En diciembre de 2020, Horacio Rodríguez Larreta hizo aprobar un impuesto a los intereses de Leliqs y pases entre bancos para reemplazar los giros que Alberto Fernández le había retirado tres meses antes para dárselos a la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof. La Ciudad terminó haciendo negocio con el cambio: esa transferencia desde el sector financiero le dio mes a mes más plata que la que recibía antes.
Esa ventaja se terminará el mes próximo, porque será la primera vez que la Ciudad recaudará menos con el impuesto a las transacciones de Leliqs que el monto que habría recibido si Fernández no hubiera recortado los fondos que envía la Nación para la policía porteña. Ahora, la recaudación se achicó por la disminución de la tasa de las Leliqs y porque su volumen se redujo. A esa mala noticia se le suma otra novedad que trajo la recesión: la Ciudad recauda menos por Ingresos Brutos -su gran caja- porque la actividad económica viene en picada.
La salida natural de ese laberinto que tendrá frente a sus ojos Jorge Macri sería que el Gobierno nacional comience a pagar la restitución de los fondos para la Policía, tal como ordenó la Corte Suprema. Pero eso no va a pasar en 2024. El ministro de Economía Luis Caputo ya le avisó al gobierno porteño que no pagará nada, y, por lo que se sabe, en la Corte no hay una mayoría de jueces dispuestos a embargar las cuentas a la Nación y obligar así a que se cumpla su fallo.
La encerrona en la que quedará Macri aparece, por motivos diferentes, en otras provincias cuyos gobernadores tienen ganas de pararse cerca de Javier Milei. En los próximos meses la economía les traerá malas noticias a todos ellos. También habrá escasez en las provincias gobernadas por el peronismo más opositor, por supuesto. Pero en ese caso, su situación frente a la Casa Rosada no se verá afectada por una noticia que, combinada con la desventura económica, puede cambiar el futuro próximo del oficialismo.
Esa novedad fue la marcha en defensa de la universidad pública. La enorme multitud que salió en las principales ciudades del país a manifestarse en contra del recorte presupuestario y de la retórica del Presidente y sus ministros contra una institución que, incluso maltrecha, sigue siendo respetada y defendida por los argentinos fue observada en detalle por toda la política. No hay indicios de que la marcha pueda afectar la imagen presidencial en lo inmediato, pero sí se puede pensar en que estimulará a los opositores, sobre todo a los opositores dialoguistas, a hacer cálculos diferentes.
Hasta ahora, buena parte del PRO, el radicalismo y de los partidos provinciales se movía prestando atención a los costos que podría acarrearles un enfrentamiento directo con el político más valorado en las encuestas. Pero ahora, esos mismos dirigentes pudieron comprobar que esa aprobación tiene límites, y que uno de ellos es el aprecio popular por la educación pública.
Con este escenario, es esperable que los opositores dialoguistas ganen más peso en las negociaciones con el Gobierno. Los cambios a la Ley Bases y al paquete fiscal de las últimas horas son ejemplos de esa situación. Luego de cuatro meses en la Casa Rosada, el Presidente necesita que salga al menos una de las leyes que propuso.
