El ámbito de la política argentina en muchas de sus facetas se encuentra empañado por el ocultamiento de información y la falta de transparencia por parte de los propios funcionarios de Gobierno. Quien recientemente se ha colocado bajo la lupa de investigación es el economista Marco Lavagna, por haber recibido una millonaria donación en una cuenta bancaria en Suiza.
Si bien la transacción se realizó durante los primeros meses de la pandemia, una investigación del medio El Disenso sacó a la luz el exorbitante monto que percibió el titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que ascendería a un total de 1,5 millones de dólares.
En la declaración jurada del funcionario no se detalla quién llevó a cabo la “donación” ni tampoco la fecha exacta en la que se realizó. Incluso, en el apartado “evolución patrimonial” de la misma DDJJ, figura como legado un total de $129.925.000, aunque en la sumatoria de bienes recibidos por “herencia, legado o donación” apenas consignó 89.535.000 pesos.
Cabe destacar que Lavagna tomó una pequeña deuda con la empresa Ecostate, conformada por Latin-Eco, en manos de la esposa de Lavagna y ubicada en el mismo domicilio de Latinconsult (su propia consultora). Según la investigación y los datos a los que accedió el mismo medio, esta misma figura en sociedad con la offshore SURAMINVEST ETABLISSMENT, creada en Liechtenstein, un principado que se encuentra muy cerca de Suiza.
Esta no sería la primera polémica en la que queda envuelto el titular del INDEC. En 2021 trascendió que la consultora de Lavagna, LatinConsult, estaba vendiendo en el sector público una “suscripción” de EcoLatina (marca registrada de LatinConsult SA) para recibir las “proyecciones económicas” del país.
Juan Pablo Paladino, el “jefe de research de Ecolatina” y socio de Lavagna Jr. fue contratado como “Jefe de Asesores del Director del INDEC”, desde donde se confeccionan las proyecciones que la consultora le vende al estado, como el IPC o el EMAE.
Esta modalidad permite que el “suscriptor” pueda ver los “gráficos estadísticos” en un entorno Smartphone Friendly. La polémica en cuestión gira en torno a los cientos de miles de pesos desembolsados de las arcas del Estado. Por esta nueva herramienta, el Ministerio de Transporte de la Nación pagó un total de $884.700.
