La Organización de las Naciones Unidas (ONU) le recomendó a la Argentina que “asegure la plena independencia” del Poder Judicial. El pedido se produce después de la presentación que hizo la administración de Alberto Fernández en la que cuestionó a fiscales, jueces y a la oposición.
“Los Estados recomendaron que la Argentina asegure la plena independencia del Poder Judicial y de los fiscales, mejore las condiciones en las prisiones, garantice la legalidad en el uso de la fuerza e investigue su uso excesivo por parte de las fuerzas policiales”, señaló el tuit del Consejo.
Durante su exposición, realizada en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, sostuvo: “Un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático, que 40 años atrás recurrían a los golpes de Estado militares, hoy utilizan el derecho penal para condicionar procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública”.
“El único fin que impulsan esas prácticas es eliminar al adversario. Por eso siempre las víctimas resultan ser dirigentes sociales o políticos que se enfrentan a los poderes fácticos, sean políticos, económicos o mediáticos”, agregó, consignó el diario Clarín.
Luego, puso como ejemplo de persecución a Cristina Fernández de Kirchner, recientemente condenada por la causa “Vialidad”. “Es claro que bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos delictivos se han violado y se siguen violando garantías fundamentales del Estado de derecho. Porque estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, con la única finalidad de su proscripción política”, sostuvo.
“Mientras se garantiza la impunidad para personas vinculadas al poder económico, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal y la fuga de capitales que ha condicionado al país y generado pobreza e indigencia en la población”, añadió.
También mencionó la situación de Milagro Sala, a quien consideró que está detenida de manera “arbitraria”. “El Estado federal también debe responder internacionalmente por la detención arbitraria sufrida por la dirigente social e indígena Milagro Sala, amparada por una medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, manifestó.
