En tiempos en los que se pregona una administración pública austera, el ajuste alcanzó también al Ministerio Pupilar y de la Defensa (MPD). Luego de casi seis años de vigencia ininterrumpida, no se renovará en la Legislatura una ley que autoriza a la administración que encabeza Washington Navarro Dávila a contratar en forma directa, previo cotejo de precios, bienes y servicios. Sucede que la iniciativa por la prórroga de la norma -que vence este 31 de diciembre- no obtuvo dictamen y, por lo tanto, no ingresaría a la última sesión del año.
La comisión de Hacienda y Presupuesto que preside el legislador Carlos Gallia se reunió ayer para analizar y dictaminar algunas iniciativas que habían quedado en el tintero de cara al debate que Labor Parlamentaria anunció para el jueves, desde las 8.30. Al finalizar el encuentro, al ser consultado sobre la posible prórroga de la norma, el ex legislador de Lules dijo que el proyecto no fue dictaminado. “Para el año 2025 no se va a tener en cuenta esa emergencia”, declaró y confirmó que vencerá a fin de año.
En la iniciativa que proponía la vigencia del beneficio por un año más se enumeró el trabajo del que participa el MPD, como casos de violencia intrafamiliar, personas con problemas de adicciones, causas vinculadas con la ley de narcomenudeo, entre otras. Se plasmó entonces “la necesidad de continuar fortaleciendo la labor del MPD, garantizando su capacidad de responder a las demandas del sistema judicial, que ha experimentado una transformación significativa en los últimos años, con problemáticas que demandan nuevas estrategias de resolución”.
De 18 a 72 meses
El MPD inició sus actividades el 30 de octubre de 2018. Meses después, la Legislatura sancionó la Ley 9.152 mediante la cual se autorizó al Ministerio Pupilar y de la Defensa “a contratar en forma directa, previo cotejo de precios, la realización de obras, como así también a la adquisición de bienes, inmuebles, la contratación de servicios y designación de personal que resulten necesarios para un mejor funcionamiento y una mayor eficiencia en el cumplimiento de los fines de su creación”.
La norma fijaba en su segundo artículo -siendo el tercero de forma- que la autorización dispuesta en el apartado anterior “tendrá una vigencia de 18 meses a partir de la fecha de la publicación de la presente ley (enero de 2019). Dicho plazo podrá ser prorrogado sólo para aquellas contrataciones que se encuentren en ejecución al momento de vencimiento del plazo indicado precedentemente”, se consignó.
Aquellos 18 meses, sin embargo, se transformaron en casi 72 y alcanzaron también nuevas contrataciones directas.
Durante el estudio de la Ley de Presupuesto 2025 (9.835), sancionada a inicios de diciembre, se dejó plasmado que el Ministerio Pupilar y de la Defensa estimó sus gastos en $48.299 millones, lo que representa un 1,42% de las previsiones totales para el funcionamiento del Estado y casi un 169% más que el presupuesto del año en curso. De acuerdo con aquella información que se acercó a los legisladores, dicha administración cuenta con una nómina de 2.024 empleados.
Antecedentes de gastos
Fuentes del oficialismo consultadas por este diario afirmaron que para el año que viene se mantendrá esta postura que se generalizó a partir de las declaraciones del Presidente de la Nación: “no hay plata”. En ese sentido, se deslizó que en dicha administración los gastos no habrían sido precisamente austeros.
En julio de 2023, el MPD recibió el visto bueno del Tribunal de Cuentas (TC) por una contratación directa por más de U$S3 millones para la adquisición de equipos informáticos necesarios para la instalación de un datacenter. Se informó por entonces que la inversión formaba parte de un proyecto de modernización y actualización de equipos tecnológicos para el funcionamiento de todas las oficinas que lo integran.
En marzo de 2019, en tanto, el entonces gobernador Juan Manzur vetó una ley sancionada que proponía el inmueble de una propiedad situada en 25 de Mayo 883. Los asesores del Ejecutivo señalaron entonces que la operatoria era costosa e inconveniente desde lo urbanístico.
