la premiada película “Relatos Salvajes”. El magistrado fue el protagonista principal de un hecho de violencia física y verbal en la vía pública en contra de un trabajador de delivery llamado Franco Alejandro Azán.
En el video, el juez Stoyanoff Isas exhibe una conducta desmedida; inusitada violencia física y verbal, hacia la persona y bienes del ciudadano Azán, que no de no haber mediado la intervención de ocasionales transeúntes hubiera generado con seguridad un hecho de mayores consecuencias, inclusive hasta la propia integridad humana del motociclista. No corrió la misma suerte su moto, herramienta de trabajo que destruyó el juez.
La actitud exhibida por el juez denunciado Stoyanoff Isas, no se compadece con la responsabilidad, decoro, respeto, dignidad, honor, honra, compostura, recato que debe ejercitar y exhibir un magistrado tanto el ejercicio de su función, así como en su vida ordinaria, tal y como fue dejado en clara en sucesivas presentaciones de pedidos de juicio político en contra del magistrado Stoyanoff Isas.
Y es que demás está decir que los jueces de Corte y demás Tribunales inferiores sólo debieran permanecer en sus cargos mientras dure su buena conducta, ya que la misma junto con la idoneidad son los criterios de credibilidad que otorgan la certeza moral de que los jueces administrarán justicia. Si un magistrado carece de esas virtudes, claramente no puede integrar un poder del Estado decisivo como lo es el judicial.
Ahora bien, el lector debe saber que el propósito de la remoción de los magistrados no es el castigo del funcionario, sino la separación del juez para la protección de los intereses públicos contra el riesgo u ofensa derivados del abuso del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo. Esto significa que no existe animosidad en contra de Stoyanoff de ninguna forma.
El punto es que al magistrado se le debe exigir una conducta ética especial en todo momento. De un magistrado debemos esperar siempre lo mejor. Esa es la garantía que tiene el ciudadano, que necesariamente debe confiar en la Justicia. Un juez debe mantener siempre una conducta ética especial por ser quien resuelve sobre nuestros bienes y nuestra libertad, nada más ni nada menos.
En definitiva, los hechos denunciados y lo dispuesto por la normativa constitucional y legal, llevan a concluir que el juez Stoyanoff Isas debería ser inmediatamente separado del cargo. Debido a que al magistrado “se le venía la noche”, en el último día hábil de la semana que terminó se conoció que el magistrado alcanzó un acuerdo extrajudicial con Franco Azán, el trabajador embestido.
El juez le pagará $200.000 por daños y se archivará la causa. A través de un escrito judicial se informó que “las partes hemos arribado a una conciliación que constituye una reparación integral y suficiente para el señor Azán, quien expresamente solicita el cese definitivo de la acción penal”. Sin embargo, esto no significa el fin de lo ocurrido ni mucho menos, por el contrario, esto recién comienza.
Y es que a mitad de la semana que culminó, el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Tucumán resolvió por unanimidad “solicitar a la Honorable Legislatura de Tucumán el juicio político” contra Stoyanoff Isas. Como si eso fuera poco, la Municipalidad de Yerba Buena, conducida por el oportunista intendente Mariano Campero, le suspendió su licencia de conducir por tiempo indeterminado.
Pero lo más importante es que el próximo martes la Comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán tratará el caso de Orlando Velio Stoyanoff Isas. En ese sentido, desde las 10, los parlamentarios analizarán las seis presentaciones realizadas contra titular del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de IV Nominación, según lo declarado por parte de Raúl Ferrazano, presidente de la comisión.
Pero este bochornoso hecho no fue el único que en la semana se conoció acerca del bochornoso papel que desempeña la Justicia en Tucumán. Y es que en una entrevista exclusiva de Tucumán Despierta con el doctor Gustavo Morales, pudimos echar luz sobre el oscuro tribunal de la Sala III del Dr. Fradejas, Romagnoli y Morales Lezica. Sobre este, el abogado dijo que “es el peor tribunal del Régimen conclusional”.
Por medio de su relato, la sociedad pudo acceder a la información que da cuenta, siempre de acuerdo a lo declarado por Gustavo Morales, que el doctor Morales Lezica es un adicto a los estupefacientes, un hecho que constaría en actas propias de la causa Acosta José Rodolfo sobre homicidio. Como si esto fuera poco, el abogado contó que cuando ese preso estaba en libertad, Morales Lezica le compraba estupefacientes.
La podredumbre no se termina allí, debido a que Gustavo Morales aseguró que esto no salió a la luz ya que quien lo encubrió fue Adolfo Fabián Fradejas, quien era quien presidía ese tribunal y que habría mirado para otro lado, de acuerdo a lo manifestado por nuestro entrevistado, quien no se cansó de repetir que un juez drogadicto no puede ser juez como Morales Lezica, “así de sencillo”, aseguró.
Pero la mugre no se detiene allí, ya que Gustavo Morales también denunció que quien era el fiscal que también miró para otro lado es Daniel Gerardo Marranzino. Ahora se entiende mejor cómo personajes impresentables llegan a ocupar un cargo en el Poder Judicial para representar a la Justicia de Tucumán. Ahora bien, cabe preguntarse entonces: ¿Cuál es el papel de la Corte Suprema de nuestra provincia a todo esto?
Justamente, quien respondió esta pregunta fue nuevamente Gustavo Morales, quien señaló que lo que debe hacer la Corte es adoptar las medidas disciplinarias que correspondan. ¿Por qué el máximo tribunal no hizo nada respecto del juez denunciado por drogadicto por parte del abogado Morales? Cabe recordar que se trata de un juez que debe decidir sobre la libertad, la propiedad, la honra y el honor de las personas.
La realidad es que hay una mayoría de la Corte Suprema local que sacó una acordada que ha fallado 3 a 2 y que impide que se practiquen rinoscopias a todos, desde el presidente de la Corte hasta el último ordenanza. Es decir, la Corte se niega a ver que hay jueces drogadictos como es el caso de Luis Morales Lezica, de acuerdo a lo manifestado por el letrado Morales a Tucumán Despierta.
En definitiva, la Corte Suprema es parte del problema y de todos los problemas que sucedan en el Poder Judicial. Pero que Morales Lezica se haya convertido en un juez sentado en su cargo en la Justicia de Tucumán, y que tendría adicción a los estupefacientes se debe al hecho de que claramente han fallado los controles. Primero, el Consejo Asesor de la Magistratura, después la Legislatura, después el titular del Poder Ejecutivo y finalmente la Corte Suprema en ese orden.
Como resulta lógico desde el punto de vista de la impunidad, existen irregularidades en los actos y resoluciones de jueces y fiscales, y de miembros de la cúpula de la Justicia. De hecho, cabe destacar que un porcentaje llamativo de las denuncias por corrupción señalan irregularidades en las resoluciones de jueces y fiscales. En ese sentido, el caso emblemático es el del ex juez federal Nº2 Felipe Terán.
Y es que en el año 2007 fue separado de su cargo por el Consejo de la Magistratura de la Nación y, luego, en 2014, condenado por los tribunales federales a una pena de prisión condicional por las maniobras con títulos de la deuda pública afectados por la cesación de pagos de 2001. Además, hechos similares pero más graves obligaron a Jorge Parache, ex juez federal Nº1, a jubilarse anticipadamente, pero las causas iniciadas en su contra se estancaron.
En 2017, además, el ex magistrado Terán se convirtió en el primer ex funcionario sancionado por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Al respecto, conviene señalar que, en los hechos, el Poder Judicial de Tucumán carece de un órgano de destitución de magistrados. La última remoción tuvo lugar en 2006, antes de la reforma constitucional que modificó el régimen de depuración de los Tribunales locales.
En definitiva, fue una semana de terror para la Justicia, pero es mucho más tenebrosa para los tucumanos a sabiendas de todo lo acontecido en los últimos días. Se trata de un Poder Judicial tomado por la impudicia e impunidad con la que se manejan sus integrantes y lo peor del caso es que todo sucede con la anuencia de la Corte Suprema local, un entramado de oscuridad que debió ser intervenido por la Nación desde hace tiempo. Ahora, quizás sea demasiado tarde.
