Hasta tanto se licite el servicio y con el fin de que no se interrumpa la recolección de residuos sólidos en San Miguel de Tucumán, la Municipalidad resolvió prorrogar por 12 meses el contrato por la basura con la empresa Transportes 9 de Julio. La extensión se dio en el marco de la ordenanza N° 5.333 mediante la cual se declara la emergencia sanitaria y ambiental en la capital tucumana por el plazo de un año.
La Municipalidad que encabeza la intendenta Rossana Chahla confirmó que el 27 de febrero venció la prórroga por seis meses que en agosto otorgó la administración anterior. Estaba previsto que en dicho plazo se definieran los términos del próximo contrato, pero al cumplirse los plazos se resolvió extender el acuerdo por la limpieza de la ciudad hasta que se lleve a cabo la licitación pública.
El secretario de Gobierno de San Miguel de Tucumán, Martín Viola, remarcó que la extensión se extendió en base a la autorización que les otorgó el Concejo Deliberante. Sin embargo, no brindó cifras sobre el costo mensual que tendrá la prórroga del contrato. A su vez, aseguró que el objetivo primordial de la administración actual es licitar públicamente el servicio de recolección de residuos.
“La prórroga estará vigente hasta que se sustancie el proceso licitatorio. Hay un compromiso de licitar en el transcurso de los 12 meses, así que no sería necesaria una nueva prórroga”, explicó a este diario. A fines de agosto del año pasado, luego de siete años de vigencia, llegó a su fin el contrato entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la empresa Transportes 9 de Julio.
El entonces intendente, Germán Alfaro (JxC), hizo uso de la prórroga por 180 días prevista en el convenio, a los fines de garantizar la prestación del servicio y no condicionar a la gestión de Chahla con un contrato millonario. El vínculo entre la Capital y la empresa Transportes 9 de Julio data de 1991.
Aquel primer acuerdo se celebró por vía directa, pero con posterioridad se extendió mediante sucesivas licitaciones. El convenio actual fue elaborado en el último mandato de Domingo Amaya (actual presidente del Ente de Turismo), y aunque el Concejo dispuso su aprobación -por unanimidad- en diciembre de 2014, comenzó a regir en agosto de 2016, ya con Alfaro al frente de la sede de 9 de Julio y Lavalle.
La gestión anterior manifestó que la intendenta contaría con el “tiempo suficiente” para definir los pasos a seguir con la recolección de residuos. A su vez, destacó la determinación que tomó el ex intendente dado que el servicio de la basura representa el gasto más importante del Municipio después de la planilla salarial.