Durante los últimos días de septiembre de 2021 la municipalidad de San Miguel de Tucumán había inaugurado el Mercado Barrial Dorrego, ubicado en el cruce de avenida Roca y Marina Alfaro, donde se trasladaron 32 puesteros de los 100 que trabajaban en el Mercado del Norte, en la esquina de Maipú y Mendoza. En ese marco, estos trabajadores declaran padecer consecuencias económicas y hasta psicológicas.
Al respecto, el ex bussista y ahora alfarista, Claudio Viña, secretario de Ingresos Municipales, no tuvo más remedio que manifestar “el mercado de la plazoleta Dorrego obviamente no tiene las características que tenía el Mercado del Norte”. Acto seguido, intentó desdecirse y dijo que “se trató de contemplar a los puesteros más pequeños y que más lo necesitaban”. Sin embargo, volvió a desdecirse.
Y es que nuevamente admitió que “es cierto que nadie está bien económicamente, pero algunos propietarios tenían otras sucursales, tenían una estructura mejor. Entonces se trató de solucionar la situación de los que tenían solamente ese puesto, fue esa la prioridad”. Cabe señalar que, de esos 32 puestos que habían sido habilitados el año pasado y que estaban listos para ser ocupados, hoy solamente están en funcionamiento poco más de la mitad.
Muchos puesteros los explotaron durante un breve lapso y luego cerraron. Algunos, inclusive, no llegaron a atender al público jamás. “Estamos aquí desde agosto. Hay siete puestos cerrados. Algunos no abrieron nunca y son puestos vacíos. Económicamente no está funcionando. No tenemos apoyo de nadie”, describe Ginés Parra, quien hace 62 años mantenía su pizzería en el mercado.
“Nos trajeron aquí, pero no podemos recuperarnos”, lamentó. Por su parte, Hugo, quien declara haber sido dueño durante más de 40 años de una pollería y fiambrería, recuerda con tristeza la difícil situación que les tocó vivir junto a sus compañeros del mercado al tener que dejar atrás años de esfuerzo y trabajo. “Esto es traumático. La mayoría de los dueños somos adultos mayores y por la edad, empezar de cero tras 40 años es muy doloroso”, agregó.
En esa línea, la nostalgia y la desilusión son sensaciones que invaden a los ex puesteros, y lamentan el modo en el que se abordó la situación por parte de las autoridades municipales. “Fue un desalojo a pesar que ellos le llamaron evacuación. Nos trajeron acá, vinimos con una mano adelante y la otra atrás. Dijeron que el mercado se iba a derrumbar, pero ¿Con los sismos se cayó algo? No hubo comunicación, no hubo dialogo. Necesitaba una refacción que nosotros no podíamos afrontar, pero podíamos colaborar” afirmaron.
En lo que respecta a los rumores de un posible proyecto para la reconstrucción del mercado y su licitación, autoridades municipales ratificaron que no hay planes a corto plazo y que lo que están haciendo son obras para salvaguardar la estructura. Es decir, reconocen que mintieron de forma descarada cuando aseguraron que se harían cargo de reparar el tradicional edificio ubicado sobre la peatonal Mendoza.
“Lo que se está haciendo no son obras sino una especie de apuntalamiento para que las estructuras que estaban muy deterioradas no cedan. Más aún con los movimientos sísmicos que pueden haber complicado la falla que ya tenía”, afirmó Viña. El funcionario resaltó que desde la intendencia ven la necesidad de volver a poner en marcha el mercado, ya que forma parte de la historia de Tucumán.
Pero en realidad se trata de una mentira, ya que el propio Viña admitió que “requiere de una inversión concreta por arriba de los $1.500 millones. Se necesita de un inversor externo o de un préstamo fuera del presupuesto del municipio” remarcó. El funcionario se refirió al descontento que manifiestan los puesteros y dijo que “el municipio no tomó una medida de castigo ni fue algo decidido unilateralmente”. No pareciera decir la verdad.
“El edificio estaba por colapsar y la Justicia ordenó su desalojo porque era realmente peligroso para la vida y salud de los trabajadores y clientes. Es cierto que estuvieron allí por años sin pagar ningún cargo, sin tener ningún decreto o elemento que les dé alguna concesión, estaban por la antigüedad y permanencia, pero no por una concesión formalmente otorgada como corresponde a todo espacio público, lo que no quiere decir que se tomó esa decisión por eso, no es que se vulneró derechos; lógicamente todos quieren trabajar” puntualizó.