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La Nación anticipa fondos para que Manzur pague salarios

Con adelantos de coparticipación, el gobernador completa el esquema financiero para saldar el cronograma salarial de enero hasta el viernes de la semana que viene.

UNA MANO DE LA CASA ROSADA. En diciembre, “Wado” de Pedro recibió a Manzur, que le planteó cuestiones vinculadas a la economía regional. FOTO DE MINISTERIO DEL INTERIOR
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Los tiempos de holgura fiscal forman parte del pasado. El presente muestra a la gestión del gobernador Juan Manzur reclamando auxilios financieros de corto plazo ante el Gobierno nacional. El futuro es una incógnita. “Peleamos el día a día”, reconoce el mandatario en una breve charla telefónica con LA GACETA. Manzur fue ayer, en compañía del secretario de Hacienda, Fernando Solórzano, hasta el Ministerio de Economía de la Nación para acelerar un auxilio financiero transitorio federal que garantice el pago regular de los sueldos de enero a los casi 110.000 agentes públicos tucumanos. Es probable que en el transcurso de las próximas horas los $ 1.500 millones que adelantará la Casa Rosada a Tucumán lleguen al erario provincial. Se trata de un anticipo de coparticipación que, después del 20 de este mes, deberá ser cancelado por el Gobierno provincial.

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De acuerdo con los datos de la Contaduría General de la Provincia, el Poder Ejecutivo necesita alrededor de $ 5.980 millones para cumplir con las obligaciones salariales mensuales del sector público. Los fondos gestionados el martes por Manzur ante el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y ante el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, equivalen a un 25% del total del gasto en personal del mes. El Ministerio de Economía (su titular Eduardo Garvich se reincorporó ayer a sus actividades, tras un chequeo médico) difundió el cronograma salarial correspondiente al mes pasado. Arrancará hoy cuando se depositen las remuneraciones de un sector de la docencia y para los empleados del Instituto de la Vivienda, y que se extenderá hasta el viernes de la próxima semana, cuando perciban sus salarios los docentes de establecimientos públicos de gestión privada.

Pavimentación

La asistencia federal, que será descontada de las transferencias por coparticipación hacia el último tramo del mes, resulta el financiamiento menos oneroso para la Provincia, en un marco de estrechez financiera y elevadas tasas para los créditos en los bancos. El Poder Ejecutivo había apelado, meses pasados, a un préstamo por parte del Banco Macro, que actúa como agente financiero de la Provincia, por un monto cercano a los $ 3.000 millones. De esa cifra, el Gobierno sólo abona los intereses, mientras que, por el período de gracia, el capital deberá ser pagado a partir de julio, indicaron en el Ministerio de Economía.

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“Estamos realizando un esfuerzo fiscal para cumplir con las obligaciones con los trabajadores del Estado provincial”, indicó Manzur. En la Casa de Gobierno señalaron que, pese a las urgencias financieras, Tucumán está en mejores condiciones que otros distritos del país, en los que ya se observan atrasos salariales.

Las paritarias

Recolección de Basura

Los gremios que representan a los agentes del Estado vienen reclamando a la gestión de Manzur el cumplimiento de lo acordado el año pasado con la instrumentación de la “cláusula gatillo”. A través de ese sistema, los salarios públicos acompañan el ritmo de la inflación. Sin embargo, la Provincia suspendió el pago del último tramo del acuerdo (un reajuste de entre un 10% y un 12% que corresponde al último trimestre de 2019) y anunció que no está en condiciones de adoptar el mismo criterio en las paritarias de este año.

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La idea del Ejecutivo es acompañar la sugerencia realizada por la Casa Rosada para que las remuneraciones estatales sean negociadas de manera semestral y a través de sumas fijas, más que ser definidas por un reajuste porcentual. La “cláusula gatillo” implica un incremento mensual en el gasto en Personal calculado por el Gobierno en unos $ 850 millones. En Economía creen que Tucumán no está en condiciones de otorgar ese beneficio. El argumento oficial es que el nivel de erogaciones del año anterior ha crecido en torno de un 52% (acompañando el ritmo inflacionario), mientras que los ingresos subieron un 38%. La diferencia constituye un déficit en las cuentas públicas que a noviembre, según el último dato oficial disponible, implicaba un rojo cercano a los $ 4.000 millones. Además, no hay que perder de vista que 2019 ha sido un año electoral en el que, históricamente, el gasto público suele crecer a mayor ritmo que los años impares.

Una referencia: en 2019, la recaudación de impuestos provinciales se expandió poco menos del 37%, muy por debajo de la inflación anual del 53,8% calculada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para ese período.

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Necesidad de ahorro

Frente al incremento de las erogaciones, en la sede del Poder Ejecutivo proyectan un déficit mensual de entre $ 300 millones y $ 500 millones. De allí la necesidad de avanzar en paritarias que sean “sensatas y razonables con la realidad fiscal de la Argentina”, argumentan los funcionarios del gabinete de Manzur. Además, en Economía ya instrumentaron medidas tendientes a ahorrar más fondos públicos, sector por sector, sin resentir la prestación de los servicios públicos.

“Afrontamos el peor momento del año (enero y febrero) que, históricamente, son los de menor recaudación”, indicó un vocero cercano al gobernador. La idea es tratar de llegar al segundo semestre del año con parte de los deberes realizados para la contención del gasto.

Como una manera de apuntalar los ingresos tributarios, la Dirección General de Rentas ha decidido sostener este mes un plan de facilidades de pago para la regularización de impuestos sobre Ingresos Brutos, Salud Pública, Inmobiliario, Automotores y rodados, las tasa de uso especial de agua y aquellas tasas retributivas del servicio. En las próximas semanas, en la Casa de Gobierno se analizará si se extiende ese beneficio para acompañar el programa instrumentado, a nivel nacional, por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con el fin de brindar cierto desahogo particularmente a las pequeñas y medianas empresas y a los pequeños contribuyentes, en medio de la recesión económica.

Cuatro puntos para entender la situación fiscal:

1- Las luces y sombras fiscales
Tras las subas de impuestos y suspensión de bajas previstas para el año corriente, en el marco de los cambios en el Consenso Fiscal y la Ley Solidaria, las provincias mejorarán sus ingresos en 2020, muy probablemente por arriba de la inflación del período. Sin embargo, tendrán también restricciones, vinculadas principalmente con su situación fiscal de partida, y con los servicios de deuda que deban afrontar en este período, dice un informe elaborado por el Instituto para el Estudio sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral). La entidad que depende de la Fundación Mediterránea sostiene que las jurisdicciones subnacionales tendrán este año un 36,27% más de recursos que en el período previo, utilizando un supuesto de inflación de 35%, tal como se proyecta a nivel nacional. No obstante, hay provincias más comprometidas por el peso de su endeudamiento.

2- Más y menos comprometidas
Respecto a la situación fiscal de partida, la Fundación Mediterránea afirma que conviene revisar lo que fue el resultado fiscal corriente de las provincias en 2019 (ingresos corrientes menos erogaciones corrientes), para lo cual existen datos oficiales del primer semestre. “Puede observarse que, en términos del gasto corriente que ejecutan, las provincias con mayor ahorro corriente fueron Santiago del Estero, San Luis, San Juan, Formosa, Misiones y CABA, mientras las de menor ahorro fueron Tucumán y La Rioja (ambos negativos), y luego Buenos Aires, Entre Ríos y Chubut”, indica el reporte del Ieral. Una provincia con mayor ahorro corriente tiene más chances de realizar una mayor inversión y/o afrontar sus obligaciones por deudas que vencen en el período. Por ende, a menor resultado corriente de inicio, mayores chances de complicaciones fiscales, acota el trabajo.

3- El peso del endeudamiento
Otra restricción importante para las provincias, para la evolución de las finanzas públicas durante este año, está dada por el peso de los servicios de la deuda que deben afrontar, como porción de sus ingresos corrientes. Al respecto, el Ieral puntualiza que las situaciones más complicadas resultan las de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Jujuy y Río Negro. “Muy probablemente las provincias, al menos las más comprometidas, intentarán plegarse a la renegociación de la deuda nacional”, indica el diagnóstico al que accedió LA GACETA. No obstante, en los últimos días funcionarios del gabinete del presidente Alberto Fernández negaron esa posibilidad, al presentarse la posibilidad que Buenos Aires no pueda cancelar sus servicios de deuda este año. De hecho, el gobernador Axel Kicillof, decidió afrontar los compromisos con fondos propios del distrito.

4- Cómo queda el “semáforo fiscal”
El Ieral agrupa las provincias en un “semáforo fiscal”. Con rojo están las provincias más comprometidas, que presentaban menor ahorro corriente en 2019 y enfrentan mayor peso de los vencimientos de deuda (Buenos Aires, Chaco, Chubut, Jujuy, Neuquén y Río Negro), así como en verde las provincias más aliviadas, por contar con alto ahorro corriente y menor peso de los servicios de deuda (Catamarca, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Pampa, Misiones, San Juan, San Luis, Santiago del Estero). Existen casos intermedios, en amarillo, como los de CABA, Mendoza y Tierra del Fuego, en que resultan pesados sus servicios de deuda, pero cuentan con alto ahorro corriente para poder afrontar la deuda que vence. O provincias con bajo ahorro corriente, pero con servicios de deuda intermedios o relativamente bajos, como Entre Ríos, La Rioja, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán, acota el informe.