En un verdadero hecho bochornoso, la comisión de Juicio Político de Legislatura, que preside el jaldista Raúl Ferrazzano, decidió mediante la resolución 552, rechazar todos los pedidos de destitución que habían sido planteados contra el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer. Entre otros aspectos, se apuntaba contra el funcionario por una supuesta transgresión a la Ley Nacional 25.188 (Ética en el Ejercicio de la Función Pública).
Lejos quedó la intención de interpelar al ministro de Educación como había promovido Osvaldo Jaldo cuando se encontraba al frente de la legislatura y enfrentado a Muerte con el gobernador Juan Manzur. Pero a causa de la designación del titular del PJ en la conducción del Gabinete de Ministros de la Nación, todo pareciera olvidado y, una vez más, triunfó el lavado de manos típico de la política.
“Que en relación con el resto de las imputaciones formuladas, tales actuaciones no logran en este estado generar los elementos suficientes como para formular acusación ante el Tribunal de la Legislatura”, indicaron en la comisión de Juicio Político, en lo con que configuró un verdadero hecho vergonzoso de cara a la sociedad tucumana que ve como nuevamente la dirigencia política se les burla en la cara.
Ya nadie parece recordar que Lichtmajer había sido interpelado durante 12 horas en mayo pasado por la Legislatura. Mucho menos que en el espacio de Osvaldo Jaldo habían cuestionado duramente al ministro de Educación. Incluso, el propio referente peronista de Trancas había señalado que correspondía su renuncia al cargo, debido, entre otras razones, al pésimo estado edilicio de las escuelas de Tucumán.
Realmente, ayer 27 de setiembre fue un día triste para los tucumanos. Una vez más, el oficialismo le da la espalda a la Educación, dando prioridad a la cuestión política con el objetivo de salvar a su ministro, quien procedió a efectuar designaciones de técnicos docentes, asesores técnicos, consultores técnicos y auxiliares técnicos a fin de que realicen actividades incompatibles con el ejercicio de la docencia en el ámbito del Ministerio.
Esta falta de transparencia en el ejercicio de sus funciones atenta contra los principios y valores que deben imperar en oportunidad del ejercicio de la función pública. Muchas de las personas nombradas han sido designadas en cargos docentes, con puntajes mayores incluso al de directores de primera categoría, sin que se haya corroborado si poseen títulos habilitantes. Pero tal parece que eso ya no le importa al oficialismo.
Las explicaciones vertidas por el ministro en los descargos respectivos de ningún modo logran clarificar ni justiciar su accionar, ya que sus vanas elucubraciones sólo revisten el carácter de meras excusas. Lichtmajer ha cometido faltas que se encuentran tipificadas como incumplimiento de los deberes del funcionario público, razón por la cual correspondía acusarlo ante el resto del cuerpo colegiado. Pero, una vez más, la conveniencia política pudo más.
