La nómina del personal de empleados permanentes, transitorios, de bloque y por legislador seguirá siendo un misterio para la sociedad, por lo menos es lo que se desprende de la respuesta brindada por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, a la requisitoria realizada en ese sentido por el constitucionalista Luis Iriarte.
El ex legislador de Fuerza Republicana había enviado una carta documento al presidente nato de la Legislatura manifestándole su malestar porque la Cámara no pondrá en su página web el listado de las personas que ocupan un puesto laboral ese poder del Estado. En esa misma ocasión, Iriarte le indicó a Jaldo que acudirá a la Justicia para que lo obligue, sentencia mediante, a dar a conocer los datos que exige.
Concretamente, solicita que se de a conocer el nombre y apellido, documento de identidad y remuneración mensual percibida por todos los empleados legislativos, permanentes, temporarios y de bloque, y para los legisladores a los que cuales fueron asignados en el período 2015-2019.
El 30 de enero, el vicegobernador contestó una serie de pedidos de informes que realizó Iriarte, vinculados a la Legislatura. Sin embargo, a este último no lo conformó la respuesta sobre la negativa a publicitar el listado del personal. Según Iriarte, se trató de una “negativa de dar transparencia y publicidad a las designaciones del personal permanente, transitorio, de bloque y por legislador”. Por este motivo le envió la carta documento.
Con fecha 13 de este mes, Jaldo le contestó al constitucionalista. “En rechazo a su irreverente reclamo por vía de una carta documento, que contrasta con la pronta y satisfactoria respuesta a su pedido de informe del 16 de enero, reitero los términos de la misma”, indicó en su contestación el vicegobernador. “Respecto de su disconformidad por la falta de publicación por internet de la nómina de personal le manifesté que dicha acción excede mis facultades de vicegobernador: la designación y baja de personal se hace con estricto cumplimiento de los artículos 41 y 42 del reglamento de la Legislatura. Presidencia se limita a recibir y dar trámite a los pedidos de designación que hacen los bloques políticos o los legisladores”, agregó.
En la nota, Jaldo sostiene que el reclamo de Iriarte “es contradictorio con su demanda en el juicio ‘Iriarte, Luis y otra vs. Gobierno de a provincia s/inconstitcionalidad’, donde pidió la declaración de inconstitucionalidad del artículo 59 de a Constitución -cuya aplicación hoy exige-, pero que en su demanda calificó de atribuciones de control del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, una dependencia económica de los representantes del pueblo de un funcionario que, perteneciendo al PE, y siendo elegido simultáneamente con el Gobernador, pasa a presidir, gobernar y administrar el Poder Legislativo”.
“Como se advierte -prosigue- sus peticiones pretenden que esta presidencia ejerza atribuciones que usted, en sede judicial, calificó de inconstitucionales y abusivas, que viole el reglamento de la Legislatura y que, sumado a ello, desoiga un fallo judicial que ratificó os límites estatutarios de mi cargo respecto de persona propuesto por los legisladores”. Finalmente, Jaldo entiende que su respuesta se ajustó a las atribuciones que como vicegobernador y presidente de la Legislatura están fijados por la Constitución, sus leyes complementarias y reglamento legislativo.
A partir de la nueva respuesta dada por Jaldo, Iriarte ratificó que acudirá a la Justicia para conocer la nómina de todo el personal de la Cámara.
La polémica, paso a paso
1. Un cuestionario de 10 preguntas vinculadas al manejo administrativo de la Legislatura le hizo llegar Iriarte al vicegobernador.
2. La respuesta del presidente nato de la Cámara fue incompleta, dijo el constitucionalista que quiere la cifra y los nombres del personal.
3. Iriarte le envió una carta documento a Jaldo, que contestó hace pocos días. Insiste con que no puede dar información.
Información pública: manejo financiero y administrativo
Iriarte realizó un pedido de informes a Jaldo en el marco del acceso a la información pública, respecto del manejo financiero y administrativo de la Legislatura en los últimos cinco años. En el voluminoso informe que recibió constaban, entre otros datos, las cifras de los presupuestos de la Cámara desde 2015 hasta 2020, los gastos en personal, en bienes de consumo y en servicios no personales. Allí se pudo conocer que la dieta de los parlamentarios evolucionó de $ 35.000 en 2015 a $ 158.000 brutos en octubre de 2019. A partir de las medidas de ajuste dispuesto por el Poder Legislativo, cada uno de los 49 integrantes de ese poder percibirá una dieta de bolsillo de $ 118.000 hasta junio. En esa oportunidad, el vicegobernador señaló que habían sido contestadas las 10 preguntas del cuestionario que había hecho llegar el constitucionalista. “Le respondimos el 100% de las preguntas, además le dimos copias de todos los presupuestos, le explicamos cómo es el procedimiento por el cual se formulan”, había apuntado el tranqueño. En cambio, Iriarte, si bien valoró la respuesta y los informes, rechazó los argumentos para no haberle entregado el listado del personal de la Cámara.
