La arremetida del oficialismo volvió a tomar fuerza ayer tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró nulo el decreto parlamentario por medio del cual Cristina Kirchner concretó su grosera artimaña de dividir el bloque oficialista de senadores para arrebatarle a la oposición una banca en el Consejo de la Magistratura. No es una novedad que el oficialismo anuncie que se niega a aceptar fallos judiciales, lo que no quita que sea inadmisible.
Ciertamente, cabe señalar que son habituales esos furibundos ataques a la Justicia por parte de representantes del Gobierno nacional. Hace ya tiempo que, bajo el inexistente paraguas de un presunto lawfare, la propia vicepresidenta Cristina Kirchner viene denunciando y vilipendiando a jueces y fiscales que tramitan causas que la tienen procesada por hechos gravísimos contra la administración pública.
Por caso, el fallecido juez federal Claudio Bonadío fue recusado en la causa Hotesur, en la que Cristina Kirchner resultó sobreseída sin ir a juicio oral. Actualmente, la Cámara de Casación realiza una serie de audiencias para determinar si reabre ese expediente y el del memorándum con Irán, en el que también fue sobreseída por considerárselo un hecho político que no configuró delito. El caso del juez Bonadío ha sido sintomático.
La vicepresidenta lo ha recusado en más de una oportunidad por enemistad manifiesta y por ser “un juez enemigo”. Otro tanto hizo con los jueces Bertuzzi y Llorens, a quienes impugnó por haber dictado la falta de mérito a funcionarios macristas en la causa en la que se investigan presuntas maniobras de espionaje ilegal. En ese mismo expediente, pidió la exclusión de los jueces de Casación Mariano Borinsky y Javier Carbajo, encargados de revisar recursos que llegasen a esa instancia.
Y, como parte de sus artilugios para entorpecer procesos judiciales, se incluye también la durísima y desubicada arremetida contra los fiscales de la causa Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, a quienes pidió apartar de la investigación invocando temor de parcialidad o pérdida de objetividad. El proyecto aprobado en el Senado y girado a Diputados para ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de 5 a 15 va en el mismo sentido de lograr obtener una Justicia adicta con el fin de asegurarse impunidad.
Lo cierto es que, como en otras tantas otras ocasiones, la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus principales personeros pretenden hacer creer a la sociedad que el primordial problema del país es el rol de la Justicia y no una pésima gestión gubernamental que lo ha hundido y sigue sumergiéndolo en la pobreza, cercenando sus posibilidades de crecimiento y clausurando sus expectativas de un futuro mejor.
Responsabilizar a los jueces de las dificilísimas condiciones de vida que hoy soporta el grueso de la población, como pretenden transmitir Cristina Kirchner, el Presidente y una legión de dirigentes enceguecidos de poder, constituye el mecanismo predilecto de quienes abjuran de los sistemas republicanos. Si pusieran en la presentación de pruebas que los des inculpen el mismo énfasis que aplican en denostar a quienes los investigan, no tendrían que seguir tejiendo esta suerte de disparatadas “distracciones” de los verdaderos problemas por los que atravesamos como sociedad.
En definitiva, está claro que está visto que poco tienen para mostrar a la hora de defender su supuesta inocencia. Como ya hemos señalado anteriormente desde este medio, es deber de la sociedad exigir a los dirigentes que actúen con honestidad, respeten las instituciones y asuman las consecuencias de sus actos. Y es que el poder entendido de otra manera no es otra cosa que autoritarismo.
