La comisión de Juicio Político de la Legislatura resolvió pasar al archivo dos pedidos de destitución que involucraban a las máximas autoridades de la Provincia. En la primera reunión luego del fin de la feria judicial, el comité parlamentario -presidido por el peronista Raúl Ferrazzano– analizó los planteos que habían sido enviados al edificio de Muñecas al 900 para solicitar la conformación del Jurado de Enjuiciamiento.
Por un lado, los legisladores estudiaron el requerimiento de juicio político dirigido contra el titular de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva. En su denuncia, un ciudadano apuntaba contra el magistrado del alto tribunal por considerar que había beneficiado un hombre condenado en mayo de 2021 a 10 años de prisión efectiva por haber sido hallado culpable de haber abusado de su nieto, menor de edad.
El denunciante manifestó que, sin embargo, la CSJT hizo lugar el 28 de diciembre de 2021 a un recurso de casación que había elevado el condenado días después de la sentencia. “Haciendo uso y abuso de autoridad, Leiva preparó y ejecutó una decisión contraria a lo que la ley establece, en forma parcial y arbitraria, (…) con el único resultado de facilitar (al condenado) eludir la acción de la justicia”, expuso el autor del planteo de destitución.
Además, denunció que un relator de Leiva mantiene un parentesco con el condenado. “Leiva se aparta deliberadamente del recurso de casación que origina la competencia del alto tribunal provincial”, afirmó del menor. En dialogo con la prensa, Ferrazzano señaló que se decidió archivar la presentación contra el presidente de la Corte de Justicia porque “surge a las claras” que se trata de una cuestión “netamente jurisdiccional”.
El segundo planteo de remoción archivado había sido dirigido contra el gobernador interino Osvaldo Jaldo; contra el jefe de Gabinete Juan Manzur; contra la ex ministra de Salud y actual diputada nacional Rossana Chahla, entre otras autoridades, por la puesta en vigencia del pase sanitario obligatorio. Según la presentación impulsada por los abogados María Raquel Fonio y Marcos Aníbal Rougés, estos funcionarios incurrieron en “presunto abuso de poder, incumplimiento de deberes de funcionario público, abandono de persona, coacción agravada, asociación ilícita” y “evidente traición a la patria”.
Ferrazzano también explicó las razones por las cuales se resolvió denegar el avance de este juicio político. “Los denunciantes consideran que la medida vulnera derechos individuales porque obliga a inocularse con vacunas que son venenos, lo que es absolutamente infundado desde lo jurídico y desde lo científico, por lo que hemos decidido rechazar la presentación”, afirmó de cara a la prensa.
