Una decisión singular en el contexto excepcional del asueto judicial extraordinario colocó el futuro del primer y único juez de Ejecución Penal de la capital en manos de la Legislatura. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán desplegó en el pedido de suspensión y destitución al menos siete reproches al desempeño de Roberto Guyot, un integrante de la magistratura acorralado por las acusaciones y críticas (se informa por separado). Ese catálogo de objeciones contenido en la Acordada 286/20 no tiene parangón en la historia reciente del Poder Judicial. Como si ello no fuera suficiente, la Corte ordenó en la Acordada 287/20 la investigación administrativa de las irregularidades que describió en la denuncia enviada al Poder Legislativo. Guyot permaneció en silencio frente a esta catarata de impugnaciones: ayer no respondió las solicitudes de comentarios que le formuló LA GACETA.
La petición de expulsión lleva la firma de los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos: Daniel Leiva se inhibió porque preside el Jurado de Enjuiciamiento que eventualmente ha de juzgar al juez mientras que Antonio Daniel Estofán está de licencia en Buenos Aires. La Acordada 287 que encarga el nuevo sumario a la camarista penal María Balcázar prosperó con los votos de Sbdar, Posse, Rodríguez Campos y Leiva.
La apertura de una pesquisa interna para determinar la responsabilidad administrativa a posteriori o en simultáneo con la solicitud de la destitución a la Cámara legislativa supone un cambio de criterio de parte del alto tribunal. Con ese giro los vocales posiblemente hayan querido evitar lo que sucedió en el caso del preso asesinado Fernando Sebastián Medina: la comisión de Juicio Político, a cargo del oficialista Zacarías Khoder, archivó la acusación contra Guyot presentada por terceros antes de la conclusión del sumario abierto en 2017. Esas actuaciones, que habían atribuido al juez “un servicio deficiente de justicia”, siguen en trámite, aunque debilitadas como consecuencia del pronunciamiento de los legisladores y del principio constitucional que prohíbe perseguir a alguien dos veces por los mismos hechos.
En esta segunda embestida contra el titular del Juzgado de Ejecución Penal, y ex funcionario del área penitenciaria de los Gobiernos de José Alperovich y Juan Manzur, la Corte se cercioró de incluir un volumen apabullante de pruebas. Sbdar, Posse y Rodríguez Campos concentraron el poder de fuego en las causas controvertidas de los presos Reynaldo Gabriel Farías y Daniel Eduardo Lazarte (se informa por separado). Farías pidió socorro al juez por considerar que un guardia de la cárcel que había denunciado “lo había mandado al choque”. Los vocales entendieron que Guyot se dedicó a poner peros: dos veces intentó “formalizar” el hábeas corpus, una acción caracterizada por su informalidad; pidió explicaciones al Servicio Penitenciario al día siguiente de ordenar medidas inoficiosas y no de inmediato como exigían los hechos, y “delegó ilegítimamente una tarea inherente a su cargo” al disponer que un órgano administrativo, la Oficina de Gestión de Audiencias, entrevistara a Farías. La Corte advirtió la misma delegación indebida de funciones en otros cuatro expedientes: “Rojas”, “Chocobar”, “Quijano” y “Alderete”.
Si respecto del caso anterior el juez postergó la acción sin vacilaciones que exigían la ley y el peligro expuesto, en el de Lazarte no atendió la prescripción médica que indicaba la necesidad de que el preso sea revisado en el Hospital Padilla. Al final, Lazarte falleció “sin asistencia”, como constató el certificado de defunción.
En la cuenta de Guyot el alto tribunal cargó la recomendación y los dos apercibimientos que le impuso en 2019 mediante las acordadas 688, 1.350 y 1.422. La primera de ellas expuso al juez por ausentarse injustificadamente de su despacho. La 1.350 lo exhortó a “aplicar la ley y la jurisprudencia” a las causas sometidas a su decisión. En la Acordada 1.422, la Corte tuvo por acreditado que el preso Aldo Chávez lavaba el auto de Guyot.
El pedido de destitución consigna, además, que en marzo el juez no adoptó medidas imprescindibles para la captura del preso Martín Emilio Nieva. Los vocales observaron que la actitud de Guyot contrastó con la del camarista penal Fabián Fradejas quien, al enterarse de la situación, impulsó medidas urgentes para encontrar al prófugo.
La gota que, al parecer, colmó la paciencia de la Corte aconteció durante el asueto declarado el 17 de marzo y aún vigente. “(Guyot) puso en crisis una de las áreas más sensibles -el control de las privaciones de la libertad en la capital- durante esta situación inusitada”, dijeron los vocales. Según la Acordada 286, el juez no quiso trabajar más allá de las 12 del mediodía y puso condiciones. Al final, la Corte lo desafectó de la guardia y colocó en su lugar a Fradejas, el instructor del sumario de Medina.
“¿Renunciar por qué? (…) Estoy haciendo lo que debo”, dijo Guyot en una entrevista publicada en octubre. Si mantiene esa tesitura, podría transformarse en el primer juez ordinario suspendido y destituido por el mecanismo del Jurado de Enjuiciamiento instituido en la reforma constitucional de 2006.
Cómo sigue el procedimiento de destitución
1- La comisión de Juicio Político de la Legislatura tiene que resolver si corre traslado de la denuncia de la Corte al juez Roberto Guyot.
2- Si envía al juez el pedido de destitución y no lo archiva, luego debe evaluar la respuesta y definir si acusa ante el Jurado de Enjuiciamiento.
3- Al formular la acusación, la comisión con mayoría oficialista puede suspender al juez con los dos tercios de los votos de sus miembros.
4- La decisión final sobre la expulsión corresponde al Jurado de Enjuiciamiento integrado por la Corte, la Legislatura, el Poder Ejecutivo y abogados.
Farías
Demora en proteger a los detenidos
En la Acordada 286, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán consigna que el juez Roberto Guyot retardó la adopción de medidas de protección a favor de presos. Los vocales relataron el caso del pedido de auxilio del reo Reynaldo Gabriel Farías. Este había acusado a un guardiacárcel de haber ordenado cometer un homicidio dentro del penal, pero lo terminaron encerrando en el pabellón que estaba a cargo del denunciado y en el mismo lugar donde se encontraba el supuesto autor del crimen. Además, el alto triburnal expresó que Guyot dilató las audiencias que solicitaron al menos cuatro presos que habían pedido arresto domiciliario por estar incluidos en el grupo de riesgo de contagio de la covid-19. La Corte también cuestionó que el juez de Ejecución Penal no haya ordenado la captura de Martín Nieva: el doble homicida, que cumplía una pena de 20 años, se había escapado mientras realizaba “laborterapia” fuera del penal.
Lazarte
El reo que murió sin asistencia médica
Daniel Eduardo Lazarte fue detenido en febrero de 2019 por una contravención policial. El personal de la seccional 2° constató que Lazarte tenía vigente un pedido de captura. La Justicia ordenó que fuera trasladado al penal. El condenado explicó que vivía en la calle porque su familia lo había expulsado, y que tenía problemas de salud por haber sufrido un accidente cerebrovascular y que, por eso, desconocía que lo estaban buscando. El médico de la Policía, según consta en las actuaciones, recomendó que, antes de trasladarlo a la cárcel, sea revisado por un especialista en el Hospital Padilla. El profesional de Villa Urquiza emitió la misma opinión, por lo que se rechazó su ingreso al penal. Esas novedades fueron informadas al juez de Ejecución, Roberto Guyot, pero el expediente nunca avanzó y Lazarte terminó falleciendo en el calabozo de la dependencia policial, lugar donde no debería haber estado.
