Dicen que cuando el río suena, es porque piedras trae. La frase bien podría aplicarse a la reciente destitución del juez Roberto Guyot en relación con el caso Pedicone – Leiva. ¿Acaso esta decisión tomada sobre el ahora exmagistrado Guyot se llevó a cabo para colocar paños fríos sobre la denuncia que realizara el camarista en contra del vocal de la Corte Suprema local? Detrás de esta supuesta maniobra se escondería un jugador importante: la Legislatura.
Y es que resulta llamativo que Guyot resulte, en un momento de crisis institucional como este, el primer juez en ser destituido desde que se creó el Jury de Enjuiciamiento en el año 2006. Es decir, 14 años pasaron y en todo este tiempo jamás se produjo una situación como la actual. En ese marco, 7 de los 8 miembros del jurado ratificaron la totalidad de las denuncias que pesan sobre este magistrado, y fue de manera unánime considerando solo a los presentes.
Pero todo comenzó cuando la Comisión de Juicio Político de la Legislatura decidió hace un par de meses accionar ante el Jurado pero a partir de una denuncia realizada por la Corte Suprema de Justicia. Por estas horas, se especula con que se habría tratado de una maniobra que no tendría más intención que proteger al juez del máximo tribunal, Daniel Leiva. Pero eso no es todo, las sospechas se acrecientan teniendo en cuenta la conformación del Jury.
Y es que Leiva también se desempeña como el presidente del Jury de Enjuiciamiento, y su abogado en su conflicto con Pedicone, Esteban Jerez, integra este órgano interpoderes en representación de la abogacía de Tucumán. Fueron ellos los que, junto con los legisladores presentes, decidieron votar por la destitución del juez Guyot, quien una hora previa a la votación, pidió un juicio político contra el propio Leiva.
Al respecto, argumentó que a Leiva se la atribuye “faltas de decoro incompatibles con su cargo”. Todo esto hace prever que la mismísima Legislatura de Tucumán se habría preocupado por motorizar la destitución del juez Guyot con el único fin de proteger a Daniel Leiva de cualquier posibilidad de que puede estar en peligro su lugar en la Corte Suprema de Tucumán, a la cual la sociedad considera un reservorio de intereses oficialistas.
Lo que se estaría planeando en el seno de la Legislatura es la destitución de Enrique Pedicone, en una maniobra que habría tenido su globo de ensayo con Guyot. Y es que al camarista se lo intentaría apartar de la Justicia utilizando los mismos argumentos que en el caso del propio Roberto Guyot. Es decir, invocaría la necesidad de juicio político y posterior destitución basándose en “negligencia en el ejercicio de sus funciones”.
Y es que, al igual que en el caso del juez Guyot, se le atribuyen a Pedicone supuestas fallas relacionadas a presos, cuando un magistrado no puede ser sancionado por el contenido de sus fallos. Esta maniobra ya empezó con el pedido de informes solicitado por la Legislatura acerca de la tarea desarrollada por el camarista. Continuó luego con lo que fue una solicitada en un diario a modo de escrache en el que se expuso su decisión respecto de reos.
Finalmente, esta especie de conspiración local culminaría con el pedido de juicio político contra Pedicone y la posterior destitución por medio del Jury de Enjuiciamiento, igual que en el caso de Guyot. Y es que todo parecería indicar que el Poder Legislativo estaría dispuesto a darle curso a esta maniobra para salvar a Daniel Leiva, luego de que Pedicone pateara el hormiguero del desastre constitucional en el que está inmersa la provincia.
Y es que el camarista se habría vuelto un peligro en caso de continuar en la Justicia, y se estaría pensando en sacarlo cuanto antes. Cabe preguntarse entonces si, acaso, la sociedad tucumana estará dispuesta a soportar la supuesta protección y, consecuente, impunidad que la Legislatura le planearía brindar a Daniel Leiva. Por estas horas, los tres poderes que integran la provincia, no estarían viendo la forma de evitar que la situación desemboque en una intervención federal.
