Este jueves, en una sesión presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, la Legislatura de Tucumán aprobó por unanimidad –tras una serie de modificaciones- el proyecto de adhesión de nuestra provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la Ley 27.742 aprobada por el Congreso de la Nación en el marco de la llamada Ley Bases del presidente Javier Milei.
El proyecto inicial presentado ante el Poder Legislativo por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, proponía brindar incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años para atraer inversiones superiores a U$S 200 millones.
Tras el debate en la Legislatura, se aprobó que esos beneficios se extiendan por un plazo de ocho años prorrogables por otros ocho años más, siempre que los inversores demuestren que se realizaron efectivas inversiones en nuestra provincia y empleando mano de obra tucumana.
Así, Tucumán ofrecería beneficios fiscales y abriría las puertas a inversiones de más de doscientos millones de dólares en materia de forestoindustria, el turismo, la infraestructura, la minería, la tecnología, la siderurgia, la energía, el petróleo y gas.
El RIGI en Tucumán y la minería cielo abierto
El artículo 3 del proyecto para implementar el RIGI en Tucumán establecía la derogación de la Ley 7879 que prohibía la exploración minera en nuestra provincia: así, una vez promulgada la misma, se permitirán exploraciones en los cerros tucumanos.
La Ley 7879 que data del 20 de abril de 2007 prohíbe “la actividad minera metalífera, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro y mercurio en los procesos de producción minera”.
La deorgación no fue aprobada y fue retirada del proyecto, por lo que la Ley que prohíbe la minería a cielo abierto en Tucumán sigue vigente, aunque se habilita la exploración sujeta a leyes ambientales vigentes.
En la antesala de la sesión hubo manifestaciones de organizaciones ambientalistas en las afueras del edificio del Poder Legislativo de Tucumán.
Ante las críticas a la derogación de la ley que impide la megminería en Tucumán, se consensuó con la oposición que el nuevo artículo establezca que “con la presente ley se habilita la exploración minera, quedando la posterior exploración de la actividad sujeta a las disposiciones de las leyes ambientales vigentes, que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio correspondiente, evaluará la viabilidad de los proyectos”.
Voces de los legisladores
El legislador opositor Manuel Courel (Cambia Tucumán) advirtió que “la adhesión al régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) es necesaria pero insuficiente. De hecho, en Tucumán es una ley inocua. No hay ningún proyecto de esta envergadura (inversiones de 200 millones de dólares; monto mínimo para ingresar)”.
“Lo mismo cabe para la discusión sobre la derogación de la ley que prohíbe la actividad minera a cielo abierto en la provincia. Ahora, con las últimas modificaciones, se permitirá la exploración sujeta a las leyes ambientales vigentes“, enfatizó.
Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) celebró “el alineamiento del gobierno provincial a las políticas planteadas por el presidente Milei“, pero reprochó: “¡Hoy, la bancada peronista pretendía eximir de impuestos por 30 años! Una locura”.
“La inversión extranjera es clave para el desarrollo de la Argentina, pero el RIGI sólo beneficia a los grandes capitales. Mientras tanto, los empresarios locales, que también invierten en el país, quedan fuera de estos incentivos. ¿Cómo podrán competir en estas condiciones?”, planteó José Seleme.
Las otras leyes que aprobó la Legislatura
En el comienzo de la sesión, se decidió poner en comisión a la Cámara para debatir un proyecto que no estaba incluido en el orden del día. La iniciativa tratada propone incorporar el artículo 20 a las disposiciones transitorias de la Ley Provincial N° 8197, con el objetivo de facultar al Poder Ejecutivo, de manera excepcional, a prorrogar las subrogancias de los magistrados penales asignados al Colegio de Jueces y a las unidades jurisdiccionales hasta la finalización del período de resolución de causas pendientes, tal como lo establece la Ley N° 8934. Tras el debate correspondiente, el proyecto fue aprobado y tendría vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Entre los proyectos aprobados, se destaca la modificación de la Ley N° 9763 en su artículo 6, que exceptúa a jueces de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, tribunales inferiores, el Ministerio Público Fiscal, fiscales, defensores y vocales del Tribunal de Cuentas de la prohibición de desempeñar más de un cargo público remunerado en el Estado Provincial.
Además, se sancionaron dos iniciativas de interés social y educativo: la creación de un Programa de Concientización sobre la Donación de Médula Ósea, estableciendo el 1 de abril como el Día Provincial del Donante de Médula Ósea, y la imposición del nombre “General Bernabé Aráoz” al Instituto Superior de la ciudad de Monteros.
En cuanto a la gestión de bienes públicos, se aprobaron las donaciones de inmuebles en las localidades de La Tipa (Río Chico) y San Pedro de Colalao (Trancas), destinados a la construcción de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y un Nodo de Salud, respectivamente.
Por último, se dio luz verde a la modificación de la Ley N° 9312, que declara de interés público provincial la producción sustentable de azúcar y alcohol derivados de la caña de azúcar.
También se aprobó la creación del Programa de Impulso y Fomento para empresas de base tecnológica, que será gestionado por el IDEP, y el lanzamiento de un portal web que permitirá a los ciudadanos de la provincia presentar propuestas de proyectos de ley, resoluciones y declaraciones ante la Legislatura.
