La justicia rechazó una medida cautelar para que se ordenara al gobierno provincial el pago de la cláusula gatillo de actualización para los salarios de diciembre pasado.
La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, a cargo del vocal Juan Ricardo Acosta, no hizo lugar al pedido de Gustavo Salas Correa, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) disidente.
El magistrado entendió que una decisión sobre la nulidad del decreto de austeridad del gobernador Juan Manzur demanda un examen más amplio que el que permiten los tiempos de un proceso cautelar.
De esta forma, se mantiene la suspensión de la indexación de los sueldos estatales por el Índice de Precios al Consumidor del año pasado, decretada por Manzur el 6 de enero.
De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Economía, el reajuste debería haber sido de entre el 10% y el 12%, lo que hubiera significado una erogación salarial adicional estimada en $ 850 millones.
En su fallo el vocal alega que la decisión sobre la constitucionalidad (o no) del decreto acuerdo de Manzur necesita que transcurran todas las etapas de debate y presentación de pruebas establecidas en el Código Procesal en lo Civil y Comercial de Tucumán.
