Hace menos de un mes, en su visita a la provincia, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dejó una llamativa frase antes de regresar a Buenos Aires: “tenemos un retraso en los operativos. Les decimos a todos los jueces que no se puede parar el narcotráfico porque hay elecciones. No se pueden demorar porque cuando los vayamos a buscar, ya no estarán”. Ese mensaje no fue muy claro. Pero ahora que trascendieron algunos números, no quedan dudas de que sus dichos apuntaban a una supuesta mora de la Justicia Federal para avanzar en las pesquisas antidrogas que desarrollan las fuerzas en la provincia.
En el organismo que funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay un sistema de trabajo que pocos conocen. Periódicamente, los máximos responsables del área de Seguridad reciben informes sobre cómo se están desarrollando las investigaciones que realizan los federales que luchan contra la actividad ilícita.
Por ejemplo, funcionarios de Gendarmería Nacional envían un listado de las causas que están investigando, cuál es su nivel de avance y en qué estado se encuentran. Les ponen un nombre clave (Carbón Blanco o Lluvia de cocaína, por sólo mencionar algunos), sin revelar ningún dato de los implicados (para evitar filtraciones). En ese escrito detallan en qué proceso se encuentra la pesquisa (confirmación de datos o seguimiento de los sospechosos) o en qué instancia está el expediente en tribunales (si está en una etapa de análisis o si esperan las órdenes de allanamientos para cerrar el trabajo).
Y los números de la provincia estarían en rojo. Según se informó desde la Nación, sólo la Policía Federal espera que se le autorice a realizar unos 120 allanamientos. También se informó que la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Provincia había solicitado autorización para realizar al menos 75 medidas que aún no se concretaron y reconocieron que les devolvieron alrededor de 35 expedientes para que profundicen las investigaciones.
No trascendieron los datos de las investigaciones que desarrollan Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que son las otras fuerzas que luchan contra el narcotráfico, aunque su fuerte son los controles y no las investigaciones. Los responsables de las unidades que aguardan la autorización judicial para actuar le dijeron a LA GACETA que no harían declaraciones y mucho menos aportarían datos sobre las tareas que vienen desarrollando.
Otra mirada
El juez federal Fernando Poviña se mostró sorprendido por la información de Buenos Aires. “No tengo ninguna queja sobre el trabajo que realizo. Me llama poderosamente la atención porque las causas que tengo están trabajadas en tiempo y en forma, especialmente las que tienen detenidos”, explicó en una entrevista.
El magistrado informó también sobre las limitaciones con las que se encuentran para tener mejores resultados. “Somos dos fiscales y dos jueces multifueros para atender la demanda de más de 1,5 millón de habitantes. A la falta de recursos humanos, que no superan los 20 empleados para atender este tipo de causas, se le debe agregar que ese problema también lo tienen los investigadores de la fuerza, que además no cuentan con los elementos apropiados para desarrollar su trabajo. Y hay otro inconveniente: no hay lugares de detención. Con el doctor (Daniel) Bejas hemos planteado esta situación hasta con cartas documento, pero nunca se nos respondió”, agregó.
Poviña descartó entonces que haya una mora en la Justicia Federal. “Pese a todas las limitaciones, seguimos trabajando en las causas que se nos presentan. Si hay demora en autorizar los allanamientos es porque las investigaciones no están bien culminadas”, concluyó.
Resultados
El primer semestre del año está por terminar. Y los gráficos también se están tiñendo en rojo si se comparan con los números del año pasado. La Nación también analizó los números de la Policía Federal. Hasta ahora, realizó 11 allanamentos y detuvo a nueve personas. En 2018, se realizaron 45 medidas y se arrestó a 53 sospechosos.
El año pasado se produjeron dos golpes importantes al narcotráfico. Y los dos operativos se produjeron en abril. En Orán, detuvieron a Mario Pasarín, padre de Sabrina (la joven que está detenida por haber protagonizado un accidente fatal), acusado de dirigir una organización que habría traficado hasta 20 kilos de cocaína semanales para abastecer sus quioscos de narcumenudeo y de terceros diseminados en distintos puntos de la provincia.
En ese mismo mes, en Buenos Aires, desbarataron a otro grupo que traía marihuana desde Misiones. Por ese procedimiento, semanas después, detuvieron a los integrantes del Clan Reyna, que está acusado de comercializar esa sustancia en los barrios Juan XXIII y Manantial Sur.
La Digedrop, en cambio, en este primer semestre, tuvo unas 192 intervenciones, pero más del 90% fue por flagrancia, es decir, porque fueron descubiertos trasladando o vendiendo la droga en las calles. Los decomisos realizados por Gendarmería Nacional y la PSA también fueron por controles rutinarios. La unidad de la policía de la provincia que lucha contra el narcotráfico no realizó más de 20 allanamientos en estos casi 180 días de 2019.
Contradicción
La Justicia ordinaria, en cambio, ha mostrado tener mayor éxito en los operativos antidrogas, pero en este caso, se podría decir que fue por casualidad. El Ministerio Público Fiscal cambió de política de investigación. Al crearse las fiscalías especializadas, los titulares acumularon causas y realizaron pesquisas más profundas.
Los resultados de ese trabajo se plasmaron en los casi 10 megaoperativos que realizaron en distintos puntos de la ciudad. Sólo en uno de los procedimientos realizados por la Policía y el Equipo Científico de Investigación Fiscal (Ecif) desarticularon quioscos dedicados a la venta de cocaína y marihuana. En otras palabras, fueron a buscar botines de robos, armas y prófugos, pero terminaron encontrando drogas.
“Esta es una nueva estrategia para luchar contra algunas organizaciones que operan en los barrios de la provincia. Evidentemente el delito común está cada vez más ligado a las cuestiones de drogas. Atacamos lo que nos corresponde y declinamos la competencia a la Justicia Federal para que investigue las causas de venta de estupefacientes”, aseguró el ministro Fiscal Edmundo Jiménez.
La tarea de los fiscales suena al menos contradictoria, ya que el MPF interpuso una medida cautelar hace cuatro años para frenar la Ley que establecía que la justicia ordinaria se debería hacer cargo de las causas de narcomenudeo. “No tenemos los recursos humanos ni económicos para hacernos cargo de este problema”, sentenció una vez más Jiménez.
El secretario de Lucha contra el Narcotrafico Carlos Driollet, en una visita al programa “Buen día” de LG Play, volvió a insistir con la conveniencia de la desfederalización de la lucha contra el narcomenudeo. “Es nuestra mayor preocupación. Es cierto que se deben debatir algunos puntos, pero es indiscutible que algo se tiene que hacer. No podemos seguir esperando más tiempo porque se está perjudicando a barrios enteros”, concluyó el funcionario.
